MADRID (Reuters) - La juez que investiga desde hace tres años un caso de supuestas ayudas públicas fraudulentas en Andalucía ha enviado un escrito al Tribunal Supremo sobre varios aforados ligados al caso para que sea esta institución la que se ocupe del tema, según un correo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía difundido el martes.
El año pasado, la juez Mercedes Alaya emitió un auto que suponía un primer paso hacia la imputación en el llamado caso de los ERE de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros cinco ex altos cargos, aforados en el Parlamento nacional o autonómico.
Según la ley española, la juez no puede imputar directamente a los aforados, sino que debe elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo, la corte competente para hacerlo, de forma que la magistrada perdería parte de la instrucción del caso.
El fraude investigado en el caso ERE, uno de los más importantes de corrupción en España en los últimos años, se refiere a las subvenciones a las prejubilaciones en cerca de 70 empresas y el supuesto desvío de fondos creados para agilizar los ERE.
Este escándalo de corrupción fue uno de los factores que llevó a Griñán a dejar la presidencia de Andalucía, liderada por los socialistas desde hace más de tres décadas.
Alaya ha imputado a unas 200 personas, entre ellos una veintena de dirigentes y exdirigentes públicos de la Junta de Andalucía, así como la exministra socialista Magdalena Álvarez, por un fraude con subvenciones públicas que se habría producido desde el año 2000.