MADRID (Reuters) - El principal sindicato de funcionarios español dijo que los empleados públicos en Cataluña deberían acatar las órdenes del Gobierno central, que se dispone a tomar medidas de intervención en la región después de que el Parlamento catalán aprobase una declaración unilateral de independencia.
El Senado español aprobó el viernes por mayoría absoluta la activación del artículo 155 de la Constitución, que faculta al Gobierno español a cesar al Govern al completo, tutelar el Parlament y convocar elecciones en Cataluña, unas medidas que podrían ser de compleja aplicación teniendo en cuenta los llamamientos a la desobediencia de algunos grupos independentistas.
"En cuanto se haga cargo la administración central de las consejerías correspondientes a través de ese artículo 155 (de la Constitución), los empleados públicos tienen que acatar las instrucciones que les dé el Gobierno central a través de sus responsables en Cataluña para mantener el orden constitucional", dijo en declaraciones a RNE Miguel Borra, presidente de CSIF.
Borra, que señaló que actualmente hay unos 300.000 funcionarios en Cataluña, de los cuales unos 200.000 pertenecen a la Generalitat, reconoció que existe miedo entre los trabajadores de la administración catalana por la situación creada.
"No sólo hay miedo a esas coacciones en este momento, también existe ese miedo a ser señalado, como han sido señalados desde hace años muchos como no independentistas y que puede hacer la vida imposible en sus puestos de trabajo", dijo.
La organización independentista Asamblea Nacional Catalana (ANC) instó el viernes a que los funcionarios públicos de la región no obedezcan las órdenes que lleguen del Gobierno español, al igual que lo hizo recientemente el partido anticapitalista CUP.[nE8N1ML000]
Borra dijo que su sindicato está recibiendo a diario solicitudes de información de funcionarios para tratar de trasladarse a otra región.
"Estamos recibiendo todos los días correos de médicos, profesionales sanitarios, de la docencia, que nos están preguntando sobre posibilidades de movilidad a otras Comunidades Autónomas", dijo.
El responsable sindical añadió que los funcionarios se deben a la Constitución y, ante cualquier orden que vaya en contra del ordenamiento jurídico, deberían acudir a presentar una denuncia a la Fiscalía.
Borra dijo que tiene el compromiso del Gobierno español de que ningún funcionario "que cumpla con la Constitución y el ordenamiento jurídico vigente va a quedar desamparado".