Por Luis Jaime Acosta y Julia Symmes Cobb
BOGOTÁ, 4 ago (Reuters) - La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó el martes la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe en una investigación por supuesto fraude y soborno de testigos en un proceso en el que el político es acusado de vínculos con escuadrones paramilitares de ultraderecha.
Es la primera vez en la historia de Colombia que el tribunal ordena privar de la libertad a un expresidente. Uribe, un político muy popular y polémico, deberá asumir el proceso privado de la libertad mientras la corte decide si lo acusa y lo lleva a juicio o archiva el caso.
"El senador Uribe Vélez cumplirá la privación de la libertad en su residencia y desde allí podrá continuar ejerciendo su defensa con todas las garantías del derecho al debido proceso", dijo un comunicado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema en el que aseguró que le decisión se adoptó por unanimidad.
Uribe es en la actualidad un prominente senador y es el mentor de Iván Duque, el actual mandatario del país sudamericano.
"La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria", escribió el exmandatario, de 68 años, en su cuenta de Twitter.
La orden de captura podría ahondar la tormenta judicial y política en el país. También amenaza con incrementar la polarización en un país políticamente dividido.
Uribe y el congresista Álvaro Hernán Prada son acusados de soborno y fraude, delitos para los que la legislación colombiana establece prisión de hasta 12 años.
El expresidente acusó en 2012 al senador izquierdista Iván Cepeda de organizar un complot para vincularlo falsamente con escuadrones paramilitares durante visitas a exintegrantes de esos grupos en cárceles.
Pero en febrero de 2018, el tribunal que investiga todos los asuntos penales que involucran a legisladores dijo que Cepeda había recopilado información como parte de su trabajo y que no había pagado ni presionado a exparamilitares. En cambio, la corte aseguró que Uribe presionó testigos a través de terceros.
NADIE ESTÁ POR ENCIMA DE LA LEY
"No hay personas que en Colombia estén por encima de la justicia y de la ley, por muy influyentes que sean", dijo el senador Cepeda después de conocer la decisión judicial.
Las conductas imputadas a Uribe fueron presuntamente cometidas cuando se desempeñaba como congresista después de dejar la presidencia, aseguró la corte que justificó su decisión en posibles riesgos de obstrucción de la justicia.
El político colombiano se une a otros expresidentes de América Latina que terminaron implicados en procesos judiciales y en la cárcel después de gobernar sus países como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el peruano Alberto Fujimori.
El presidente Duque dijo que confía en la inocencia de Uribe y lamentó que no pueda defenderse en libertad.
"Duele como colombiano que, muchos de los que han lacerado al país con barbarie se defiendan en libertad o, inclusive, tengan garantizado jamás ir a prisión, y que, a un servidor público ejemplar, que ha ocupado la más alta dignidad del Estado, no se le permita defenderse en libertad, con la presunción de inocencia", afirmó el presidente en un mensaje.
Uribe, quien durante su gobierno entre 2002 y 2010 lanzó una ofensiva militar contra las guerrillas izquierdistas, ha cuestionado la independencia de la corte y ha declarado su inocencia.
Con la detención de Uribe, el partido Centro Democrático pierde a su principal líder en el Congreso, donde Duque busca impulsar reformas económicas y sociales para aliviar los estragos de la pandemia del coronavirus.
La ausencia del Congreso y de la actividad política del expresidente podría debilitar la cohesión de su partido Centro Democrático. La agrupación tiene 51 de los 280 curules del parlamento y necesita alianzas para impulsar su agenda.
Uribe y algunos de sus familiares han sido señalados por sus opositores de supuestos lazos con escuadrones paramilitares de ultraderecha, acusados de violaciones a los derechos humanos, pero la actual investigación de la Corte es la que más ha avanzado en el tema.
Los escuadrones paramilitares fueron grupos armados ilegales que surgieron en la década de 1980 financiados por ganaderos, terratenientes y comerciantes para protegerse de los ataques de la guerrilla izquierdista pero que se desbordaron con sus sangrientos ataques.
(Información de Luis Jaime Acosta. Editado por Javier Leira y Manuel Farías)