WASHINGTON/BEIRUT (Reuters) - Un tribunal de apelaciones estadounidense rechazó en la noche del sábado una petición del Departamento de Justicia para restablecer de inmediato el decreto migratorio del presidente Donald Trump que prohíbe la entrada al país de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana y de refugiados.
El dictamen judicial significó un nuevo revés para Trump, que criticó con dureza al juez del estado de Washington que bloqueó su orden ejecutiva el viernes. El mandatario insistió en tuits y comentarios a periodistas que las restricciones volverán a entrar en vigor.
Trump asegura que las limitaciones migratorias temporales a los ciudadanos procedentes de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, y a todos los refugiados, son necesarias para proteger a Estados Unidos de los militantes islamistas. Los críticos califican la medida de injustificada y discriminatoria.
La resolución del juez y el dictamen de la apelación abrieron lo que podría ser una corta ventana de oportunidad para que los viajeros de los siete países afectados entren a Estados Unidos, mientras prosigue la incertidumbre legal.
En una breve orden, la corte de apelaciones dijo que fue denegada la petición del Gobierno de una paralización administrativa inmediata de la decisión del juez de Washington. Asimismo, señaló que esperaba nuevas alegaciones de los estados de Washington y Minnesota el domingo y del Gobierno el lunes.
La apelación del Gobierno afirmó que la decisión del juez James Robart en Washington crea una amenaza inminente para los cidadanos, impide el cumplimiento de una orden ejecutiva y "elucubra sobre el juicio del presidente en materia de seguridad nacional respecto a la cantidad de riesgo que representa la admisión de ciertos tipos de (no ciudadanos) y los mejores medios para minimizar ese riesgo".
Trump criticó al "autodenominado" juez en una serie de tuits el sábado y dijo a periodistas: "Ganaremos. Por la seguridad del país, ganaremos".
ARGUMENTOS LEGALES
En su dictamen del viernes, el juez Robart puso en duda el uso de los ataques contra Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001 como una justificación para la prohibición, asegurando que desde entonces no se ha perpetrado ningún atentando en suelo estadounidense por individuos de los siete países afectados.
Para que la orden sea constitucional, Robart dijo que debe estar "basada en hechos, por oposición a la ficción".
La apelación del Departamento de Justicia criticó la argumentación del magistrado, asegurando que viola la separación de poderes y se inmiscuye en la autoridad del presidente como comandante en jefe. Además, indicó que el estado de Washington no puede poner en cuestión el decreto, al tiempo que rechazó que "favorezca a los cristianos a expensas de los musulmanes".
Tanto el Departamento de Estado como el de Seguridad Nacional dijeron que están cumpliendo con la orden de Robart, mientras que el Gobierno afirmó que espera comenzar a admitir refugiados de nuevo el lunes.