Por Tommy Wilkes
COX'S BAZAR, Bangladés (Reuters) - El lunes continuaba el flujo de refugiados de la minoría musulmana rohinyá que llegaron Bangladés escapando de una ofensiva militar en Birmania, con nuevos testimonios de violencia y provocación de incendios mientras que un grupo de derechos humanos instó a que se impusiesen sanciones y un embargo de armas para frenar lo que las Naciones Unidas han calificado de limpieza étnica.
La última oleada de violencia en el estado de Rakhine, en el oeste de Birmania, empezó el 25 de agosto, cuando insurgentes rohinyá atacaron a puestos de policía y a un campamento militar, matando a alrededor de 12 personas.
La respuesta del ejército de Birmania ha provocado la huída de más de 410.000 musulmanes rohinyá a Bangladés, que escapan de lo que ellos y los observadores de derechos humanos dicen ser una campaña que tiene como objetivo expulsar a la población musulmana.
Birmania, un país de mayoría budista, rechaza esta versión, alegando que sus fuerzas están llevando a cabo operaciones de eliminación contra los insurgentes del Ejército de Salvación de los rohinyá de Arakán, el cual se atribuyó la responsabilidad de los ataques de agosto y las pequeñas incursiones de octubre.
Cientos de refugiados viajaron en pequeños barcos a una isla en el punto más al sur de Bangladés a finales del domingo y el lunes, hablando de persecuciones y destrucción.
"El ejército vino y quemó nuestras casas, mataron a nuestra gente. También había una multitud de personas arracanesas", dijo Usman Goni, de 55 años, después de que saliese del barco con sus siete hijos y su mujer, agarrando dos palos amarrados con cuerda y un saco.
Muchos de los refugiados han dicho que personas de la etnia budista arracanesa se habían unido al ejercito birmano en sus ataques. Birmania niega las alegaciones y ha culpado a los insurgentes islámicos de la violencia.
Birmania ha cerrado gran parte de la zona a los trabajadores humanitarios y a los periodistas.
Los grupos de derechos humanos dicen que las imágenes tomadas desde satélites muestran alrededor de 80 pueblos musulmanes humeantes por los incendios. También hay pruebas de ataques incendiarios a aldeanos budistas, pero en una escala mucho menor.
El Observatorio de Derechos Humanos dijo que las fuerzas de seguridad birmanas estaban ignorando las denuncias internacionales y que había llegado la hora de imponer medidas más estrictas que no podrían ser pasadas por alto por los generales.
La ONG instó a los gobiernos a "imponer prohibiciones de viaje y congelaciones de activos a los encargados de seguridad implicados en abusos serios; expandir los embargos de armas existentes para que estos incluyesen a todas las ventas militares, asistencia y cooperación; y sentar una prohibición a las transacciones financieras de empresas clave que sean propiedad del ejercito".