Por Diego Oré y Fabián Andrés Cambero
CARACAS (Reuters) - Los venezolanos acudirán a las urnas el domingo para elegir a los miembros de una polémica Asamblea Nacional Constituyente cuya tarea principal será redactar una nueva carta magna, en una votación en la que no participará la oposición por considerar que supone la consumación de una "dictadura".
El presidente Nicolás Maduro ha dicho que el nuevo cuerpo de 545 asambleístas, que estará por encima del resto de los poderes públicos, es la única opción para pacificar el país petrolero, inmerso en una ola de protestas opositoras en medio de la que han muerto un centenar de personas.
"Ahora nos queda jugarnos una carta. La carta que va a definir este juego y esa carta es la Asamblea Constituyente", afirmó el mandatario socialista en un acto público en el que conmemoró el natalicio del fallecido Hugo Chávez, su predecesor.
"Llamo a toda Venezuela, a aquellas personas que pudieran haber dudado o estar dudando. No dude más, en Venezuela el domingo se define entre dos opciones: o la violencia destructiva de la guarimba o el camino de paz y diálogo de la Constituyente", agregó.
En tanto, la oposición llamó a sus simpatizantes a la "Toma de Venezuela" desde el viernes, para mantener su protesta en las calles y presionar para impedir lo que denominan un "fraude constitucional".
El líder opositor y dos veces candidato presidencial Henrique Capriles anunció tarde el viernes una concentración contra la constituyente para el domingo en las principales calles y autopistas del país. Mientras que el sábado convocaron al cierre de vías con obstáculos.
El viernes en el este de Caracas, manifestantes levantaron barricadas con escombros y ramas en varias calles y avenidas, con algunos enfrentamientos con las fuerzas policiales. Se observaron algunas vías semidesiertas porque conductores y transeúntes intentaban evitar quedar atrapados por los cierres.
En la suroriental Ciudad Guayana, la policía lanzó gases lacrimógenos contra manifestantes para evitar bloqueos de vías.
Las protestas, que se agudizaron por los planes de instalar la Asamblea Nacional Constituyente, han dejado al menos 114 muertos y varios cientos de personas han sido detenidas acusadas de propiciar violencia en las manifestaciones.
Venezuela atraviesa la crisis más grave de su historia reciente, con una inflación de tres dígitos, recesión económica y escasez de alimentos, medicinas y repuestos que la oposición prevé que empeore si se aprueba la Constituyente.
REACCION INTERNACIONAL
La comunidad internacional ha criticado fuertemente la propuesta de Maduro y lo ha conminado a retroceder, mientras que la oposición asegura que es un pretexto para evitar las próximas elecciones -incluidas las presidenciales del 2018- y disolver instituciones críticas, como el Congreso y la Fiscalía.
En una llamada con el líder opositor Leopoldo López, quien cumple arresto domiciliario, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, reiteró la promesa de Trump de responder "con acciones económicas fuertes y rápidas" si Maduro "impone" la Asamblea Nacional Constituyente.
"En nombre del Presidente Trump, el vicepresidente afirmó firmemente que Estados Unidos está con el pueblo venezolano", dijo el viernes la Casa Blanca en un comunicado de prensa.
Más temprano, Capriles pidió suspender la elección de la controvertida constituyente. "¿Por qué los venezolanos tenemos que pagar los platos rotos de la enferma ambición de un partido político? Es más sencillo desmontar la Constituyente que aislar a Venezuela", dijo.
Colombia informó que no reconocerá los resultados de la constituyente y que dará extensiones especiales a más de 150.000 migrantes venezolanos, a quienes se les venció su estadía transitoria en el país.
La oposición, consciente de que ha ganado más apoyo de la población conforme la crisis económica se agudiza, exigió al árbitro electoral que dé los números de participación en el proceso para compararlos con los 7,5 millones de venezolanos que le pidieron a Maduro detener la Constituyente en un reciente plebiscito.
Alfredo Ramos, un líder opositor y alcalde del municipio Iribarren, parte de la capital del occidental estado Lara, fue detenido por el servicio de inteligencia Sebin, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia ordenara su captura.
El funcionario, acusado de permitir el cierre de vías o barricadas durante las protestas, fue condenado a 15 meses de prisión por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en una audiencia a la que no asistió. El organismo informó que el alcalde fue cesado de su cargo.