Por Carlos Ruano
MADRID (Reuters) - El Gobierno español instó el miércoles al Ejecutivo catalán a aclarar antes del lunes a las diez de la mañana si ha declarado o no una independencia unilateral que llevaría a la aplicación de medidas de intervención extraordinarias contempladas en el artículo 155 de la Constitución y que, en última instancia, podrían propiciar elecciones anticipadas en Cataluña.
En el caso de una respuesta positiva, el ultimátum se amplía hasta las diez de la mañana del jueves 19 de octubre para que el Govern "revoque" la declaración y evite la aplicación del artículo.
"El Consejo de Ministros ha acordado requerir formalmente al Gobierno de la Generalitat para que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña al margen de la deliberada confusión creada sobre su entrada en vigor", dijo el presidente Mariano Rajoy, abriendo por primera vez la puerta a las temidas medidas.
La víspera, en una esperada comparecencia en el Parlament que paralizó el país, el presidente catalán, Carles Puigdemont, asumió "el mandato" para declarar la independencia, pero segundos después pidió una suspensión de la misma para abrir un cauce de negociación y "desescalar" las tensiones.
"Este requerimiento, previo a cualquiera de las medidas que el Gobierno puede adoptar al amparo del artículo 155 de nuestra Constitución, pretende ofrecer a los ciudadanos la claridad y la seguridad jurídica que requiere una cuestión de tanta importancia", dijo Rajoy en una breve comparecencia en la que insistió en que buscará el mayor consenso parlamentario.
Rajoy señaló que la respuesta de Puigdemont "marcará el futuro de los acontecimientos en los próximos días" y destacó que el presidente catalán "tiene la oportunidad de atender al clamor y a las peticiones que desde tantos ámbitos se la han hecho llegar para recuperar convivencia y seguridad jurídica".
El Gobierno central ha rechazado cualquier amago de negociación en tanto en cuanto las autoridades catalanas no abandonen el terreno de la "ilegalidad". En su discurso del martes, el presidente catalán justificó la supuesta declaración de la República Catalana en base a una ley regional y a un referéndum que han sido suspendidos por los tribunales.
Rajoy defendió su posición en el Congreso refiriéndose al "mito de una independencia de cuento de hadas" y se mostró dispuesto a hablar con el "catalanismo pactista y democrático".
¿ELECCIONES EN CATALUÑA?
El requerimiento a Puigdemont está contemplado en la aplicación del artículo 155 de la Constitución, nunca utilizado en la corta historia de la democracia española, y que permite forzar a una comunidad díscola a cumplir determinadas obligaciones por el "interés general".
Aunque Rajoy no detalló qué consecuencias podría tener una réplica no satisfactoria a dicho requerimiento, la aplicación de medidas extraordinarias podría llegar a forzar la convocatoria de unas elecciones anticipadas en la región de difícil vaticinio ante la enorme división de la sociedad catalana.
La ambigüedad del discurso de Puigdemont el martes desveló divisiones incluso entre los grupos independentistas que sostienen el gobierno regional en minoría y que pueden hacer peligrar la frágil gobernabilidad actual del Parlament.
La CUP, el socio anticapitalista de Puigdemont que había pedido una declaración inequívoca de independencia, mostró su desagrado por la tibieza del president, recordó que la declaración de independencia "no incluye cláusula de suspensión" y sugirió que podría retirar su apoyo parlamentario.
Por su parte, Oriol Junqueras, líder de otro de los socios (Esquerra Republicana) y vicepresidente regional, descartó "del todo" elecciones anticipadas como vía de solución y dijo: "Espero no ser el único que las descarte".
"El bloque separatista tiene miedo a las urnas de verdad en Cataluña. Buena señal. Nos indican el camino", dijo en su cuenta de twitter el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que la víspera, al igual que hiciera el responsable de los socialistas catalanes, pidió elecciones anticipadas.
APOYO EN EL CONGRESO Y REFORMA CONSTITUCIONAL
En un intento por abrir la negociación dentro de la ley, el líder del principal partido de la oposición nacional, el socialista Pedro Sánchez, desveló un acuerdo con Rajoy para que el Congreso pueda debatir una modernización y reforma de la Constitución que permita "hablar sobre cómo Cataluña se queda en España" dentro del marco legal.
A cambio, y pese a sus diferencias con el Gobierno del Partido Popular, el PSOE secundó sin reservas la decisión del Gobierno central y su defensa del "Estado de Derecho" al que aludió también recientemente el rey Felipe VI en un duro discurso contra el gobierno catalán.
"Compartimos con el presidente del Gobierno la necesidad de que Puigdemont aclare exactamente qué quiso decir ayer, que parece que no dijo, pero que, según dicen los partidos independentistas, dijo", señaló Sánchez.
Ciudadanos, la formación liberal que ocupa la cuarta posición en escaños en el Congreso, ha instado en los últimos días al Ejecutivo central a aplicar el artículo 155 en su respuesta a la situación en Cataluña.
Los tres partidos suman 254 diputados en el Congreso, más del 70 por ciento de la representación en la Cámara.
Podemos, la tercera fuerza en dura competencia con el PSOE y que defiende desde el principio un referéndum pactado, pidió encarecidamente a Rajoy "la no aplicación del 155" y le llamó al diálogo al igual que el Partido Nacionalista Vasco.
La crisis institucional en la cuarta mayor economía de la zona euro, que ha provocado una fractura en la sociedad catalana y española, se disparó tras el referéndum no autorizado celebrado el pasado 1 de octubre, agitando los mercados y provocando un verdadero éxodo de sedes de empresas de la región y un creciente interés internacional por el conflicto.