Por Sonya Dowsett
MADRID (Reuters) - La Guardia Civil ha registrado en los últimos días varias imprentas y sedes de periódicos en Cataluña buscando papeletas, urnas o panfletos para el referéndum independentista del 1 de octubre, al que Madrid se opone tajantemente.
Los registros forman parte de los esfuerzos del Gobierno central por evitar que se celebre la consulta, ante el temor de que un referéndum sobre la independencia pudiera desencadenar una crisis política incluso si España no reconoce el resultado.
El viernes, el Gobierno aprobó un mecanismo para intervenir las finanzas de la región para evitar el desvío de dinero público para financiar la consulta independentista y previamente la Fiscalía citó como investigados a más de 700 alcaldes catalanes para interrogarlos sobre su apoyo a la votación.
"Han perdido los papeles. Están persiguiendo alcaldes, la prensa, imprentas", dijo Albert Batet, alcalde de Valls y uno de los citados por los fiscales. "Están rozando los límites de la democracia".
El presidente catalán, Carles Puigdemont, que afronta cargos penales por organizar el referéndum, dice que tiene unas 6.000 urnas preparadas para la consulta del mes que viene, pero su ubicación es un secreto.
Toni Castejón, secretario general del sindicato de los Mossos de Escuadra, dijo que era como encontrar una aguja en un pajar.
"De momento no sabemos nada", dijo.
Un portavoz del gobierno catalán declinó decir dónde estaban las urnas o cómo iba a distribuirlas en los distintos centros electorales el 1 de octubre.
El viernes, la Guardia Civil confiscó 100.000 panfletos electorales en un registro en Cataluña, informó el Ministerio del Interior sin especificar donde. El tribunal Superior de Justicia de Cataluña advirtió el viernes a siete diarios, muchos de ellos digitales, que no publicasen anuncios del referéndum, dijo un portavoz judicial el sábado.
El sábado Interior dijo que se habían incautado las planchas utilizadas para confeccionar la propaganda institucional del referéndum.
Hace una semana, seis guardias civiles armados llamaron a la puerta de las oficinas del diario catalán El Vallenc in Valls, a 50 km al oeste de Barcelona, con una orden de registro, dijo su director, Francesc Fàbregas.
El registro duró cinco horas y medida.
"No dijeron qué estaban buscando" dijo Fàbregas a Reuters, agregando que no había impreso ninguna papeleta.
Una multitud se concentró en la puerta del edificio al conocer la operación policial, empezó a cantar el himno catalán y a ondear papeles mientras gritaban: "¿Dónde están las papeletas?"
"Cuando la gente vio que cortaron las calles, empezaron a venir con pancartas, la gente daba rosas a los guardias civiles, la calle era una fiesta," explicó Fàbregas.
MALESTAR EN LOS MERCADOS
Para algunos partidarios del movimiento independentista, la búsqueda de las urnas y las papeletas se ha convertido en un símbolo de lo que consideran represión estatal.
Las imágenes de los Mossos d'Esquadra incautando lo que para muchos es un símbolo de la democracia sería una provocación, dice la policía.
Los Mossos dependen del gobierno catalán y están muy bien considerados por los ciudadanos catalanes, sobre todo después de cómo gestionaron el atentado islamista del pasado agosto que se cobró 16 víctimas mortales.
Pero la fiscalía española ha ordenado a todas las fuerzas policiales, incluidos los Mossos, que actúen.
"Lo que nadie quiere es la imagen de los Mossos retirando las urnas. Sería una situación que crearía mucho enfado y algún problema, a lo mejor, de orden público", dijo Castejón.
Madrid tiene la capacidad de asumir el control sobre el gobierno regional o enviar a la Policía para obligar a Cataluña a detener la votación, pero cualquiera de esas dos medidas sacudiría el modelo de gobierno descentralizado español en 17 autonomías.
Aunque las encuestas muestran que menos de la mitad de los 5,5 millones de votantes catalanes quieren la independencia, la mayor parte de ellos desea tener la oportunidad de votar al respecto, causando un malestar que está empezando a sentirse en los mercados financieros.
El Ministerio de Hacienda dijo que la incertidumbre creada podría dañar la economía y hacer subir los costes de endeudamiento. Algunos inversores vendieron bonos del Tesoro español y se decantaron por deuda italiana esta semana.
Puigdemont y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, apelaron al diálogo en una carta al Gobierno español y al Rey para evitar una crisis.
Pero Puigdemont no ha mostrado ninguna señal de que vaya a ceder.
"¿Alguien piensa que no vamos a votar? ¿Por quién nos toman?", dijo a un público entusiasmado en el inicio de la campaña electoral el jueves en la plaza de toros de Tarragona.