Por Blanca Rodríguez
MADRID (Reuters) - El incremento de la crispación social y de la presión política para que las pensiones suban más allá del 0,25 por ciento decretado llevó el jueves al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a anunciar la celebración de un pleno monográfico en el Congreso para abordar la situación, tratando de hacer control de daños en un tema electoralmente muy sensible.
"Voy a pedir comparecer en el Congreso para celebrar un monográfico sobre las pensiones. Explicaré qué hemos hecho y cuál es mi posición sobre lo que debemos seguir haciendo para garantizar y mejorar las pensiones", dijo Rajoy en una entrevista en Tele5, añadiendo que el pleno se celebraría en 10-12 días.
La oposición ya había acordado forzar la comparecencia de Rajoy en la Cámara sobre este tema, por lo que con este anuncio el jefe del Ejecutivo trata de retomar la iniciativa política en un momento en el que las protestas de pensionistas podrían convertirse en una amenaza electoral y poner en evidencia la minoría del Gobierno del Partido Popular.
Miles de pensionistas ignoraron el jueves la lluvia y volvieron a salir a las calles de varias ciudades españolas en defensa de las prestaciones públicas, después del inesperado éxito de las marchas de jubilados celebradas la semana pasada convocadas por los sindicatos .
Los cientos de manifestantes congregados en Madrid ante el Ministerio de Hacienda se trasladaron posteriormente al cercano edificio del Congreso, y sus gritos eran audibles a las puertas de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, donde tenía lugar una tensa reunión tras llevar negociando una nueva reforma de pensiones desde hace un año y medio.
"Gobierno, ladrón, nos robas la pensión", coreaban algunos de los manifestantes, que están llamados de nuevo a las calles el próximo 17 de marzo.
"RAJOY VIENE A RASTRAS"
A las presiones sindicales y de la calle se han sumado con entusiasmo con diversas iniciativas la práctica totalidad de los partidos de la oposición, todos ellos conscientes de la importancia política de casi nueve millones de votantes que cobran pensiones.
Varios grupos políticos ha pedido que las pensiones vuelvan a revalorizarse conforme al IPC, de forma que este año suban un 1,6 por ciento, equivalente a la inflación prevista.
"Si Rajoy viene al Congreso, lo hace absolutamente a rastras, ante la presión de la oposición y los movimientos en la calle", dijo la portavoz socialista Margarita Robles, cuyo partido quiere que sean los impuestos los que soporten el incremento en el gasto de pensiones.
Con los nacionalistas vascos y catalanes sumándose a las tesis de PSOE y Unidos Podemos de garantizar la suficiencia de las pensiones y no dar sólo soluciones para su sostenibilidad, queda por aclararse la postura de Ciudadanos, cuyo líder rechazó el jueves la "batalla electoralista" de PP y PSOE en este campo.
El Gobierno del PP desvinculó la subida de las pensiones de la inflación en 2013 para recortar el gasto en el deficitario sistema y compensar una creciente esperanza de vida y la próxima entrada en la jubilación de la generación del 'baby-boom'.
"Entiendo perfectamente su reivindicación, lo que pasa es que la recuperación económica no ha llegado a donde todos queremos que llegue, pero esa subida llegará si mantenemos la política económica", dijo por la mañana el líder del PP, consciente de unas encuestas cada vez más desfavorables.
Rajoy subrayó que la crisis provocó la pérdida de 3,5 millones de empleos y 70.000 millones de recaudación y defendió la decisión de limitar a un 0,25 por ciento la subida de los nueve millones de pensiones mientras la Seguridad Social siga en déficit.
"La recuperación avanza y podemos ir adoptando cada vez más medidas para reforzar el bienestar de las personas", dijo, poniendo como ejemplo las subidas tanto del salario mínimo como del sueldo de los funcionarios aprobadas para 2017 como para los próximos ejercicios. "No se puede hacer todo de golpe", declaró.
En un país con casi nueve millones de pensionistas y 19,9 millones de trabajadores en activo, el gasto en pensiones ocupa el 40 por ciento del gasto total de los presupuestos, con un déficit de la Seguridad Social que supera los 18.000 millones de euros.
Con unos presupuestos prorrogados y sin tener aún los apoyos políticos suficientes para aprobar los de este año, el Gobierno podría verse obligado a hacer concesiones en materia de pensiones más allá de lo anunciado esta semana por el ministro de Hacienda de prometer incentivos fiscales para los más mayores.
(Editado por Carlos Ruano)