Por Gabriela Baczynska
BRUSELAS, 23 sep (Reuters) - El brazo ejecutivo de la Unión Europea lanzó el miércoles un controvertido plan para revisar las transgredidas reglas migratorias para resolver años de amargura y brindar una mejor bienvenida a los refugiados que huyen de Oriente Próximo y África.
El elemento más sensible obligaría de facto a cada Estado a acoger a algunos refugiados bajo una "solidaridad obligatoria", algo en lo que Polonia y Hungría están totalmente en contra.
Cada país recibiría 10.000 euros (11.750 dólares) del presupuesto del bloque por cada adulto admitido.
"Necesitamos a estas personas porque somos una sociedad que envejece", dijo la principal representante de migración de la UE, Ylva Johansson.
Las interminables disputas sobre dónde ubicar a las personas han provocado rencor entre los países de la costa mediterránea, a donde llegan principalmente los migrantes, los reacios del este y los Estados más ricos del norte, donde muchos de los recién llegados aspiran a vivir.
En 2015, más de un millón de personas llegaron a las costas de la UE, abrumando los mecanismos de seguridad y bienestar y fomentando los pensamientos de extrema derecha.
"La migración es compleja, el antiguo sistema para lidiar con ella en Europa ya no funciona", dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. "Moria es un duro recordatorio", agregó, refiriéndose a un campo de inmigrantes griego destruido por un incendio este mes.
Los planes de la Comisión eliminarían la regla de que el primer país de llegada sea responsable de las solicitudes de asilo, lo que supone una carga excesiva para las naciones mediterráneas.
Según la nueva propuesta, los que lleguen serán asignados a países en función de sus vínculos familiares, historial de educación o trabajo o que tengan una visa emitida por un Estado miembro.
Según la Comisión, la UE recibe ahora hasta un neto de 1,5 millones de nuevos extranjeros que llegan legalmente a vivir y trabajar por año, en comparación con sólo 140.000 solicitantes de asilo que llegan de forma irregular.
El plan fue criticado por la organización benéfica católica internacional Caritas, que dijo que podría vulnerar los derechos humanos, diluir las salvaguardias legales y dar lugar a más detenciones.
También recibió críticas de países que preferirían hablar sobre el endurecimiento de las fronteras y las leyes de asilo. "Creemos que la UE y sus estados miembros deben cooperar para mantener la presión migratoria que se avecina fuera de nuestras fronteras", dijo el portavoz del gobierno húngaro, Zoltan Kovacs. "Hungría no apoya la distribución obligatoria".
Pero, resaltando las persistentes divisiones, el plan obtuvo la aprobación de Malta. "Devolver a quienes no tienen derecho al asilo es crucial. Asumen que la solidaridad no debe ser opcional", dijo el primer ministro Robert Abela.
(Información adicional de Robin Emmott, Marine Strauss y Kate Abnett; escrito por Gabriela Baczynska; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)