MADRID (Reuters) - El presidente catalán acusó el jueves al Gobierno central de extralimitarse en su interpretación del artículo 155 de la Constitución, calificando de "verdadera aberración" la posibilidad de que Mariano Rajoy se arrogue la facultad de disolver el Parlamento regional y convocar elecciones.
"Para resolver lo que el Gobierno del Estado ha calificado de grave situación extraordinaria, se va a crear una todavía más grave situación extraordinaria, al arrebatar a Cataluña de su autonomía política", dijo Carles Puigdemont en una carta enviada al presidente del Senado para presentar sus argumentos contra la aplicación del artículo 155.
El Gobierno de Rajoy propuso el pasado sábado toda una batería de medidas extraordinarias de intervención, entre ellas el cese de Puigdemont y todo su Ejecutivo, en respuesta al desafío independentista catalán. Para su entrada en vigor, el Senado debe antes aprobar esas propuestas el viernes.
En la misiva de nueve páginas, que llegó en el último momento a las dependencias de la Cámara Alta tras renunciar Puigdemont a presentar en persona sus alegaciones, el presidente catalán designa al delegado de la Generalitat en Madrid, Ferran Mascarell, como su representante en el proceso de tramitación.
En el texto, el Gobierno catalán acusa al central de sobrepasar "ampliamente y sin justificación" el límite del artículo 155, al considerar que van más allá del objetivo de que la Generalitat revoque la declaración de independencia.
"El alcance de las medidas propuestas va más allá del concepto de medidas necesarias (...) tiene como directa e inmediata consecuencia desposeer al pueblo de Cataluña de sus instituciones - Parlamento y Gobierno - permitiendo desarticular la estructura de Administración y todo ello por un plazo de tiempo incierto", dijo el escrito.
El Gobierno catalán considera que la ejecución de las medidas propuestas por Rajoy supondría "inaplicar la propia Constitución Española" por invadir poderes autonómicos.
El escrito dice que el artículo 155 no puede convertirse en "una cláusula de plenos poderes" en manos del Gobierno del estado, y ve "manifiesta desproporción entre la finalidad perseguida y las alteraciones impuestas al sistema institucional de la Generalitat de Cataluña".