Por Daren Butler y Ali Kucukgocmen
ESTAMBUL (Reuters) - A Unzile Aksakoglu no le resulta fácil explicarle a su hija de siete años por qué el padre de la niña, Yigit, lleva cuatro meses en la cárcel y puede que nunca salga, debido a su supuesto papel en las multitudinarias protestas contra el Gobierno de Turquía cuando ella solo tenía un año.
Al fin y al cabo, las personas procesadas originalmente por las protestas de 2013, que comenzaron contra la reurbanización del Parque Gezi del centro de Estambul y se convirtieron en disturbios antigubernamentales en todo el país, fueron absueltas.
Un juez turco dictaminó en 2015 que los manifestantes ejercían el derecho de libertad de reunión, durante un movimiento que se convirtió en el mayor desafío popular al Gobierno del presidente Tayip Erdogan.
Pero en noviembre, Yigit Aksakoglu fue detenido y ahora se enfrenta a un juicio junto con otras 15 figuras de la sociedad civil, escritores y actores. Durante un tiempo, la familia de Aksakoglu esperaba que lo liberaran pronto, pero después, el 4 de marzo, se publicó una acusación de 657 páginas que decía que habían orquestado un intento de derrocar al Gobierno de Erdogan.
"Le digo: 'Te prometo que los amigos de papá y yo le sacaremos. No te preocupes. Este malentendido se acabará'. Pero una parte de mí está realmente asustada", dice Unzile.
Los partidarios de los detenidos dicen que la acusación no contiene pruebas y sí muchas acusaciones extrañas, y supone un nuevo mínimo para un país donde ya han sido encarceladas 77.000 personas en una campaña de represión tras un fallido golpe militar en 2016.
La Unión Europea dijo que al buscar condenas de cadena perpetua, los fiscales estaban creando un clima de temor en Turquía, mientras que el Departamento de Estado de EEUU dijo que Washington está muy preocupado.
Las detenciones constituyen un paso más en una represión que, según Turquía, es una respuesta necesaria a las amenazas a la seguridad a las que se enfrenta el país y que ha incluido purgas generalizadas en las fuerzas armadas, ministerios y organizaciones estatales.
FLORES Y MÁSCARAS DE GAS
En el verano de 2013, cientos de miles de personas se manifestaron en Estambul y en toda Turquía para protestar contra los planes para construir en el Parque Gezi, en la Plaza Taksim de Estambul, un centro comercial inspirado en unos antiguos cuarteles de estilo otomano. Los manifestantes coreaban "en todas partes está Taksim, en todas partes hay resistencia".
Ocho jóvenes manifestantes y un agente de policía murieron en los disturbios y 5.000 resultaron heridos. La acusación, admitida a trámite por un tribunal de Estambul el 4 de marzo, dice que cientos de propiedades fueron dañadas en las protestas.
También se incluyen afirmaciones tildadas de "fantasiosas" por los grupos de derechos.
La acusación indica que las protestas fueron organizadas por extensiones locales de "fuerzas que controlan el capital global", señalando al filántropo multimillonario George Soros. Erdogan ha difamado a Soros como "el famoso judío húngaro... que encarga a gente que divida las naciones".
La acusación dice que el "Levantamiento de Gezi" fue impulsado por Osman Kavala, un conocido líder de la sociedad civil y hombre de negocios que lleva en la cárcel desde octubre de 2017.
Según la acusación, una foto del teléfono de Kavala tomada de un libro académico que muestra cómo se distribuyen los diferentes tipos de abejas en todo Oriente Próximo indica las fronteras de Turquía violadas y rediseñadas.
También se indica que el hecho de que los acusados hablaran de traer leche, zumo y pasteles a Gezi, así como máscaras de gas para contrarrestar los efectos del gas lacrimógeno, muestra que estaban financiando las protestas.
El grupo Solidaridad Taksim, que incluye a algunos de los 16 acusados, considera absurdas las acusaciones, y dice que en ellas se consideran señales de culpabilidad la entrega de flores a la policía y el suministro de bocadillos a los manifestantes.
Las manifestaciones, según la acusación, se inspiraron en protestas mundiales como el movimiento "Occupy" originado en Nueva York y los levantamientos árabes que comenzaron en 2011, así como en un libro del académico Gene Sharp (T:6753), con sede en Boston, titulado "De la dictadura a la democracia".
La acusación señala actos de protesta de Gezi que coincidían con los métodos no violentos de protesta de Sharp, como el concierto "The Wall" de Roger Waters en Estambul en agosto de 2013, cuando las fotos de las personas que murieron en las protestas se proyectaron en un escenario enorme.
El representante de Amnistía Internacional en Turquía, Andrew Gardner, describe el caso como "un intento de reescribir la historia" y dice que la solicitud de cadena perpetua sin libertad condicional representaba una "escalada masiva" en la represión turca contra la sociedad civil.
"Lo que tenemos es una crisis existencial para la sociedad civil independiente en Turquía", dice. "Es un intento flagrante de asustar y perseguir a los críticos con teorías de conspiración fantasiosas y completamente inventadas".
Erdogan compara a los manifestantes de Gezi con militantes kurdos y con los acusados de llevar a cabo un golpe de Estado fallido en 2016. Durante su campaña para las elecciones locales del 31 de marzo, ha acusado a menudo a los partidos de la oposición de estar aliados con los militantes.
Las protestas comenzaron para evitar la remodelación de un parque en una ciudad con espacios verdes limitados, pero Erdogan ha rechazado la idea de una motivación ecologista y ha dicho: "Quienes planearon y financiaron los eventos de Gezi, intentando derrocar al Gobierno con 12 árboles como excusa, están rindiendo cuentas ante la justicia".
"Ahora nadie en Turquía se sale con la suya tras cometer delitos", dijo el presidente en un discurso la semana pasada.
"SIN PRUEBAS"
Aksakoglu, que trabaja para una fundación holandesa que apoya al desarrollo de los niños, fue interrogado durante 11 horas después de que lo detuvieran en noviembre. Los cargos específicos contra él dicen que participó en la organización de reuniones para preparar la desobediencia civil.
Cuando fue encarcelado por primera vez, se sentía furioso en su celda, en una prisión al oeste de Estambul, preguntándose por qué había sido acusado, según su esposa Unzile. Según ella, su ira se desató de nuevo al leer la acusación.
Según Unzile, su esposo es un científico social y no un activista, y no conocía a Kavala. La acusación indica que había estado en contacto con alguien que sí le conocía.
El propio Kavala está acusado de promover las protestas a través de su organización Anadolu Kultur, que defiende la cultura y los derechos humanos. El abogado de Osman Kavala, Ilkan Koyuncu, dice que es difícil saber de qué se acusa a su cliente, y que el contenido de la acusación no ofrecía pruebas que respaldaran los cargos.
"Ustedes responsabilizan a estas personas por todas las ventanas que se rompieron en junio de 2013... pero no proporcionan pruebas. Esto no es algo que se pueda hacer legalmente", ha dicho.
El entonces primer ministro Erdogan y su gabinete de la época se han personado como acusación en el caso, en el que se menciona a 746 personas como heridos en las protestas en todo el país, responsabilizando a los acusados de todas las lesiones y daños a la propiedad, incluyendo ventanas destrozadas.
El profesor de derecho de la Universidad de Istanbul Bilgi, Yaman Akdeniz, dice que la acusación carecía de detalles y razonamientos legales, con solo una página y media de cuestiones jurídicas en un documento de 657 páginas.
"Básicamente, es una chapuza y si lo hubiera escrito uno de mis estudiantes de derecho, le pondría un suspenso", dice.
La abogada de Aksakoglu, Asli Kazan, dice que la acusación se basa en escuchas telefónicas de la segunda mitad de 2013, después de las protestas de Gezi.
Dice que la investigación fue iniciada originalmente por el fiscal Muammer Akkas, quien ahora es un fugitivo acusado de pertenecer a lo que Ankara considera un grupo terrorista liderado por el clérigo musulmán residente en Estados Unidos Fethullah Gulen, culpado por Ankara del fallido golpe de Estado de 2016.
Su investigación, archivada durante mucho tiempo, fue retomada alrededor de 2016, cuando se abrió el caso actual, dice la abogada.
Al abordar esta cuestión, el fiscal dijo en la acusación que aunque los sospechosos afirmaban que la investigación estaba dirigida por "militantes de organizaciones terroristas armadas", la influencia de estos en el expediente del caso se había eliminado mediante una reevaluación de todas las pruebas y escuchas telefónicas después de 2016.
(traducido por Tomás Cobos en la redacción de Madrid)