MADRID (Reuters) - El Tribunal Supremo declaró el jueves "compleja" la causa que sigue contra los miembros del destituido Gobierno catalán que promovieron un referéndum de independencia en octubre pasado, lo que permitiría que la instrucción se prolongue hasta 18 meses.
El juez Pablo Llarena argumenta en un auto que entre los motivos para declarar compleja la causa figuran el gran número de investigados, la abundante documentación o la solicitud de diligencias de investigación de las actuaciones de los acusados durante el tiempo que desempeñaron funciones públicas.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla que la instrucción de un caso puede prolongarse durante un máximo de seis meses, lo que habría obligado al juez a abrir el procesamiento antes de finales de marzo. La declaración de complejidad de la causa amplía ahora ese plazo hasta los 18 meses, que no necesariamente habrían de agotarse.
La ampliación, solicitada por la fiscalía y todas las partes, tiene especial relevancia dado que varios de los investigados fueron elegidos diputados en las elecciones regionales de diciembre pasado, y un procesamiento inmediato hubiera conllevado una inhabilitación para cargo público.
Entre ellos figuran el exvicepresidente y líder de ERC Oriol Junqueras y Jordi Sànchez, número dos de la lista de JXC y a quien se apunta para sustituir a Carles Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat en los próximos días.
Sànchez, al igual que Junqueras en prisión preventiva, está acusado de sedición por promover la participación en manifestaciones previas al referéndum secesionista del 1 de octubre, al que siguió semanas después una declaración unilateral de independencia en el Parlament.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, abogó el jueves por que el aspirante a dirigir el futuro Ejecutivo catalán no tenga cuentas pendientes con la Justicia, petición que secundaron los grupos políticos constitucionalistas en el pleno celebrado el jueves en el Parlament.
En esa primera sesión plenaria de la legislatura, la mayoría independentista reconoció simbólicamente al destituido Puigdemont como presidente de la región pero, en un intento de desbloquear la legislatura, evitó ratificar la declaración unilateral de independencia que el expresidente -hoy exiliado para evitar a la Justicia- promovió en octubre.