Por Diego Oré y Deisy Buitrago
CARACAS (Reuters) - La mayoría opositora en el Parlamento venezolano rechazó el martes el estado de excepción decretado por el presidente Nicolás Maduro, una decisión que podría elevar la tensión en el país en momentos en que se han agudizado la escasez de bienes y las largas filas para adquirirlos.
Maduro firmó el viernes un decreto de excepción y emergencia económica, que se extenderá todo este año y parte del 2017, con el argumento de que requiere poderes especiales para luchar contra la "guerra económica" de empresarios y políticos, a los que responsabiliza por la crisis venezolana. [nL2N18B00R]
La oposición, en tanto, sostiene que las filas para adquirir alimentos y medicinas y las fallas en los servicios públicos son el corolario de más de tres lustros de políticas que han arruinado la industria local y agravado la dependencia de los precios del crudo.
"Es un decreto hecho para meterle miedo a los venezolanos frente a la crisis que está sufriendo el país", afirmó el diputado Julio Borgues, líder de la bancada opositora, que negó su apoyo a las medidas excepcionales firmadas por el presidente.
"(A Maduro) lo único que le interesa es la perpetuación en el poder", afirmó Borgues.
El decreto requiere la aprobación de la Asamblea Nacional. Sin embargo, en enero, al ser rechazada por el Parlamento una ley similar, fue al Tribunal Supremo de Justicia que la declaró vigente. [nL2N15R08V]
Horas antes, Maduro dijo estar seguro que el Parlamento negaría el decreto, por lo que le auguró su pronta defunción. "La Asamblea Nacional perdió vigencia política", remarcó el mandatario. "Es cuestión de tiempo para que desaparezca".
Maduro sostuvo que las filas, los saqueos y los llamados a marchar de la oposición buscan sembrar el caos para desbancarlo.
"Estamos siendo víctimas de la agresión mediática, política y diplomática y de las amenazas más graves que ha vivido nuestro país en los últimos 10 años", dijo. "Esta campaña internacional revela planes para derrocar el gobierno bolivariano, para justificar una intervención extranjera de carácter militar".
CARTA BLANCA
Entre las prerrogativas que el Ejecutivo se adjudicó con el decreto, que circuló el martes, están el control del presupuesto, la posibilidad de intervenir empresas y bienes privados con el fin de garantizar el abastecimiento y la suspensión de sanciones contra altos funcionarios del Gobierno.
Maduro también podrá dar atribuciones "extraordinarias" a las autoridades para garantizar -incluso mediante la intervención de las fuerzas armadas- la distribución de productos de primera necesidad.
Los ingresos de Venezuela se hundieron en el último año por el colapso de los precios del petróleo -motor de su economía-, y el fenómeno de El Niño, provocando sequías que han afectado el nivel de embalses claves para la generación de electricidad.
En las últimas semanas se han agudizado las colas para conseguir bienes básicos subsidiados y han recrudecido los saqueos al interior del país. [nL2N18A1R9]
Maduro, de 53 años, dijo Venezuela no superará la crisis económica ni este año ni el próximo.
La semana pasada, miles de opositores salieron a las calles de Caracas y las principales ciudades del país para acompañar a la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en su reclamo ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), convencidos que el ente dilata el arranque del referéndum revocatorio. [nL2N1880YI]
La oposición marchará nuevamente el miércoles en busca de una respuesta del árbitro electoral ya que si el referéndum no se realiza este año, la Constitución establece que, en caso de que Maduro sea revocado, sería el vicepresidente quien concluiría el mandato sin celebrarse elecciones.
"El Gobierno no quiere revocatorio. Es obvio. Ellos quieren que todo siga igual, que el país se siga destruyendo", dijo el líder de la oposición, Henrique Capriles, quien también pidió rechazar el estado de excepción.
"Llamo al país a desconocer este decreto que coloca a Maduro por encima de la Constitución", agregó, argumentando que la medida no resolverá los problemas del país.
A inicios de mayo, la MUD presentó 1,85 millones de firmas para activar el revocatorio. Según el reglamento, el CNE tenía cinco días para revisar las firmas, pero una de las rectoras sugirió que el árbitro tiene hasta 30 días. [nL2N17Z17N]
"El impedimento del referéndum evocatorio (...) podría ser un motor importante de malestar social", dijo la firma Eurasia en una nota a clientes. "Las condiciones continuarán deteriorándose y es probable que el descontento social continúe aumentando en los próximos meses".