BOGOTÁ (Reuters) - Los combates entre guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la banda criminal de Los Pelusos por el control de una región estratégica para el narcotráfico en el noreste de Colombia provocaron el desplazamiento de 850 personas, incluidos 400 niños, informó el martes un cargo local.
Los campesinos huyeron desde zonas rurales hasta el municipio de Hacarí, en el departamento de Norte de Santander (MC:SAN), que limita con Venezuela, en una nueva señal de que la violencia sigue pese al acuerdo de paz firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para acabar con un conflicto de más de medio siglo que ha dejado cerca de 260.000 muertos.
"Salieron el viernes huyendo de los feroces combates entre esos dos grupos. No encontraron otra manera de salvar sus vidas sino desplazándose hasta la cabecera municipal", dijo a Caracol Radio el alcalde de Hacarí, Milcíades Pinzón.
"Tengo un registro de 850 personas, hay 400 niños, ancianos, mujeres embarazas, ubicadas aquí en el casco urbano del municipio de Hacarí", agregó al recordar que los combates entre los dos grupos comenzaron en marzo y se intensificaron en la última semana provocando el desplazamiento.
La zona donde combaten los grupos armados ilegales es estratégica para el cultivo de hoja de coca -la materia prima de la cocaína- y el narcotráfico, según fuentes de seguridad.
La desmovilizada guerrilla de las FARC abandonó la lucha armada con base en un acuerdo de paz firmado en 2016 que permitió que más 12.000 de sus integrantes, incluidos 6.000 combatientes, se reincorporaran en la sociedad.
Pero los territorios que desalojaron las FARC comenzaron a ser ocupados por bandas criminales, por disidentes que no aceptaron los términos del acuerdo de paz y por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo que ha provocado combates y desplazamientos. En el primer semestre de 2018, se desplazaron a diario una media de 98 personas.
Actualmente, en varias zonas selváticas y montañosas esos grupos ilegales armados se enfrentan por el control territorial de regiones estratégicas para el narcotráfico y la minería ilegal, que constituyen sus principales fuentes de financiación, pese a los esfuerzos del gobierno que ha enviado tropas para impedirlo.
(Información de Luis Jaime Acosta; Editado por Silene Ramírez)