CARACAS (Reuters) - Agentes del servicio de inteligencia de Venezuela detuvieron el miércoles al activista y diputado suplente de la oposición Gilber Caro en un control de carretera, informó el vicepresidente de Venezuela.
Caro, un activista del opositor partido Voluntad Popular del encarcelado líder político Leopoldo López, fue acusado por las autoridades de transportar en su vehículo un fusil y explosivos de guerra en el momento de su detención y presumen que organizaba hechos violentos.
Líderes de oposición y diputados alertaron que el arresto de Caro es inconstitucional, pues goza de inmunidad por su rol como parlamentario suplente desde 2016.
El dirigente viajaba con su novia y fue detenido en un peaje para luego "sembrarle" armas y explosivos, denunció su partido en un comunicado, exigiendo su inmediata libertad.
"Es un caso indefendible", afirmó Tarek El Aissami, recién designado vicepresidente del país, recordando viejos delitos por los que Caro cumplió una pena de cárcel años atrás.
"Se trata de la captura y desarticulación de estos factores que persisten en transitar por la vía violenta", añadió el funcionario en la televisión estatal.
El vicepresidente acusó también al partido de López, quien fue condenado por los hechos de violencia callejera que dejaron 43 fallecidos en 2014, de estar planificando actos violentos en el marco de nuevas movilizaciones que organiza la oposición para finales de enero.
La detención de Caro es la primera medida que anuncia el vicepresidente luego de que Maduro lo designó ayer líder de un "comando antigolpe".
Desde el Congreso, la oposición anunció esta semana que presionará por una salida electoral a la crisis del gobierno de Nicolás Maduro, después que tribunales del país suspendieron el proceso para activar un referéndum en su contra el año pasado y el presidente, según denuncian, ejerce cada vez más su mandato al margen de la Constitución.
La justicia de Venezuela mantiene en prisión a más de 100 activistas opositores, indican organizaciones de derechos humanos, después de que un puñado de ellos fueran liberados a finales de 2016 tras las conversaciones que se dieron entre representantes del Gobierno y partidos adversarios del presidente y que contaron con la mediación del Vaticano. Pero ese diálogo se congeló por los pocos resultados.