GUWAHATI, INDIA, 12 mar (Reuters) - Una nueva ley de ciudadanía, criticada por discriminar a los musulmanes, ha provocado protestas esporádicas en la India, después de que el Gobierno del primer ministro Narendra Modi la aplicara a pocos días de unas elecciones generales.
Las protestas estallaron en el estado oriental de Assam y en el estado meridional de Tamil Nadu a última hora de la tarde del lunes tras el anuncio de la aplicación de la ley, según las autoridades. No se registraron daños ni enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
El Gobierno de Modi, del Partido Bharatiya Janata (BJP), nacionalista hindú, elaboró el lunes normas para aplicar la Ley de Enmienda de la Ciudadanía (CAA, por sus siglas en inglés), que facilita a los refugiados no musulmanes de tres naciones del sur de Asia de mayoría musulmana la obtención de la ciudadanía india.
La promulgación de la ley en 2019 había provocado protestas masivas y violencia sectaria en las que murieron decenas de personas, lo que obligó al Gobierno a retrasar su aplicación.
En Chennai, la capital de Tamil Nadu, los manifestantes realizaron el lunes una marcha con velas y gritaron consignas contra la ley.
En Assam, los manifestantes quemaron copias de la ley y gritaron consignas el lunes por la noche, y los partidos locales de la oposición han convocado una huelga en todo el estado para el martes.
Muchos se oponen a la CAA en Assam porque temen que pueda aumentar la emigración desde la vecina Bangladés, de mayoría musulmana, una cuestión conflictiva que ha polarizado el país durante décadas.
Las autoridades de la capital nacional, Nueva Delhi, donde se centraron las protestas en 2019, estaban en alerta ante cualquier acto de violencia, prohibiendo las concentraciones ilegales y aumentando la presencia policial en las zonas sensibles.
La CAA concede la nacionalidad india a hindúes, parsis, sijs, budistas, jainistas y cristianos que huyeron antes del 31 de diciembre de 2014 a la India —de mayoría hindú— desde Afganistán, Bangladés y Pakistán —de mayoría musulmana—, debido a la persecución religiosa.
Activistas de derechos humanos y grupos musulmanes afirman que la ley, combinada con un proyecto de registro nacional de ciudadanos, puede discriminar a los 200 millones de musulmanes de India, la tercera población musulmana más grande del mundo. Algunos temen que el Gobierno pueda retirar la ciudadanía a los musulmanes sin papeles en algunos estados fronterizos.
El gobierno niega ser antimusulmán y afirma que la ley es necesaria para ayudar a las minorías perseguidas en países de mayoría musulmana.
Afirma que la ley está pensada para conceder la ciudadanía, no para quitársela a nadie, y ha calificado las protestas de tener una motivación política y basarse en ideas erróneas.
(Reporte de Tora Agarwala en Guwahati; Redacción de Shilpa Jamkhandikar; Edición de YP Rajesh y Raju Gopalakrishnan; editado en español por Tomás Cobos)