CARACAS (Reuters) - El árbitro electoral de Venezuela paralizó en la noche del jueves, hasta nuevo aviso, el proceso para activar un referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, acatando órdenes de tribunales regionales del país.
La decisión elimina virtualmente la posibilidad de que la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) logre convocar el plebiscito este año, como buscaba.
Si Maduro fuera revocado después del 10 de enero de 2017, sería su vicepresidente quien culminaría el mandato hasta principios de 2019, y el chavismo seguiría en el poder.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) dijo que dio instrucciones de posponer la recolección del 20 por ciento de las firmas de cada estado prevista para el 26, 27 y 28 de octubre, el último trámite que debe cumplir la oposición para conseguir la convocatoria a una consulta popular.
"En apego al marco constitucional, el CNE acata las medidas ordenadas por los tribunales y ha girado instrucciones de posponer el proceso de recolección hasta nueva instrucción judicial", dijo el árbitro.
Líderes del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV) habían anunciado horas antes que presentaron demandas en al menos cuatro tribunales regionales para bloquear el proceso que activaría el revocatorio contra Maduro, quien ha visto caer su popularidad a su peor nivel este año, según sondeos recientes.
Tribunales penales de primera instancia en los estados de Carabobo, Apure, Aragua y Bolívar admitieron las querellas y ordenaron medidas cautelares para detener el proceso.
"Alertamos al cuerpo diplomático en nuestro país que el Gobierno hoy empuja a un escenario muy peligroso y de aumento de la crisis", dijo el líder de la oposición y ex candidato presidencial, Henrique Capriles, en su cuenta de Twitter @hcapriles.
"Maduro se declaró en desobediencia, no respeta la Constitución, hoy abandonó el país y va vía de abandonarlo todo. Qué después no chille", agregó el también gobernador de Miranda.
El presidente emprendió una gira internacional el jueves.
DENUNCIAS DE FRAUDE
Maduro y sus seguidores han denunciado irregularidades en la primera etapa de recolección de firmas para activar el referéndum revocatorio en su contra y acudieron a la justicia para pedir que investigue lo que consideran es un fraude.
Miembros del partido oficialista presentaron la denuncia meses atrás, argumentando que hasta un 30 por ciento de los casi dos millones de firmas presentadas en mayo para dar salida al proceso correspondían a personas fallecidas.
Sin embargo, el CNE validó un número superior a las firmas requeridas para cumplir el siguiente paso, de recolectar un 20 por ciento de los inscritos en el registro electoral, o unos 4 millones de electores. Aquel proceso contó con el aval de representantes de ambos bandos políticos.
De hecho, el órgano estaba finiquitando los detalles para la recolección programada para la próxima semana.
"Quién tiene fuerza no teme contarse. Decisión del CNE (...) reitera debilidad del régimen", opinó el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba.
Por su parte, Diosdado Cabello, el segundo al mando del partido de gobierno, pidió prisión para los opositores responsables de las supuestas irregularidades.
"Esperamos que la justicia llegue y se realicen detenciones contra los responsables del engaño que le han hecho al pueblo", dijo Cabello en un acto político la tarde del jueves.
Durante la noche del jueves, el legislador de oposición Julio Borges denunció en Twitter que un tribunal del estado de Carabobo ordenó la prohibición de salida del país a algunos dirigentes políticos, entre ellos Capriles y Torrealba, en medio del proceso judicial que promovió el oficialismo.
La oposición afirma que el CNE está torpedeando intencionalmente el proceso para evitar que el referéndum se produzca este año.
El árbitro electoral, sin embargo, ha dicho que cumple con los plazos legales y que la consulta se llevaría a cabo el primer trimestre de 2017.