MADRID (Reuters) - Dieciocho personas han sido detenidas el jueves en toda Cataluña dentro de una operación relacionada con la presunta financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), informaron la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
Se trata de una segunda fase del conocido como "caso del 3 por ciento", unas pesquisas sobre presuntas donaciones que el partido nacionalista habría recibido de empresarios a cambio de contratos de obra pública, dijo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al comunicar los registros en 12 poblaciones catalanas ordenadas por el juzgado de instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona).
Varios medios informaron de que la operación, en la que se habría detenido a algunos altos cargos del partido, se centraba en tres empresas de infraestructuras del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya.
La Fiscalía confirmó las detenciones pero no identificó a los detenidos ni detalló los lugares registrados citando el secreto parcial del sumario. Sí reveló que existían indicios de delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.
La investigación, que tiene su origen en una denuncia de concejales del municipio de Torredembarra, concluye que el entonces tesorero de CDC y de la fundación CatDem (vinculada al partido), Andreu Viloca, detenido en la primera fase de la operación en 2015, "llevaba un control exhaustivo de todas las licitaciones y adjudicaciones de obra pública y de concursos ofrecidos por distintas Administraciones bajo la esfera de poder de CDC", según dijo un comunicado de la Fiscalía.
"Además, Viloca es quien controlaba de forma sistemática los pagos que serían, de confirmarse, sobornos bajo la apariencia de donaciones, a través de sus fundaciones vinculadas: 'CatDem' y 'Forum Barcelona'", agregó.
Convergència, que ha visto cómo en los últimos años varios de sus altos cargos han sido acusados en un caso que se inició en 2013, ha defendido la legalidad de las adjudicaciones de obra pública en Cataluña y niega que haya habido financiación ilegal del partido.
A mediados del año pasado, el partido celebró un congreso fundacional en el que decidió cambiar de nombre con el objetivo de intentar dejar atrás las polémicas generadas por varios casos de corrupción que le habían salpicado, pasándose a llamar Partit Demòcrata Català.