MADRID (Reuters) - La policía ha detenido a 39 personas, entre ellos cargos públicos y empresarios, durante una macrooperación que abarcó decenas de ayuntamientos, sedes de empresa y domicilios particulares en toda España por supuestos amaños en las contrataciones de sistemas de radares, semáforos y bases de datos de tráfico.
Los detenidos pasarán a disposición judicial en los próximos días, dijo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en una nota de prensa, que no reveló la identidad de los detenidos ni sus cargos.
Un juzgado de Badalona que instruye el caso ordenó la operación que investiga los supuestos delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental, entre otros.
Cerca de 600 policías participaban en el dispositivo del jueves, que abarcaba registros en 22 ayuntamientos de diferentes comunidades autónomas españolas, mientras se investigan contratos ajudicados a Aplicaciones Gespol SL, una empresa integrada en Valoriza Servicios Medioambientales, del grupo Sacyr (MC:SCYR).
"Sacyr ya ha abierto una investigación interna para verificar que no ha habido actuaciones irregulares, en cuyo caso tomaría las medidas oportunas. Sacyr también como siempre colaborará con la Justicia en todo lo que sea necesario para aclarar el caso", dijo la empresa.
Entre los registros en ayuntamientos, gobernados por diferentes partidos políticos, estaban los de las localidades madrileñas de Alcobendas, Arroyomolinos, Majadahonda, Torrelodones, Fuenlabrada, Villanueva de la Cañada, Parla y Pinto.
La fiscalía también ordenó registros en las capitales provinciales aragonesas de Huesca y Teruel, así como en León y Palencia en Castilla y León, y en la capital asturiana, Oviedo, y en Lérida, en Cataluña, entre otras.
La operación se saldó con 92 registros entre municipios, sedes empresariales y domicilios particulares, e incluyó 19 requerimientos de documentación a otras dos decenas de municipios, principalmente en las regiones de Madrid y Cataluña.
El juzgado ha declarado el secreto de la causa.