PARIS (Reuters) - Los líderes políticos occidentales que alientan la hostilidad hacia los medios están jugando con fuego y suponen una creciente amenaza para la democracia, advirtió Reporteros Sin Fronteras (RSF) el miércoles en su índice anual de libertad de prensa.
La creciente hostilidad hacia los periodistas ya no se limita a los países autoritarios como Turquía y Egipto, dijo el grupo con sede en París, que menciona a EEUU bajo la presidencia de Donald Trump, una nación que ha caído dos puestos hasta el número 45 este año.
"El odio desatado hacia los periodistas es una de las peores amenazas para las democracias", dijo el secretario general de RSF Christophe Deloire en un comunicado.
"Los líderes políticos que alimentan la aversión hacia los periodistas tienen gran responsabilidad porque socavan el concepto del debate público basado en los hechos en lugar de en la propaganda. Poner en duda la legitimidad del periodismo hoy en día es jugar con un fuego político extremadamente peligroso".
Los ataques de Trump a los medios como respuesta a las historias críticas sobre su persona han sido una constante en su cuenta de Twitter. En febrero de 2017 tuiteó que "los medios de noticias falsas" eran "el enemigo del pueblo americano".
Pero también en Europa ha aumentado la violencia verbal de los políticos contra los medios, dijo RSF.
La asociación mencionó a la República Checa -que cayó 11 puestos hasta el número 34-, donde el presidente Milos Zeman apareció en una rueda de prensa con un Kalashnikov falso con la inscripción "para los periodistas". En Eslovaquia, que cayó 10 puestos hasta la posición número 27, el primer ministro llamó a los periodistas "sucias prostitutas antieslovacas".
Las críticas hacia los medios por parte de los políticos y los personajes públicos también fueron especialmente virulentas durante la campaña de las elecciones presidenciales francesas en 2017, dijo.
A pesar de que Reino Unido se mantuvo en su posición actual en el puesto número 40 este año, RSF advirtió sobre la falta de protección para los denunciantes, los periodistas y sus fuentes bajo el Investigatory Powers Act (Decreto de Poderes de Investigación), al que se refirió como "la legislación de vigilancia más extrema en la historia de Reino Unido".