Por Diego Oré y Eyanir Chinea
CARACAS (Reuters) - La oposición de Venezuela convocó un plebiscito no oficial para dentro de poco menos de dos semanas para determinar si los ciudadanos quieren que se adelanten las elecciones presidenciales previstas para finales de 2018, en medio de una ola de protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
La consulta del 16 de julio, que no contaría con el aval del Consejo Nacional Electoral (CNE), preguntará también si el electorado respalda el plan del presidente de modificar la carta magna por medio de una Asamblea Constituyente, considerado por la oposición como un ardid para consolidar el poder del gobernante Partido Socialista (PSUV) y dilatar los comicios.
Pero el Gobierno dice que necesita modificar la Constitución para pacificar el país petrolero, que vive incesantes protestas, por momentos violentas y reprimidas por las fuerzas de seguridad, en medio de las cuales han muerto unas 85 personas.
"El país y el mundo deben entender que este es un proceso democrático de retomar la Constitución", dijo el presidente del Parlamento, Julio Borges, en un acto público realizado en un teatro de Caracas.
"Estamos preparados para iniciar las acciones que hay que iniciar para hacer valer la decisión del pueblo el 16 de julio. ¡Que sea el Pueblo quien decida!", agregó.
La oposición preguntará también en el plebiscito si los votantes apoyan a las Fuerzas Armadas para "restituir el orden constitucional" y si están de acuerdo con la renovación de los poderes públicos y la conformación de un "gobierno de unidad".
La consulta, que no tendrá carácter vinculante y que se celebrará dos semanas antes de la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por Maduro, quiere ser un termómetro para medir el apoyo al polémico órgano que regiría sobre el resto de los poderes públicos.
Maduro, que ha recibido peticiones de gran parte de la comunidad internacional para hallar una salida a la crisis política, dijo el lunes que la elección de los 545 miembros que se encargarán de modificar la carta magna sí se llevará a cabo.
"El pueblo tiene derecho a votar el 30 de julio y va a votar llueve, truene o relampaguee", dijo en un acto público televisado en la cadena nacional. "¡La Constituyente sí va!", añadió.
Tras las críticas realizadas a su proyecto, el propio Maduro dijo a principios de junio que someterá a referéndum la nueva Constitución, pero la oposición ha expresado públicamente sus dudas respecto a la realización de esa consulta. [nL1N1IY1N3]
LA FISCALÍA ACTÚA
Los aliados de Maduro han dicho que la Constituyente anulará la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, y destituirá a la Fiscal General, Luisa Ortega, que se desmarcó del Gobierno y se convirtió en una crítica clave.
Ortega denunció el lunes que responsbles de la Contraloría General trataron de irrumpir por la fuerza en las sedes de la Fiscalía en todo el país con el objetivo de escudriñar su labor.
"Las puertas del Ministerio Público están abiertas para hacer todas las auditorías (...) Pero esa violencia, ese querer entrar por la fuerza, no fortalece la paz", dijo en un discurso en la Asamblea Nacional. "La oscuridad no dura para siempre, ni logra extenderse en su totalidad", agregó.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió hace dos semanas un recurso, a solicitud de un diputado oficialista, que busca un juicio contra Ortega, que consideró la jugada como un atentado al Estado de derecho y una persecución a quienes, como ella, disienten frente a acciones del Gobierno. [nL1N1JH1NZ]
El lunes por la tarde, la Fiscalía informó de que la defensa de Ortega recusó a 17 magistrados de la Sala Plena del TSJ "por irregularidades en el proceso de solicitud de antejuicio de mérito contra ella", lo que retrasaría la audiencia en el caso fijada para el martes.
En otra acción, dirigida al entorno de Maduro, la Fiscalía aprobó solicitar información a Estados Unidos sobre dos sobrinos de la primera dama Cilia Flores, que fueron hallados culpables de intentar realizar una multimillonaria operación de narcotráfico. [nL2N1H125G]
Los adversarios de Maduro acumulan tres meses en las calles en protesta contra la Constituyente y contra lo que dicen es una "dictadura" que acabó con las elecciones, apresa a disidentes y viola los derechos humanos.
El mandatario de 54 años, que reemplazó en 2013 al fallecido Hugo Chávez, dice por su parte que las manifestaciones sólo quieren desbancarlo con el apoyo de Washington.