MADRID (Reuters) - El fiscal superior saliente de Murcia, Manuel López Bernal, denunció el jueves intimidaciones y desprotección para quienes combaten la corrupción en España, donde en los últimos años han florecido casos de este tipo entre la clase política.
Artífice de la investigación en un caso de corrupción al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, del Partido Popular, el fiscal desvinculó su relevo de este proceso pero advirtió de que los investigadores están sufriendo persecución y amenazas que afectan también a sus familias.
"No puede ser que al final los perseguidos seamos los fiscales por delante de los corruptos", dijo López Bernal en una entrevista en la Cadena Ser.
"La mayoría de los fiscales anticorrupción sienten una cierta desprotección", añadió, afirmando que había denunciado sin éxito la situación ante la Fiscalía General del Estado y la Delegación del Gobierno.
López Bernal es uno de los 28 fiscales de un total de 35 que dejará el cargo con la renovación de la cúpula del ministerio público, que propondrá al Gobierno del Partido Popular el fiscal general del Estado, José Manuel Maza.
El Gobierno de Mariano Rajoy, cuyo partido ha perdido la mayoría absoluta en parte por el descontento ciudadano con los casos de corrupción en sus filas, reprochó al fiscal saliente sus palabras y defendió las decisiones del Fiscal General del Estado.
"O en el país se aceptan las reglas del juego o este país acabará teniendo un problema", dijo Rajoy en rueda de prensa conjunta con el presidente argentino, Mauricio Macri.
TORMENTA EN MURCIA
La citación a declarar como investigado del presidente de Murcia, del Partido Popular, el próximo marzo ha desencadenado una tormenta política, al exigir su cese Ciudadanos, partido que apoyó su investidura en 2015 y respalda al PP a nivel nacional.
"El bipartidismo ha dejado mucha huella de basura, de porquería, de corrupción, y hay que limpiar. Los españoles han decidido que esos partidos sigan ganando elecciones pero desde la oposición nos toca exigir cambios", dijo el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, el jueves en rueda de prensa.
El político murciano afirma que es inocente y dice que dimitirá en caso de que se abra juicio oral contra él, algo que también defendió esta semana el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
La declaración del fiscal cesado llevó el jueves al Partido Socialista Obrero Español y a Podemos a pedir la comparecencia parlamentaria de Catalá, del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y del propio fiscal de Murcia.
El caso por el que declarará Sánchez se remonta al período en el que fue alcalde de Puerto Lumbreras (2003-2013) y en él se investigan presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos en el proyecto y adjudicación del auditorio de la localidad.