Análisis Económico: Tercer trimestre de 2012

En poco más de dos meses, los votantes acudirán a las urnas para celebrar las que podrían ser unas de las elecciones más importantes en varias décadas. Es imprescindible que el resultado de las elecciones fije una ruta clara hacia las reformas estructurales que impulse la competitividad de Estados Unidos a largo plazo.

En 2009 ya advertimos a nuestros lectores de que el ritmo de crecimiento económico sería considerablemente más lento que en anteriores recuperaciones. Nuestra previsión de crecimiento medio del PIB durante el periodo 2009-2011 era un exiguo 0,4%, mientras que el gobierno esperaba un 2,0%. Por otro lado, la CBO esperaba el ritmo más moderado del 1,2%, y el consenso del mercado se situaba en un decepcionante 1,0%. Al final, el crecimiento medio fue del 0,4% y nuestra previsión resultó acertada. En aquel momento también advertimos de que el crecimiento potencial del PIB bajaría durante la década siguiente al 2,3%, en torno a un punto porcentual por debajo de la media del periodo entre 1992 y 2006. Esta lógica reflejaba tanto una caída de la tasa de participación de la población activa como nuestro análisis de la debilidad estructural de la economía. Sosteníamos que, sin una solución a largo plazo de estos problemas estructurales, Estados Unidos experimentaría una desaceleración de la inversión y de la productividad.

La mayoría de los analistas y responsables políticos no compartían esta opinión. De hecho, tanto las expectativas de crecimiento medio del PIB en 10 años del sector privado como del sector público se han mantenido un poco por debajo del 3% en los dos últimos años. Aunque no nos enorgullece que se haya cumplido nuestra visión de bajo potencial de crecimiento económico, es imprescindible reconocer que la crisis financiera ha tenido consecuencias duraderas en el PIB potencial y que la economía ha acumulado importantes desequilibrios estructurales. Afortunadamente, la creciente intensidad del debate sobre las reformas estructurales indica una mayor concienciación de estos serios impedimentos para el progreso.

Admitir y reconocer estos retos es un requisito previo para resolverlos y, por consiguiente, para impulsar la producción potencial. Sin embargo, las discusiones partidistas, el estancamiento político y el desajuste de los incentivos debilitan las perspectivas de que se lleven a cabo reformas profundas y limitan el éxito. Por tanto, si el próximo gobierno y el Congreso no adoptan medidas audaces que hagan avanzar el país en la dirección correcta, tendremos que resignarnos a que las expectativas de crecimiento sean más bajas.

¿Qué está en juego en las elecciones de este año?
El eje del debate electoral es el tamaño y el alcance del gobierno. Hay dos grandes cuestiones cuya resolución es esencial: la sostenibilidad fiscal y las onerosas regulaciones. Los déficits fiscales, mayores de lo normal y aparentemente perpetuos, agravan una carga de deuda pública ya de por sí elevada. Este patrón de gasto desplaza la inversión privada y genera incertidumbre, lo que limita tanto la contratación como el consumo. Por consiguiente, establecer una ruta para la sostenibilidad fiscal debe ser una de las prioridades máximas. Para llegar a esta ruta, los responsables políticos deben abordar dos retos importantes: un sistema tributario ineficaz y excesivamente complejo de una parte, y unos pasivos contingentes insostenibles de la otra. Sin embargo, ninguno de estos retos tiene una solución sencilla y válida para todos.

En las últimas décadas, la normativa fiscal de EE. UU. se ha convertido en uno de los sistemas tributarios más engorrosos del mundo desarrollado, con un importante sesgo hacia el consumo y el apalancamiento. La ampliación de la base impositiva, la eliminación de resquicios tributarios, el mantenimiento de unos tipos impositivos bajos, la eliminación de los factores que obstaculizan la formación de capital y la simplificación del sistema mejorarán la competitividad global y promoverán el crecimiento.

En segundo lugar, el gasto en programas de protección es la base del pasivo a largo plazo del sector público, y crecerá exponencialmente si no se controla. Si no se toman medidas, las ayudas sociales consumirán una proporción del gasto cada vez mayor, lo cual limitará los recursos disponibles para otras funciones gubernamentales esenciales, como la defensa nacional, la educación y la I+D. Estos pasivos incluyen las prestaciones de jubilación de los funcionarios, la seguridad social, las empresas patrocinadas por el gobierno y, sobre todo, la atención sanitaria. Dado que el sistema de atención sanitaria de EE. UU. es el más caro de los países desarrollados, los pasos hacia la sostenibilidad fiscal deben incluir una reforma global del sistema que reduzca las ineficiencias para bajar los costes, ampliar la cobertura y mejorar los resultados. Sin embargo, muchas de estas prestaciones se iniciaron y se ampliaron para obtener victorias políticas a corto plazo, sin preocuparse de las repercusiones fiscales que tendrían a largo plazo. Así pues, hacer cambios implica superar la inercia y exponerse al desgaste del capital político, una propuesta difícil para cualquiera que se dedique a la política.

En estas elecciones también está en juego el exceso de regulación y la excesiva intervención del gobierno, factores que desincentivan la inversión y conllevan una errónea asignación de recursos, con el consiguiente descenso del crecimiento del progreso tecnológico. Aunque nunca ha sido fácil elegir el equilibrio justo, el gobierno debe centrarse en respaldar medidas eficaces que fomenten el emprendimiento privado y defiendan los valores de la sociedad en lo que respecta al medio ambiente, la protección de los consumidores y la política exterior.

El compromiso de los cargos electos para adoptar las medidas necesarias que garanticen la sostenibilidad fiscal y estimulen el emprendimiento es un primer paso para abordar otros problemas que frenan nuestro rendimiento económico. Hacer frente a estos problemas implica replantear la política energética, cerrar la brecha en la dotación de infraestructuras, mejorar la calidad de la educación pública, actualizar las leyes de inmigración de modo que reflejen la realidad, y modernizar los elementos del proceso político para acelerar la puesta en marcha de las reformas.

Aunque el entorno actual comparte algunas similitudes con otros periodos poscrisis, en que los responsables políticos lograron avanzar seguros en aguas peligrosas, en la actualidad hay numerosos retos de largo alcance que hacen que navegar en estos mares plagados de icebergs sea más delicado y complejo. Los riesgos de las próximas elecciones son elevados, y los votantes deben elegir una agenda que reconozca los obstáculos y trace una ruta clara y decidida. Posteriormente, todos los votantes deben subir el listón y exigir resultados para que los cargos electos cumplan sus promesas. Con las reformas adecuadas, nuestra previsión de crecimiento del PIB potencial podría incrementarse un par de puntos porcentuales y, por consiguiente, revigorizar el motor de crecimiento económico de Estados Unidos.