Por Brad Brooks
SAO PAULO (Reuters) - Una decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Brasil podría liberar al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva en cuestión de días y asestar el mayor golpe a la batalla del país sudamericano contra la corrupción, dijeron fiscales y jueces.
Varios jueces del TSJ ya han dejado claro que quieren revocar una decisión de 2016 que permitió encarcelar a acusados una vez que sus condenas fueron confirmadas tras una primera apelación, la única razón por la que Lula y varios políticos y hombres de negocios están actualmente entre rejas.
Los críticos consideran que la decisión niega a los acusados el derecho constitucional de agotar todas las instancias del proceso de apelaciones antes de ser encarcelados. El juez del Tribunal Superior Marco Aurelio Mello decidirá esta semana si eleva al pleno del TSJ una moción contra el fallo de 2016.
Sin embargo, referentes de la lucha anticorrupción en Brasil, incluido el juez Sergio Moro que ordenó el arresto de Lula días atrás, dijeron a Reuters que cambiar la decisión dañaría seriamente su cruzada contra la corrupción.
Revertir la decisión implicaría no sólo la libertad de Lula, quien lidera los sondeos de intención de voto para las elecciones presidenciales de octubre, sino de muchos otros políticos y empresarios condenados por corrupción.
Otras figuras políticas, como el propio presidente Michel Temer, que se enfrentan juicios por sobornos o están siendo investigados, también se beneficiarían del cambio si finalmente son hallados culpables.
La decisión del tribunal superior de hace dos años "expresaba la idea de que la impunidad y la corrupción van de la mano", dijo Moro vía correo electrónico. "Tengo la enorme esperanza de que la Corte Suprema no revierta su precedente", añadió.
Antes del dictamen de 2016, los delincuentes de guante blanco con suficiente fortuna para pagar abogados podían presentar un sinfín de apelaciones y mantenerse en libertad hasta que sus casos agotaban el extenso y complejo sistema legal brasileño.
"LAVADO DE COCHES"
Moro ha encabezado la investigación por corrupción "Lavado de coches", condenando a más de 120 personas, entre ellos Lula. La pesquisa de cuatro años se centra en constructoras que pagaron miles de millones de dólares en sobornos a políticos y exdirectivos de compañías bajo control estatal a cambio de contratos con Petrobras (NYSE:PBR) y otras firmas.
Lula, de 72 años, fue sentenciado a 10 años de cárcel el año pasado después de ser hallado culpable de aceptar 3,7 millones de reales (1,1 millón de dólares) en sobornos de la compañía de ingeniería OAS SA, cifra que según los fiscales la empresa gastó en remodelar un apartamento en la playa para Lula a cambio de su ayuda para ganar contratos con Petrobras. Lula asegura que el apartamento no es suyo y que es inocente.
En enero, una corte rechazó la apelación y amplió la sentencia a poco más de 12 años. Lula, icono de la izquierda latinoamericana, finalmente se entregó a la policía el 7 de abril, después de que el TSJ le negase su última petición para evitar la prisión.
"Es imposible leer la Constitución de Brasil, con sus elevados estándares de libertad, equidad y democracia, en el sentido de que apunte a garantizar la impunidad para los poderosos aún cuando sus delitos estén probados", dijo Moro. "Después de todo, somos una república, no una sociedad de castas", agregó.
El juez Gilmar Mendes, que en 2016 inclinó la balanza de una ajustada decisión 6-5, ahora dice que ha cambiado su opinión. Ahora cualquier decisión dependerá de la jueza Rosa Weber, considerada la única vacilante. Hace dos años Weber votó a favor de permitir que los defendidos esperen en libertad hasta agotar todas las instancias posibles. En fallos recientes ha indicado que su postura podría haber cambiado.