Por Philip Blenkinsop
BRUSELAS, 9 feb (Reuters) - Los países de la Unión Europea aplazaron el viernes la decisión sobre una propuesta de ley que obligaría a las grandes empresas a comprobar si sus cadenas de suministro utilizan mano de obra forzada o causan daños medioambientales, después de que Alemania indicó que se abstendría.
Se necesita una "mayoría cualificada" de 15 países de la UE que representen el 65% de la población de la UE para que la Directiva sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial (DSDS) pase a la votación final en el Parlamento Europeo, donde se espera que los legisladores la apoyen.
El viernes no estaba claro si un número suficiente de enviados de los 27 países de la UE respaldaban la ley, y Alemania se abstendría. Un diplomático de la UE dijo que la postura alemana podría haber hecho recapacitar a otros países.
Alemania, antaño motor de la integración europea junto con Francia, se está convirtiendo cada vez más en el freno, con una coalición dividida.
Los Demócratas Libres, proempresariales, se opusieron a la ley de la cadena de suministro alegando que supondría una carga burocrática excesiva para las empresas. También presentaron objeciones tardías a una ley de la UE para poner fin a las ventas de coches que emiten CO2 en 2035 y sobre los planes de la UE para reducir las emisiones de los camiones.
Sus socios de coalición, los socialdemócratas y los verdes, respaldaron la ley y advirtieron de que Alemania perdería credibilidad en la UE con su oposición de última hora.
La presidencia belga de la UE dijo que el tema se había retirado de la agenda de la reunión del viernes de los enviados de los 27 países del bloque y que se reprogramaría para una fecha por anunciar.
Según el diplomático de la UE, está previsto que sea el próximo miércoles.
Según la Directiva, que entrará en vigor en 2027, las grandes empresas de la UE tendrán que identificar y tomar medidas de corrección si descubren que sus cadenas de suministro emplean mano de obra forzada o infantil o dañan el medio ambiente, como la deforestación.
Las normas se aplicarán a las empresas de la UE que tengan más de 500 empleados y un volumen de negocios neto mundial superior a 150 millones de euros (161,5 millones de dólares) y a las empresas no comunitarias cuyo volumen de negocios en la UE supere esa cantidad, aunque con un desfase de tres años.
Las multas por incumplimiento de las normas podrían alcanzar el 5% de la facturación mundial de una empresa.
La ley ha levantado ampollas en otros países, como Estados Unidos, porque afecta a unas 4.000 empresas que operan en la UE pero tienen su sede en otro país.
(Reporte de Philip Blenkinsop, Charlotte Van Campenhout; reporte adicional de Huw Jones en Londres y Maria Martinez en Berlín; Editado en Español por Ricardo Figueroa)