Por Alvaro Murillo y Isabel Woodford
SAN JOSÉ/CIUDAD DE MÉXICO, 23 ene (Reuters) - Costa Rica, sinónimo de turismo medioambiental relajado durante mucho tiempo, lucha ahora contra un aumento de la violencia tan sorprendente que su Gobierno está usando como referencia la estrategia del vecino El Salvador, que asumió medidas draconianas para abordar sus propios problemas de criminalidad.
En un esfuerzo por reducir una tasa de homicidios que se ha disparado en un 40% sólo en el último año, el presidente costarricense Rodrigo Chaves ha impulsado una nueva y dura legislación para combatir el crimen, calificando a El Salvador como un punto de "referencia".
"Chaves está planeando una ofensiva (...) Es un partidario de la línea dura en materia de seguridad, que presiona para corregir el rumbo", dijo Chris Dalby, director del grupo de expertos World of Crime. "El discurso de 'mano dura' funciona bien".
Las ideas de Chaves incluyen aumentar las penas de cárcel para menores hasta el máximo de 50 años usado para adultos, permitir extradiciones de nacionales y ampliar el uso de la detención preventiva, facilitando la detención de sospechosos con pruebas limitadas.
"Tiempos extraordinarios requieren medidas extraordinarias", dijo Chaves al presentar su Plan de Seguridad Nacional en noviembre.
Costa Rica es uno de un número cada vez mayor de países latinoamericanos que buscan abordar la expansión de la actividad de los cárteles de la droga teniendo como referente la presión de las estrategias del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
La suspensión de derechos constitucionales por parte de Bukele, que entre otras cosas permite a la policía detener indefinidamente a presuntos pandilleros sin derecho a un abogado, ha provocado una fuerte condena por parte de activistas de derechos humanos.
Pero ha tenido un impacto significativo en el crimen y es popular en el país, lo que coloca a Bukele al borde de una reelección histórica el próximo mes. Y se ha convertido en un faro para los políticos regionales que luchan contra las pandillas, desde Chile hasta Ecuador.
Si bien Chaves insiste en que no quiere ser exactamente como Bukele, su plan sigue siendo un cambio radical para Costa Rica, que tradicionalmente ha adoptado un enfoque más amable en la prevención del delito.
Muchos en el Congreso, controlado por la oposición, todavía se aferran públicamente a ese enfoque, pero incluso allí, crecen los rumores de apoyo a políticas más duras, alimentados por temores por el sector turístico del país, valorado en 2.000 millones de dólares.
"Su trabajo para desmantelar el crimen organizado ha sido excelente y digno de analizar para replicar en Costa Rica", dijo David Segura, legislador del partido conservador de oposición Nueva República en una publicación reciente en las redes sociales, en referencia a la labor de Bukele.
Costa Rica vio su tasa de homicidios aumentar a 17,2 por cada 100.000 personas en 2023 desde 11,7 en 2018. Por el contrario, en El Salvador, la tasa se desplomó a 2,4 después de ser la más alta del mundo menos de una década antes.
Bukele fue elegido líder político favorito de los costarricenses en una encuesta realizada en octubre por la firma de investigación Indice. Mientras tanto, los índices de popularidad de Chaves en las encuestas se han desplomado casi 30 puntos porcentuales desde su elección en mayo de 2022.
VIENTOS CAMBIANTES
Analistas dicen que el aumento de los homicidios en Costa Rica ha sido impulsado por la guerra de pandillas entre los traficantes de cocaína. El reclutamiento por parte de pandillas se vio favorecido por el creciente descontento social y el desempleo durante la pandemia de COVID-19.
Las fricciones políticas con los vecinos Nicaragua y Honduras también han obstaculizado la cooperación en materia de seguridad regional, lo que según analistas ha incidido en una fuerte caída en las incautaciones de cocaína en Costa Rica.
El trato tradicionalmente ligero de Costa Rica hacia los sospechosos -a quienes a menudo simplemente se les dan precauciones en lugar de arrestarlos- también ha alimentado el problema, según Jorge Torres, jefe de seguridad de Chaves.
"¿Cómo puede ser que a un joven fuerte de 17 años que mató a un ciudadano con un AK47 se le trate como a un niño de ocho años que se robó unos confites en una pulpería?", dijo Chaves en octubre, argumentando que los grupos criminales reclutan a menores precisamente porque a menudo salen impunes.
Por ahora, el proyecto de ley "mano dura" de Chaves está estancado en el Congreso, y algunos críticos de la oposición califican su discurso de choque como anticostarricense y autoritario.
"Vivimos en una democracia. No somos El Salvador ni ningún país de esos que violentan garantías individuales", dijo Gloria Navas, legisladora de Nueva República que encabeza el comité del Congreso sobre Seguridad y Tráfico de Drogas.
Chaves necesita el respaldo de al menos 29 de 57 legisladores para la mayoría de las propuestas, y su partido actualmente sólo tiene nueve escaños. Pero anteriormente pudo aprobar leyes con el apoyo de otras facciones conservadoras.
El otro desafío para Chaves es que Costa Rica está menos acostumbrada a perseguir narcos que sus vecinos, ya que abolió su Ejército hace más de 70 años para priorizar políticas de bienestar progresistas.
Los defensores del enfoque de priorizar el bienestar dicen que históricamente eso ayudó a proteger a Costa Rica de la violencia que prevaleció durante mucho tiempo en gran parte de Centroamérica, y que un mayor gasto en bienestar podría hacerlo nuevamente.
Laura Chinchilla, presidenta de 2010 a 2014, dijo que en su gobierno había logrado frenar la violencia evitando que los pobres cayeran en la delincuencia.
"No creo que tengamos que recurrir a los modelos militarizados de otros países. Si lo hicimos por toda una vida, deberíamos estar en capacidad de hacerlo ahora", dijo a Reuters. Otros en el Congreso piensan que el plan de Chaves no va lo suficientemente lejos.
El legislador conservador de la oposición, Lesley Bojorges, respaldó recientemente la idea de prisiones duras al estilo de El Salvador, mientras que el jefe judicial Randall Zúñiga ha expuesto los méritos de más detenciones.
Sergio Araya, politólogo de la Fundación Konrad Adenauer, un grupo de expertos conservador, dijo que estos enfoques más duros estaban en camino de volverse más populares entre los costarricenses cansados de la delincuencia.
"Es probable un mayor apoyo popular a ideas que calzan en lo que llaman 'modelo Bukele'" dijo.
(Reporte de Álvaro Murillo en San José e Isabel Woodford en Ciudad de México; Edición de Ana Isabel Martínez)