CARACAS, 2 may (Reuters) - Una diputada opositora y grupos de derechos humanos de Venezuela pidieron el sábado investigar la muerte de 46 reclusos en una cárcel del centroeste del país, y rechazaron la versión de las autoridades de que hubo un intento de fuga.
La ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, fue citada el sábado por YVKE Mundial, una emisora oficial, indicando que en el incidente murieron 17 detenidos y que el director de la cárcel resultó herido el viernes "con un objeto punzo penetrante cuando intentaba dialogar con los reclusos, para que retornarán a la calma".
Varela agregó que "los responsables, pese a que se encuentran en situación de privados de libertad, serán juzgados conforme a la ley", según la página web de la emisora.
Ni el Ministerio de Información ni la Fiscalía respondieron solicitudes de comentarios.
La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó el sábado su preocupación por los hechos ocurridos en la prisión "en los que 46 detenidos habrían resultado muertos y 75 heridos, incl. autoridades del centro".
"Llamamos al Gobierno a investigar, resolver el hacinamiento y garantizar derechos básicos", agregó en su cuenta oficial de Twitter.
En tanto, Beatriz Girón, presidenta del no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones, dijo que "es como difícil creer que a la 1 de la tarde, a plena luz del día se vayan a escapar los presos por la puerta principal".
Agregó que aparte de la versión oficial de la fuga, hay al menos otras dos hipótesis sobre lo ocurrido en el Centro Penitenciario de Los Llanos, en el estado Portuguesa, construido para albergar unos 750 detenidos, pero donde hay al menos 2.500, según la activista.
El incidente pudo comenzar cuando algunos reclusos protestaban exigiendo el ingreso de la comida que les llevan familiares, denunciando que algunos guardias se quedan con los alimentos, indicó Girón y también la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad, que trabaja en la defensa y promoción de los derechos humanos de los encarcelados.
También mencionan como posible causa que un "pran", o jefe entre los reclusos, ordenó un motín por la muerte a fines de abril, fuera de la prisión, de uno de sus colaboradores, agregaron.
La diputada opositora María Beatriz Martínez, de Portuguesa, y Girón dijeron que un oficial de la Guardia Nacional, que custodia la parte externa de las prisiones en Venezuela, fue el encargado "de la operación militar que generó esa masacre" y exigieron investigar lo qué realmente sucedió.
Algunos parientes han denunciado que les quieren cobrar 500 dólares por el servicio funerario de cada uno de los fallecidos, sostuvo Girón.
El salario mínimo mensual es de unos dos dólares al tipo de cambio oficial, mientras el gobierno estableció esta semana que algunos tipos de carne, huevos o la mortadela podrán venderse por más del salario mínimo.
Las restricciones de visita a las cárceles son parte del esfuerzo para prevenir la propagación del coronavirus en sus prisiones superpobladas.
En Argentina y Perú, presos se amotinaron el mes pasado exigiendo la liberación de algunos reclusos por temor a la infección o demandando mejoras sanitarias para enfrentar el coronavirus.
(Reporte de Vivian Sequera y Deisy Buitrago; Editado en español por Javier López de Lérida)