MADRID (Reuters) - Un tribunal de Murcia decidió el martes procesar al expresidente de la región Pedro Antonio Sánchez, abriendo la puerta a que se inicie un juicio oral por un supuesto delito contra la Administración Pública por el presunto intento de usar fondos públicos para mejorar su imagen.
Sánchez, cuya comparecencia ante el tribunal estaba prevista para el miércoles, dimitió de su cargo en abril tras la presión a una moción de censura después de conocerse que la Audiencia Nacional pidiera al Tribunal Superior de Justicia de Murcia que lo imputara por fraude, revelación de información reservada y cohecho, algo que finalmente hizo en mayo.
"El instructor, a la vista de las actuaciones remitidas por la Audiencia Nacional, y una vez oída la declaración de Sánchez, (...) ordena la continuación del proceso por los trámites del procedimiento abreviado", dijo el Consejo General del Poder judicial en un comunicado en su sitio web.
Con la decisión, el magistrado da por concluida la fase de instrucción contra ellos y propone a la Fiscalía y la defensa que soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.
La causa se inscribe en el llamado "caso Púnica", que investiga la presunta corrupción en varias instituciones locales y regionales de varias comunidades autónomas que estuvieron gobernadas por el Partido Popular.
La parte que investiga a Sánchez se centra en el supuesto intento de pagos irregulares con fondos públicos por trabajos para mejorar su imagen cuando era consejero de Educación, dijo el CGPJ, citando al magistrado.
Los investigados, Sánchez y un miembro de su gabinete de entonces, "aparecen presuntamente como responsables" por un supuesto delito contra la Administración Pública, dijo el CGPJ citando el auto.
El caso se suma a otro separado que ya investiga al mismo político por supuesto fraude y malversación de caudales públicos, entre otros delitos, en torno a la construcción de un auditorio.
La preocupación de los españoles por la corrupción se ha disparado en mayo, según un sondeo del CIS publicado el martes, impulsada por una serie de escándalos de supuesta corrupción, incluida la "operación Lezo" que investiga el presunto desvío de fondos desde una empresa pública de la Comunidad de Madrid.