Por Silvio Cascione y Leonardo Goy
BRASILIA (Reuters) - La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, jugó el martes su última carta para mantenerse en el cargo, con una petición al Supremo Tribunal Federal un día antes de que el Senado decida si enfrentará un juicio político por incumplir las leyes presupuestarias del país.
Eduardo Cardozo, principal abogado del Gobierno, pidió al Supremo Tribunal que anule el proceso de juicio político, informó la Abogacía General de la Unión (AGU) de Brasil.
Previamente, el presidente interino de la Cámara de Diputados de Brasil, Waldir Maranhao, revocó una controvertida decisión que había tomado horas antes para anular una votación sobre el proceso. Esto implica que el recurso al máximo tribunal es la última esperanza de la presidenta para impedir que avance el juicio en su contra.
La marcha atrás de Maranhao el martes tras su inesperada decisión de la víspera, cuando argumentó fallos de procedimiento, finalmente allanó el camino para que el Senado siga adelante el miércoles con la votación que definirá si se inicia o no el juicio político, tal como estaba previsto.
Si, como se espera, una mayoría simple del pleno aprueba el proceso, el vicepresidente Michel Temer asumiría como mandatario interino, y podría quedarse hasta las elecciones de 2018 si la líder es declarada culpable y finalmente destituida.
Ante un panorama sombrío que parece vaticinar el fin de 13 años de gobierno del Partido de los Trabajadores (PT (OTC:PTGCY)) de izquierda, al que pertenece Rousseff, seguidores de la presidenta bloquearon las calles y prendieron fuego a neumáticos en manifestaciones en Sao Paulo, Brasilia y otras ciudades.
Sindicatos y el propio PT convocaron a una huelga nacional para resistir lo que califican como un "golpe de Estado" contra la democracia.
"La presidenta Dilma (Rousseff) está decidida a defender la Constitución porque ella fue elegida por el pueblo, y apelará ante el Senado, el Tribunal Supremo y la sociedad brasileña", dijo el ministro de Trabajo, Miguel Rossetto, a periodistas.
La legalidad de la inminente remoción de Rousseff fue cuestionada por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien dijo que buscaría la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La decisión de Maranhao el lunes de anular la votación de abril de la Cámara baja había provocado un desplome de los mercados brasileños. Pero el martes, el real y el índice Bovespa se fortalecieron, en un reflejo de la expectativa de los inversores de que un nuevo Gobierno sea más afín al mercado.
TEMER ASUMIRÍA EL JUEVES
Los opositores a Rousseff tienen más de los 41 votos necesarios para iniciar el juicio político en la Cámara alta y confían en que llegarán a 54, o dos tercios del Senado, para poner fin al mandato de la presidenta en un proceso que podría durar hasta seis meses.
Si pierde la votación del miércoles, Rousseff será informada el jueves por el Senado. En ese momento, la suspendida presidenta deberá dejar el Palacio de Planalto, pero podrá seguir viviendo en la residencia presidencial durante el juicio.
En cuanto Rousseff sea notificada, Temer asumirá el poder.
El proceso de juicio político se da en momentos en que Brasil está inmerso en su peor recesión desde la década de 1930 y sacudido por un gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera Petrobras (NYSE:PBR) que paralizó el segundo mandato de Rousseff.
La presidenta ha negado con vehemencia haber cometido un delito que justifique un juicio político y prometió defenderse con todas las armas legales posibles. Rousseff siempre rechazó los pedidos para que renunciara.