Por Luis Jaime Acosta
BOGOTÁ (Reuters) - Juan Manuel Santos asumirá el jueves su segundo mandato en Colombia con la deuda pendiente de concretar un acuerdo de paz con la guerrilla, justo cuando ha amenazado con romper el diálogo por los constantes ataques de los rebeldes a la infraestructura productiva.
El economista de centroderecha ganó la reelección en junio con la promesa de poner fin al conflicto armado de 50 años que ha causado más de 200.000 muertos y millones de desplazados.
Y el entorno político lo ayuda: lo apoya una coalición de partidos que le garantiza una cómoda mayoría en el Congreso para lograr la eventual aplicación de un acuerdo de paz.
La economía, que crece a un buen ritmo frente a la desaceleración que sufren sus mayores vecinos, también le ha granjeado el apoyo de muchos colombianos.
Pero en las últimas semanas las negociaciones con las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se han tensado.
Santos advirtió que podría romper el proceso de diálogo en La Habana si siguen los recientes ataques de la banda armada y del más pequeño Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra instalaciones petroleras y energéticas.
"Lo que nosotros estamos diciéndoles es, ustedes continúan con eso, están jugando con candela y este proceso puede terminar", dijo Santos la semana pasada.
Se espera que el presidente jure en el Congreso el jueves por la tarde en una ceremonia con fuertes medidas de seguridad y ante la mirada de una docena de presidentes y representantes de más de 70 países.
Mientras Santos se prepara para dar juramento, y pese a que los dos bandos están sentados a la mesa de negociaciones, la guerrilla y el Gobierno con sus Fuerzas Armadas siguen cruzando fuego en montañas y selvas ante el rechazo del presidente a un alto el fuego propuesto por el grupo rebelde.
Su argumento es que un cese de las hostilidades podría ser aprovechado por la guerrilla para sacar ventaja militar y prolongar indefinidamente las negociaciones.
Desde que empezaron a negociar en noviembre de 2012, las partes sólo llegaron a acuerdos parciales sobre el acceso de campesinos pobres a las tierras, la participación de los rebeldes en la política y la sustitución de cultivos de coca y amapola.
Y aún quedan por revisar temas polémicos como la compensación a las víctimas, el fin de las hostilidades y un mecanismo que permita verificar el cumplimiento de los acuerdos.
SIN AMENAZAS EN EL CONGRESO
El opositor más feroz a las negociaciones de paz es el expresidente Álvaro Uribe, quien fue jefe de Santos y ahora es su archienemigo. Uribe cree que el proceso de paz abrirá paso a la impunidad de los líderes guerrilleros.
Pero la influencia de su partido en el Congreso no sería suficiente para hacer descarrilar un eventual acuerdo. Su agrupación, Centro Democrático, tiene el 20 por ciento de los escaños del Senado y menos del 10 por ciento de los de la Cámara de Representantes.
"La oposición de Uribe frente al proceso de paz va ser un obstáculo superable", dijo la analista Marcela Prieto del Instituto de Ciencia Política. Pero aseguró que es "importante que haya un contrapeso o un cuestionamiento en el Congreso al proceso de paz".
Prieto recordó que casi la mitad de los colombianos mira con reservas las negociaciones con la guerrilla porque dudan de su voluntad para firmar la paz y dejar las armas, desconfianza que se ha incrementado con los recientes atentados.
Pero para que Santos pueda convencerlos de los beneficios de lograr la paz, tampoco puede perder de vista la economía en su segundo mandato de cuatro años.
El presidente aún tiene que extender a todos los colombianos los beneficios económicos de las mayores inversiones que están llegando al país, reducir la alta tasa de paro y también la pobreza que afecta a uno de cada tres habitantes.
Santos, que está a punto de cumplir 63 años, prometió impulsar reformas al sistema de salud, al de pensiones, al sistema judicial y a la educación. Eso debería ayudar a evitar protestas como las de los agricultores y profesores en los últimos meses.