Por Isla Binnie y Ashifa Kassam
MADRID, 15 oct (Reuters) - Los independentistas catalanes volvieron a tomar las calles de las grandes ciudades de Cataluña, especialmente Barcelona, después de que el Tribunal Supremo anunciara penas de entre nueve y trece años de cárcel para nueve líderes separatistas catalanes por su papel en el fallido proceso soberanista en 2017.
El aeropuerto internacional de Barcelona se convirtió en el centro de las protestas. Mientras miles de personas se manifestaban en su entrada, la policía antidisturbios cargó contra la multitud en varias ocasiones usando porras y disparando bolas de espuma para impedir el riesgo de que se produjera una irrupción multitudinaria, según la policía. Al menos tres personas fueron detenidas en la región.
El grupo Tsunami Democratic, que había convocado la protesta, prometió una serie de acciones coordinadas.
"Descansamos para volver a las calles mañana. Y al día siguiente", dijo en un mensaje en Twitter, condenando el uso de la fuerza por parte de la policía contra lo que dijo que era una "movilización no violenta".
Medios de comunicación locales recogieron información de los servicios sanitarios diciendo que más de 50 personas necesitaron atención médica después de las cargas.
En el caos del aeropuerto se cancelaron más de 100 vuelos y otros se retrasaron, y numerosos turistas se vieron obligados a atravesar, cargados con sus equipajes, entre la multitud de manifestantes y policías.
En Girona, tradicional bastión independentista, los manifestantes quemaron neumáticos en las vías del tren, lo que provocó el cierre de la conexión de alta velocidad entre Barcelona y Francia. También hubo cortes en ferrocarriles regionales y carreteras en varios lugares de Cataluña.
Anteriormente, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, dijo que la sentencia significaba la derrota del movimiento independentista, cuya actividad ha causado la crisis política más grave de España desde la muerte del dictador Francisco Franco hace cuatro décadas. Una fuente del Gobierno dijo a Reuters que el escenario probablemente seguiría siendo de riesgo al menos hasta el fin de semana.
La fortaleza de las protestas podría ser la primera muestra de cómo se perfila el futuro de la lucha por la independencia, que hasta ahora ha sido en gran medida pacífica. El fallo no resolvió, por otra parte, la pregunta de cómo gestionar un deseo de independencia apoyado por casi la mitad de la población catalana.
"Hoy nos condenan a todos, no sólo a 12 personas. Esta sentencia es un ataque a la democracia y a los derechos de toda la ciudadanía. Encarcelan a la presidenta del Parlament, al vicepresidente y a los consejeros del gobierno y líderes sociales, pero también a las nuestras libertades", dijo en Twitter Roger Torrent, presidente del Parlament de Cataluña.
Por su parte, el exentrenador del FC Barcelona Pep Guardiola —ahora al frente del club inglés Manchester City—, muy popular en Cataluña, dijo en un vídeo que la "sentencia es un ataque directo a los derechos humanos" y pidió una "solución política y democrática".
El caso giraba en torno a un referéndum de independencia que se celebró en octubre de 2017 a pesar de haber sido declarado ilegal por los tribunales españoles, y la posterior declaración unilateral de independencia, que no llegó a tener efectos.
La pena más larga —de 13 años— fue para al exvicepresidente de la Generalitat de Catalunya, Oriol Junqueras. El tribunal lo condenó a él y a otros ocho líderes por el delito de sedición y a cuatro de ellos por malversación de fondos públicos.
Los otros tres acusados en el histórico fallo sobre un referéndum prohibido y una efímera declaración de independencia fueron hallados culpables solo del delito de desobediencia, por lo cual no fueron sentenciados a prisión.
Todos los acusados fueron absueltos del delito de rebelión, el más grave de los esgrimidos por la acusación.
"Lo sucedido el 1 de octubre no fue solo una manifestación o un acto masivo de protesta ciudadana. De haber sido el caso, no habría reacción penal. Fue un levantamiento tumultuario alentado por los acusados", dijo el tribunal con sede en Madrid en el veredicto, emitido por escrito y no en sesión pública.
La ministra portavoz Isabel Celaá dijo que el Gobierno confiaba en mejorar el entendimiento con Cataluña, llamando a un diálogo que refuerce la convivencia.
Una encuesta de opinión realizada en julio reveló que el 48,3% de los catalanes estaban en contra de la secesión y el 44% a favor.
"HORA DE LEVANTARSE"
Sin embargo, los principales líderes independentistas se apresuraron a criticar la decisión del tribunal y los condenados instaron a la gente a salir a las calles..
El expresidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, dijo que las penas de prisión eran una "barbaridad", y los Comités de Defensa de la República (CDR) dijeron en Twitter: "Es hora de levantarse contra el fascismo autoritario del Estado español y sus cómplices. Es hora de la Revolución Popular".
En Barcelona, los manifestantes bloquearon tres calles principales, mostrando carteles que pedían "Libertad para los presos políticos". Fuera de la sede de Omnium Cultural en Barcelona, una multitud gritaba "Lo haremos de nuevo", una de las consignas utilizadas por los independentistas partidarios de celebrar otro referéndum.
Tras anochecer, varios miles de personas seguían protestando frente a la policía y se repitieron las cargas de los agentes antidisturbios.
Es probable que la sentencia tenga también un peso importante en las elecciones generales que se celebran en España el 10 de noviembre, así como en la campaña previa.
Los líderes independentistas encarcelados dijeron a través de las redes sociales que continuarían su lucha.
"Nueve años en prisión no acabarán con mi optimismo. Catalunya será independiente si persistimos. Manifestémonos sin miedo, avanzamos decididos desde la noviolencia hacia la libertad", dijo Jordi Sánchez, que fue condenado a nueve años de cárcel. Sánchez era líder del movimiento popular de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC).
Por su parte, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, pidió una amnistía para los condenados, pero el presidente del Gobierno en funciones dijo que las condenas debían cumplirse, aunque también sugirió la posibilidad de diálogo.
En Cataluña muchos ya no lo ven posible.
"Teníamos esperanza en el diálogo, pero el Estado no está dispuesto al diálogo. La sentencia es muy injusta, es una gran vergüenza y muestra una democracia muy pobre", dijo Angels Uibal, funcionario.
(Información de Joan Faus en Barcelona y Emma Pinedo, Isla Binnie, Belen Carreno, Elena Rodriguez, Ashifa Kassam, Jose Elias Rodriguez, Nathan Allen en Madrid; Escrito por Joan Faus y Ingrid Melander; Editado por Kevin Liffey y Raissa Kasolowsky; Traducido por Tomás Cobos en la redacción de Madrid)