BARCELONA (Reuters) - Un juzgado de instrucción de Barcelona dictó auto de procesamiento el martes contra 30 altos cargos catalanes por distintos delitos entre los que destaca una presunta malversación de fondos públicos vinculada al referéndum de independencia de 2017.
Este nuevo proceso al soberanismo catalán podría empeorar las ya tensas relaciones entre la región y el Gobierno español de cara a las elecciones nacionales del 28 de abril.
Los resultados electorales en Cataluña son relevantes ya que muchas encuestas apuntan a que los socialistas podrían seguir necesitando el apoyo de los partidos secesionistas catalanes para seguir gobernando.
Uno de los temas candentes en estos comicios es la gestión que ha hecho Madrid del descontento catalán que llevó al referéndum de 2017, considerado ilegal por la justicia española, y el posterior intento fallido de secesión, con los partidos de centro-derecha españoles pidiendo una mano más dura con el gobierno regional.
En otro polémico proceso criticado por algunos organismos internacionales de derechos humanos que está teniendo lugar en el Supremo, 12 líderes independentistas catalanes, la mayoría en prisión, se enfrentan a penas de hasta 25 años de cárcel por delitos que incluyen rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.
El denominado juicio del "procés" jugó un papel clave en la falta de apoyo de los independentistas catalanes al presupuesto socialista para 2019, hecho que precipitó las elecciones anticipadas.
Entre los acusados del auto de procesamiento del juzgado número 13 de Barcelona difundido este martes se incluyen asesores de líderes destacados del anterior Govern y enfrentan también cargos de desobediencia, falsedad documental y revelación de secretos.
El juzgado ha fijado una fianza solidaria de 5,8 millones de euros a 17 cargos procesados por malversación, cifra equivalente a los gastos públicos presuntamente malversados para la realización del referéndum, según el auto.
El presidente independentista catalán, Quim Torra, condenó el martes el procesamiento, cuya fecha de comienzo aún está por determinar.
"(El auto) confirma la deriva autoritaria, la ausencia de independencia judicial y la persecución política", afirmó Torra, añadiendo que la búsqueda de la independencia de Cataluña continuará.
(Información de Sam Edwards; Traducción de Jose Elías Rodríguez)