Por Catarina Demony y Patricia Vicente Rua
LISBOA (Reuters) - La policía portuguesa registró el martes un centro de apoyo a los refugiados gestionado por el municipio de Setúbal, cerca de Lisboa, por las acusaciones de que trabajadores rusos favorables al Kremlin habían recopilado datos personales de decenas de ucranianos recién llegados que huían de la invasión rusa.
La policía dijo en un comunicado que había registrado el centro de apoyo, el edificio del municipio y la asociación Yedinstvo de inmigrantes de Europa del Este, de la que era miembro una pareja rusa. Se incautaron de documentos en una investigación por presuntos delitos de uso indebido de datos y acceso no autorizado.
El periódico Expresso informó el 29 de abril de que la pareja rusa, presuntamente vinculada a Moscú, Igor Khashin y su esposa Yulia, habían fotocopiado los documentos personales de los refugiados y los habían interrogado sobre el paradero de sus familiares en Ucrania, lo que asustó e inquietó a muchos refugiados.
Expresso dijo que el servicio de seguridad de Portugal había seguido de cerca las actividades de Khashin desde la anexión de Crimea en 2014.
La asociación y la pareja no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios de Reuters.
El municipio, gobernado por el Partido Comunista Portugués (PCP), dijo que el hombre "colaboraba" con el centro de refugiados de Setúbal, donde su esposa, también rusa, estaba empleada.
El PCP ha sido criticado por no condenar la invasión rusa de Ucrania.
La pareja tiene doble nacionalidad y el ayuntamiento dijo que Igor Khashin había colaborado con la alcaldía y otras instituciones del Gobierno local durante muchos años.
Los partidos de la oposición han pedido la dimisión del alcalde de Setúbal, André Martins, que dicen que estaba al tanto de los vínculos entre los Khashin, la asociación a la que pertenecen y el Estado ruso.
La oficina de Martins dijo que nunca había sido informada "por ninguna entidad oficial de actos o conductas sospechosas" llevadas a cabo por la asociación, que trabaja con el municipio desde 2005.
En su intervención en el Parlamento, la ministra de Asuntos Parlamentarios, Ana Catarina Mendes, dijo que el caso "debe ser investigado hasta el final", y que el Gobierno "no permitirá que los que vienen aquí (...) no sean tratados con dignidad y respeto".
Portugal ha acogido a casi 36.000 refugiados ucranianos desde la invasión rusa del 24 de febrero.
No es la primera vez que Portugal es objeto de críticas por el tratamiento de datos sensibles. A principios de este año, la alcaldía de Lisboa fue multada con 1,2 millones de euros por compartir datos personales de manifestantes rusos con la embajada del país.
(Reporte de Catarina Demony y Patrícia Rua; edición de Andrei Khalip, traducido por José Muñoz en la redacción de Gdańsk)