Por Zeba Siddiqui y Ruma Paul
El principal partido de la oposición de Bangladés, desorganizado desde que su líder Khaleda Zia fuera encarcelada en febrero, recibió un inesperado impulso este mes de cara a las elecciones de diciembre con las multitudinarias manifestaciones de estudiantes que han sacudido el país.
Lo que comenzó como una manifestación de rabia por las carencias de un sector del transporte poco regulado después de que un autobús matara a dos estudiantes en Daka, se convirtió rápidamente en la protesta antigubernamental más amplia en la nación del sur de Asia en años.
Las movilizaciones han proporcionado un foco de descontento con la primera ministra Sheikh Hasina, que según sus críticos muestra tendencias cada vez más autoritarias.
"El gobierno está tratando de controlar todo", dijo Rabiul Alam, de 28 años, que trabaja en una sala de exposición de cortinas en Daka. "No hay espacio, ni libertad, ni democracia. Ni siquiera se puede criticar al gobierno en Facebook".
Alam, que es votante en su ciudad natal de Barishal, en el sur de Bangladés, dijo que este año votaría por primera vez: a favor del Partido Nacionalista de Bangladés (BNP (PA:BNPP)) de Khaleda. Los analistas dicen que este tipo de opiniones está aumentando en el país.
Las protestas, durante las cuales los estudiantes dirigieron el tráfico durante días en las calles de Daka, exigiendo que se revisen las licencias de conducir y el estado de los vehículos, han puesto a Hasina y su gobernante Liga Awami a la defensiva en el período previo a unas elecciones para las que hasta ahora es favorita.
El BNP dice que no participó en el inicio de las protestas, pero que está buscando aprovechar la oportunidad que se les ha ofrecido con mítines en todo el país con el objetivo de presionar al gobierno para que libere a su líder.
"La protesta fue espontánea y apolítica", dijo el secretario general del BNP, Mirza Fakhrul Islam Alamgir. "Los estudiantes nos han mostrado que hace falta arreglar el Estado".
El gobierno ha culpado al BNP por incitar a los estudiantes.
Para sofocar las protestas, Hasina anunció una indemnización a las familias de las víctimas y el gobierno acordó elevar el máximo de tiempo de cárcel por conducción temeraria de tres a cinco años.
Sin embargo, la vigilancia policial en las manifestaciones y una ola de arrestos dieron fuerza a las acusaciones de que la libertad de expresión tiene cada vez menos espacio. El gobierno dijo que estas acciones eran necesarias para restablecer el orden.
(Información de Zeba Siddiqui y Ruma Paul; traducido por Tomás Cobos en la redacción de Madrid)