MADRID (Reuters) - La Fiscalía de Cataluña pidió el lunes a los Mossos d'Esquadra que identifique a los responsables de los centros electorales del referéndum de autoderminación en Cataluña del 1-O para tomarles declaración como testigos y advertirles en contra de colaborar en la consulta, paralizada por el Tribunal Constitucional.
"El Fiscal Superior de Cataluña ha dado instrucciones a los Mossos d'Esquadra para que procedan a la identificación de los responsables de los centros designados como colegios electorales a fin de tomarles declaración como testigos", dijo la Fiscalía en una instrucción para la policía regional catalana.
Las autoridades catalanas han insistido en los últimos días en que la votación se llevará a cabo pese al cerco policial y judicial a la logística de la consulta y a las advertencias en contra del Gobierno español.
En su escrito del lunes, la Fiscalía dijo que muchos de los locales seleccionados como centros son institutos de secundaria y otros centros de enseñanza, aunque no facilitó el listado con las ubicaciones.
La Fiscalía pide a los Mossos que los responsables de los centros respondan si han recibido comunicación de la administración regional solicitando su colaboración en el referéndum y les pide que entreguen cualquier material o documentación al respecto.
La policía, según la instrucción de la Fiscalía, deberá advertir a los responsables de que la entrega de las llaves del centro puede ser considerado "un acto de colaboración en los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos".
El ministerio fiscal añadió que los responsables deben poner en su conocimiento cualquier coacción para ceder el control del local por parte de cualquier autoridad, funcionario o particular.
Los centros de votación han sido uno de los temas más controvertidos, después de que la Generalitat pidiera a los 947 ayuntamientos catalanes que cedieran locales municipales para colocar urnas.
Más de 700 alcaldes dieron su visto bueno a la cesión de centros de votación, lo que llevó a que la Fiscalía iniciara una investigación contra los regidores por ir en contra de una decisión judicial.