Por Julien Toyer
MADRID (Reuters) - La toma de control de la administración catalana por el Gobierno español se pondrá a prueba el lunes, con la vuelta al trabajo de políticos y funcionarios, mientras planea la incertidumbre sobre si acatarán las medidas de intervención aplicadas al amparo del artículo 155 de la Constitución para frenar las ambiciones independentistas en la región.
El domingo cientos de miles de personas se manifestaron en Barcelona a favor de la unidad de España, en una de las mayores movilizaciones de los catalanes opuestos a la secesión registradas en la historia.
El viernes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció el cese fulminante del Ejecutivo de Cataluña y disolvió el Parlament para convocar elecciones autonómicas el 21 de diciembre, como parte de las primeras medidas para hacer frente a la declaración unilateral de independencia (DUI) en la región.
Como parte de la aplicación del 155, las carteras de las consejerías catalanas pasarán a los correspondientes ministerios españoles.
Sin embargo, el presidente cesado Carles Puigdemont y el también destituido vicepresidente Oriol Junqueras no se dieron por cesados en intervenciones durante el fin de semana, indicando que no aceptaban las decisiones de Madrid.
"No podemos reconocer el golpe de estado contra Cataluña, ni ninguna de las decisiones antidemocráticas que está adoptando el PP con control remoto desde Madrid", dijo Junqueras en un artículo en Punt Avui.
"El presidente del país es y seguirá siendo Carles Puigdemont y la presidenta del Parlamento es y seguirá siendo Carme Forcadell, al menos hasta el día que la ciudadanía decida lo contrario en unas elecciones libres", añadió.
Asamblea Nacional Catalana (ANC), la principal organización ciudadana a favor de la independencia, ha llamado a la desobediencia civil, repartiendo instrucciones detalladas a los 200.000 funcionarios que trabajan en la región sobre cómo actuar.
La mayoría debe acudir a su puesto de trabajo a las 09.00 horas, y si el absentismo o la desobediencia son elevadas se pondría en cuestión la estrategia de Rajoy para zanjar una crisis que ha generado una enorme fractura social y ha dañado el crecimiento económico.
También hay incertidumbre sobre si los altos cargos del Gobierno catalán cesados y los diputados regionales que la declararon la independencia el viernes acudirán a sus despachos y si los Mossos d'Esquadra les evitarán hacerlo.
El diario La Vanguardia dijo el domingo que tanto Carles Puigdemont como Oriol Junqueras y los hasta ayer 'consellers' han abandonado sus despachos, lo que facilita que las medidas puedan aplicarse sin problemas de orden público.
La eficiencia del 155 se ha facilitado, en cualquier caso, con la destitución de la cúpula de la policía autonómica, que estaba en el punto de mira por su pasividad en torno al referéndum independentista del 1 de octubre que el Gobierno y la justicia trataron de impedir.
El domingo el ministro de Interior hizo pública una carta en la que instaba a los Mossos d'Esquadra a acatar las órdenes de sus nuevos jefes y garantizaran la neutralidad del cuerpo.
"Estamos en un tiempo nuevo. Y en este nuevo escenario los Mossos d´Esquadra volverán a ser la policía de todos los catalanes. A ello os debéis y así lo habéis demostrado desde que asumisteis las competencias en seguridad ciudadana y orden público", dijo Juan Ignacio Zoido, que ha asumido las funciones que antes tenía el consejero catalán de Interior Joaquim Forn.
También pondrán a prueba la respuesta del Gobierno las decisiones que tomen las empresas en los próximos días, tras una fuga de casi 2.000 empresas de Cataluña a otras regiones de España para evitar problemas de inseguridad jurídica.
La decisión del Gobierno de hacerse con las riendas del gobierno catalán recibió el apoyo de influyentes 'lobbies' empresariales catalanes, que instaron a no irse de la comunidad autónoma.