Por Tomás Cobos
MADRID (Reuters) - La decisión del presidente del Gobierno español de convocar antes de lo esperado unas elecciones regionales en Cataluña podría suponer, más allá de la anunciada intención "devolver la legalidad" a la comunidad autónoma, un intento de resquebrajar la frágil unidad de los partidos políticos independentistas.
Con el fin de frenar los planes independentistas en la región, Mariano Rajoy anunció el viernes la disolución del Parlament y la convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre, tras el periodo de 54 días que establece la normativa electoral española.
La llamada a las urnas era una de las medidas contempladas dentro de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, pero PSOE y Ciudadanos, los dos partidos de la oposición con los que el PP pactó la intervención en Cataluña, habían apuntado a unos comicios en enero.
Al agendar los comicios para el 21-D, Rajoy reduce a un mínimo de dos meses escasos la compleja toma de control de competencias del Govern por Madrid, en un momento de alta movilización del independentismo en la calle y llamamientos a la desobediencia de las órdenes que lleguen del Estado.
La apertura de las urnas deja además en una difícil disyuntiva a los partidos independentistas con cuya mayoría se aprobó el viernes en el 'Parlament' la declaración unilateral de independencia (DUI), poco antes de que el Senado diera luz verde al 155.
Los tres grupos separatistas, cuya unión coyuntural daba mayoría parlamentaria al secesionismo, tendrán que elegir ahora entre presentarse a un proceso electoral organizado por un Estado cuya autoridad rechazan y por lo tanto asumir que la DUI tiene más de simbólica que de real; o dejar el Parlament y el gobierno regional en manos de los partidos a favor de la pertenencia a España, además de renunciar a la financiación que otorga la política institucional.
La disolución del Parlament tiene además un efecto colateral por la pérdida de aforamiento de sus diputados, lo que abre la puerta a actuaciones de la justicia.
GRIETAS CRECIENTES
Las grietas en el bloque independentista - una alianza forjada por la convergencia de ambiciones secesionistas pero atravesada por grandes divergencias ideológicas y estratégicas - ya se habían evidenciado esta semana, cuando se llegó a barajar la posibilidad de no aplicar la DUI y convocar las autonómicas a cambio de que el Gobierno no activara el 155.
Esta opción hizo que algunas voces del ala dura separatista acusaran de "traidores" al 'president' Carles Puigdemont y a su formación conservadora PdeCat, que gobernaban Cataluña a través de Junts pel Sí (JxSí), la alianza electoral con el partido de izquierdas ERC.
La renuncia a las urnas sería, en teoría, más fácilmente asumible en la tercera formación independentista, el grupo anticapitalista CUP, una formación con poco arraigo en la política parlamentaria y con grandes reticencias entre sus miembros a la participación en las instituciones estatales.
No obstante, el domingo una representante de la CUP dijo que, pese a rechazar de pleno las medidas del 155, no descartaban presentarse a las elecciones.
Más complejo aún es el panorama para el Partido Demócrata Europeo Catalán (PdeCat) y ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), dos formaciones con representación parlamentaria regional desde 1980 y con una estructura de numerosos miembros en nómina.
En el caso del PdeCat, las elecciones pueden incluso traer una escisión, entre los moderados que recelaban de la DUI y los que optan por no mirar atrás en la hoja de ruta independentista.
Ni PdeCat ni ERC se han manifestado con claridad hasta el momento respecto a la convocatoria electoral.
En un texto publicado en un medio catalán, Oriol Junqueras, líder de ERC y exvicepresidente catalán, no aclaró su postura respecto al 21-D, pero reconoció que tendrán que tomar decisiones que "no siempre serán fáciles de entender", además de insinuar que formarían una alianza con la rama catalana de Podemos en lugar del PdeCat.
Por su parte, Puigdemont realizó el sábado una comparecencia en la que no despejó la incógnita electoral, limitándose a realizar un llamamiento a los catalanes para llevar a cabo una "oposición democrática" a las medidas de Madrid.
Con o sin Puigdemont, ante el complejo panorama electoral para sus partidos, el voto independentista corre el riesgo de dividirse en la cita del 21 de diciembre y hacer que se tambaleen las bases del movimiento.
Tras los comicios de septiembre de 2015, con un censo de 5,5 millones, los secesionistas consideraron que tenían un mandato para romper con España con un 47 por ciento de los votos. Los separatistas contaban con mayoría absoluta en el Parlament al sumar los 62 escaños de Junts pel Sí a los 10 de la CUP, en una cámara de 135 diputados.
Por su parte, Ciudadanos obtuvo 25, el PSC 16 y el PP 11.
Según una publicada el domingo, los partidos independentistas no lograrían una mayoría absoluta en las autonómicas, aunque el sondeo se realizó antes de la DUI y del 155, y sin que aún se hayan despejado las incógnitas sobre las candidaturas y las posibles alianzas que se forjen.
"VOTAREM"
Por contra, las formaciones que estaban en la oposición en Cataluña y son partidarias de que la región se mantenga en España -Ciudadanos, PP y PSC- aplaudieron la decisión de Rajoy.
El líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, consideró la convocatoria "un rayo de luz", mientras el jefe del PP catalán Xavier García Albiol celebró que se haya decidido "dar voz a los catalanes y destituir al gobierno golpista".
"Votarem", dijo en Twitter Toni Roldán, de Ciudadanos, en referencia al eslogan utilizado por los independentistas para el referéndum del 1 de octubre que había invalidado la justicia a instancias del Gobierno español.
Por su parte, Catalunya Sí que es Pot (CSQP), la rama catalana del grupo antiausteridad Podemos, que obtuvo 10 diputados en 2015, no ha decidido aún si acudirá a las elecciones ni si lo hará en solitario o junto con ERC.
"Lo tendrán que decidir los órganos de Catalunya en Comú. Pero nuestra cultura es no abandonar nunca ninguna trinchera", dijo a El Diario su dirigente Joan Coscubiela, que añadió que una declaración de independencia requeriría unos consensos "mucho más amplios" que los que respaldaron la DUI del viernes.
CSQP, que aboga por un referéndum pactado para solucionar el conflicto, ha conjugado el rechazo al unilateralismo independentista con críticas a la línea dura del Gobierno español.