QUITO, 1 mar (Reuters) - Una comisión legislativa de Ecuador recomendó el miércoles que el presidente Guillermo Lasso sea sometido a un juicio político por denuncias sobre una presunta corrupción en empresas públicas.
La recomendación, que el Gobierno calificó de "ataque a la razón", es solo un paso de un incierto proceso.
Para que el juicio político continúe, la mayoría de los 137 miembros de la Asamblea Nacional deben aprobar la recomendación de la comisión y los legisladores deben presentar una petición formal al presidente del Legislativo.
Además, se requiere de la aprobación de la Corte Constitucional del país para proceder al juicio.
La comisión, compuesta por siete legisladores en su mayoría de oposición, fue convocada para examinar las acusaciones de entrega de cargos y contratos en empresas estatales a cambio de sobornos.
"Se ha aprobado el informe con seis votos a favor y uno en contra", dijo la presidenta de la comisión y legisladora opositora Viviana Veloz. "Cuando la confianza en un mandatario se acaba no hay más remedio que cambiar de gobernante", agregó.
Los legisladores deberían justificar sus acusaciones, dijo el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, a un medio local antes de la aprobación del informe, calificando el esfuerzo como "sin sentido y un ataque a la razón".
La comisión analizó previamente si acusar a Lasso de traición a la patria, pero a última hora se decidió por delitos contra la seguridad del Estado y contra la administración pública.
La oficina de prensa de Lasso no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Lasso se ha enfrentado repetidamente con la Asamblea Nacional, en la que no tiene mayoría. Algunos legisladores intentaron destituirlo el año pasado durante protestas de organizaciones indígenas.
La influyente organización indígena CONAIE pidió la semana pasada la renuncia de Lasso.
El mes pasado, el gerente general de la petrolera estatal Petroecuador renunció después de que su casa fue registrada, entre otros lugares, por la oficina del fiscal general en una investigación por corrupción.
Los fiscales también allanaron una oficina de la presidencia, y el Gobierno dijo en ese momento que cooperaría plenamente con las investigaciones de corrupción.
(Reporte de Alexandra Valencia; Editado por Javier López de Lérida)