MADRID (Reuters) - La Audiencia Nacional puso el viernes en busca y captura internacional y europea al cesado presidente catalán Carles Puigdemont y cuatro exconsejeros de su Govern que ahora están en Bélgica, tras no comparecer a su citación en el tribunal que los investiga por delitos de rebelión y sedición tras la declaración de independencia en Cataluña del pasado 27 de octubre.
"Al intentar cambiar ilegalmente la organización del Estado mediante un proceso secesionista que ignora las propias normas que la Constitución establece para su reforma, el reclamado (Puigdemont) impidió la aplicación de las leyes españolas y desde luego la ley suprema que es la Constitución, impidiendo al tiempo las resoluciones judiciales", dijo el auto de la juez Carmen Lamela.
Al igual que otros nueve consejeros que la juez mandó a prisión provisional incondicional -salvo uno de ellos, con fianza-, los miembros del destituido Govern en Bélgica están investigados por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación.
Además, el auto publicado por la Audiencia Nacional añadió los presuntos delitos de desobediencia y prevaricación.
La juez rechazó la petición formulada por Puigdemont y otros exconsejeros de prestar declaración por videoconferencia desde Bélgica.
En un duro auto, la magistrada dijo que Puigdemont "planificó, organizó y financió con fondos públicos" la organización del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre al que se opuso el Gobierno español.
La magistrada considera que Puigdemont "lideró la movilización de los sectores independentistas de la población para actuar en apoyo del referéndum ilegal y con ello el proceso de secesión".