Por Jose Elías Rodríguez
MADRID (Reuters) - El ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, acusado de rebelión en un juicio que se celebra en Madrid, dijo el jueves que se consideraba un preso político e insistió en que Cataluña tenía el derecho de autodeterminación.
Junqueras es el más prominente de los 12 líderes catalanes a juicio en el Tribunal Supremo por su papel en el fracasado intento de secesión de 2017, en un caso paradigmático que refleja las profundas divisiones políticas en España por un caso que desencadenó la mayor crisis política del país en décadas.
"Estoy convencido de que se me acusa por mis ideas y no por mis hechos", dijo al tribunal.
"Fui cesado como vicepresidente de la Generalitat y fui cesado por la aplicación del (artículo de la Constitución) 155 y por ello me considero un preso político", dijo, en referencia a la decisión del Gobierno español de asumir el control de las instituciones catalanas tras la declaración de independencia en octubre de 2017.
Esa declaración llegó después de un referéndum sobre la independencia, considerado ilegal por parte de los tribunales y al que el entonces Ejecutivo conservador respondió enviando policías a la región.
El uso de la fuerza policial para tratar de evitar la votación generó una oleada de críticas.
Preguntado por su abogado sobre aquel día, Junqueras dijo: "Votar en un referéndum no es delito, en cambio, impedirlo por la fuerza, sí".
Junqueras rechazó cualquier sugerencia de que hubiera incitado a la violencia durante la votación, un componente necesario para la acusación de rebelión a la que se enfrenta y que conlleva una pena de hasta 25 años de prisión.
Pese a estar en prisión preventiva desde noviembre de 2017, Junqueras sigue siendo el presidente del partido independentista de izquierda ERC, que gobierna en Cataluña junto al conservador PDeCAT.
En una declaración que pasó de un tono calmado a otro más apasionado, Junqueras llegó a disculparse por sus respuestas, a menudo, inconexas.
"Si en algún momento pongo un poco de pasión en mis intervenciones es porque llevo un año y medio sin poder hablar", dijo. Rechazó responder a preguntas de la acusación.
Los acusados y sus partidarios dicen que son presos políticos, pero el Gobierno dice que son tratados estrictamente bajo el imperio de la ley.
Nueve de los 12 están en prisión mientras otros tres, que afrontan cargos menores con una pena máxima de hasta siete años de cárcel, están en libertad bajo fianza.
(Información de José Elías Rodríguez; Editado por Paul Day y John Stonestreet. Traducido por Rodrigo de Miguel en la Redacción de Madrid)