De acuerdo a estimaciones de la CEPAL, las pérdidas económicas derivadas del sismo de 1985 ascendieron a 4,103.5 millones de dólares, que en precios actuales se traduce a 9,268.5 millones de dólares, lo cual equivale al 2.7% del PIB estimado para ese año.
Del total, aproximadamente el 87% correspondió a daños directos en infraestructura, mientras que el 13% restante fue producto de daños indirectos, esto incluye pérdidas de ingresos o producción, mayores gastos para la prestación de los servicios, y gastos derivados de la emergencia y rehabilitación temporal. Al interior de los daños directos, el sector público fue el más afectado, con el 34% del total de los daños, seguido por la vivienda con el 15.7%, el sector salud con 15.4%, la infraestructura educativa (11.4%) y la pequeña industria y comercio (8.9%).
Tanto en 1985 como en 2017, las zonas afectadas por los terremotos contribuyen de manera importante en la actividad productiva mexicana, no obstante, la magnitud de dicha contribución ha disminuido en el tiempo. En 1985, la Ciudad de México contribuía con el 21%, seguido del Estado de México con 11%, Jalisco con 6.7%, Colima con 0.54%, Guerrero con 1.74% y Michoacán con 2.31%, que en su conjunto representaban el 43% del PIB en ese año. Por su parte, los datos más recientes indican que la Ciudad de México representa el 17%, el Estado de México 9%, Morelos 1.17%, Puebla 3.16%, Oaxaca 1.55% y Chiapas 1.64% sumando 33.3% del PIB.
Es de esperarse que existan efectos negativos sobre el crecimiento económico, producto del incremento en costos y externalidades negativas para varios sectores de la actividad económica, particularmente el sector servicios y en el consumo familiar, dado que, las aseguradoras tendrán que pagar los seguros de los daños en bienes inmuebles, el retraso o suspensión de viajes en avión o en carretera, entre otros, lo que se traduce en costos que las empresas tendrán que asumir y que se traducirán en un crecimiento menor del sector servicios durante el tercer trimestre. Obviamente, también está la situación de las familias que quedaron sin hogar, las oficinas que quedaron inhabilitadas y la disminución en la confianza del consumidor causada por la tragedia.
Con los datos disponibles se estima que el reciente terremoto tendrá como consecuencia macroeconómica una pérdida de 0.2 puntos porcentuales sobre el PIB de este año. Hacia adelante, para el crecimiento económico del 2018 dependerá de qué tan rápido se realicen los trabajos de reconstrucción de los edificios, el turismo en la región se recupere y en general que la actividad económica se normalice en las zonas afectadas por el sismo.
Desde el punto de vista macroeconómico la menor afectación por este terremoto se debe a que la estructura de mercado es muy diferente a la de 1985, cuando se tenía un control significativo de los precios, una mayor participación del gobierno en la actividad económica del país y en general la actividad económica estaba más concentrada en el centro del país. Cabe destacar que en esa época el país aún no se abría por completo al comercio internacional, por lo que industrias exportadoras eran más pequeñas y se ubicaban en la región central del país, a diferencia de hoy (en 1985 los estados afectados por el sismo representaban más del 50% de la actividad manufacturera del país, en 2015 este número se redujo a 30%).
Asimismo, en la actualidad se cuenta con el FONDEN que es un fondo para desastres y también se tiene el bono de desastres del Banco Mundial, que en teoría deberían de agilizar la reconstrucción y por lo tanto la actividad económica de la región afectada.