Por Francesco Guarascio
BRUSELAS (Reuters) - La Comisión Europea está preparando nuevas normas que facilitarían a los Gobiernos de la UE la confiscación de activos de oligarcas y otros individuos ricos afectados por sanciones debido a sus vínculos con el Kremlin, según representantes y documentos.
La propuesta legislativa, que se dará a conocer el 25 de mayo según la agenda provisional de la Comisión Europea, crearía un marco legal común para castigar a las personas que evadan o violen las sanciones de la UE.
"Estamos trabajando en una herramienta europea para hacer posibles las confiscaciones en todos los Estados de la UE" contra las personas sancionadas, dijo el miércoles en una conferencia de prensa el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, quien añadió que el objetivo final era redistribuir los ingresos de estas confiscaciones a Ucrania.
La medida forma parte de la estrategia de la UE para paralizar la economía rusa y castigar a las élites cercanas al Kremlin tras la invasión de Ucrania. Las nuevas normas se aplicarían también a las personas sancionadas por la UE en el pasado por otras crisis, como Siria, Corea del Norte o Irán.
Reynders dijo que la nueva herramienta legal convertiría el incumplimiento o el intento de eludir las sanciones en un delito penal en toda la UE. Así, por ejemplo, se podría atacar a las personas que intentan transferir sus activos a los miembros de su familia en un intento de protegerlos de las sanciones, dijo.
En la actualidad es difícil embargar o incluso congelar los activos de muchos oligarcas porque están registrados como pertenecientes a familiares o testaferros.
La UE ha acordado la congelación de activos de cientos de empresarios y altos cargos rusos desde el inicio de la guerra de Ucrania, pero su aplicación se enfrenta a limitaciones legales y dificultades para identificar a los verdaderos propietarios de los activos, como bienes inmuebles, yates o cuentas bancarias..
Actualmente, las sanciones de la UE sólo permiten congelar los activos de las personas y empresas incluidas en la lista negra. En algunos países de la UE esto sigue permitiendo a los propietarios seguir utilizando sus activos.
La propuesta, que aún se está preparando y podría darse a conocer más tarde de lo previsto, sería el primer paso de un largo proceso cuyo resultado no está claro, ya que necesita el respaldo de todos los Gobiernos de la UE, tradicionalmente cautelosos con las reformas de la justicia que necesitarían cambios en sus sistemas jurídicos.
(Reporte de Francesco Guarascio @fraguarascio, Edición de William Maclean, traducido por José Muñoz en la redacción de Gdansk)