Los riesgos de un retorno de las tensiones proteccionistas se han vuelto a reactivar durante las últimas semanas. Todo empezó en el mes de enero, cuando la administración Trump elevó los aranceles a las importaciones de paneles solares y lavadoras, lo que ha provocado, en este último caso, un incremento de precios cercano al 18% desde principios de año. Más tarde se decidió gravar las compras en el exterior de productos intermedios, como el acero (25%) y aluminio (10%), que ahora se aplica indiscriminadamente, tras un período de exención a determinados países y regiones (entre ellas, la UE).
La semana pasada, EE.UU. decidió centrar su objetivo unilateralmente en China, al imponer un gravamen del 25% a bienes importados del país asiático por valor de 50.000 millones de dólares (1.300 productos), a lo que China respondió con un gravamen aplicado a un volumen proporcional de importaciones procedentes de EE.UU.. Finalmente, esta semana la tensión aumentó de intensidad, cuando EE.UU. anunció un nuevo arancel (10%) a otros 200.000 millones de dólares de productos manufacturados en el país asiático. Es decir, si al final se cumplen las amenazas, de un plumazo Trump habría elevado los impuestos a la mitad de las importaciones procedentes de China. Una manera muy burda de intentar reducir el déficit comercial con China y de recuperar los puestos de trabajo perdidos por el cinturón industrial americano en las últimas décadas. Sin tener en cuenta que las ventajas competitivas americanas ya no se encuentran en el mismo lugar que en la década de los 70 y que la liberalización comercial ha conllevado beneficios para las empresas y también para los consumidores americanos, que han podido comprar una gama de productos con mucha mejor relación calidad-precio (compensando el estancamiento de los salarios reales). Y esta relación, a la vez, ha permitido financiar en términos muy beneficiosos al Tesoro americano. Ahí se encuentra la última trinchera del conflicto y más vale que las hostilidades no se aproximen a la misma, porque estaríamos hablando de la estabilidad financiera global.
Además, aunque el objetivo de las autoridades americanas es identificar productos que no dañen a las cadenas de valor en las que participan activamente sus empresas, parece muy difícil que no se vayan a ver alteradas, teniendo en cuenta las interconexiones alcanzadas en las últimas décadas por los flujos comerciales, como se puede comprobar en la importancia creciente de los bienes intermedios en los movimientos comerciales. La pregunta en estos momentos es: ¿cuándo se percibirán los primeros efectos negativos y qué impacto tendrán en crecimiento? Las primeras estimaciones indican el cuarto trimestre de este año como el momento en el que se pueden empezar a percibir los efectos en beneficios y crecimiento. Es cierto que, en el corto plazo, los efectos serán moderados, no en vano, EE.UU. es una economía que crece en términos anualizados más de un 3% y con una política fiscal procíclica. Pero en los escenarios de medio plazo (2019-2020), por cada 10% de subida de arancel medio entre China y EE.UU. ya se empiezan a estimar efectos negativos anuales en el PIB equivalentes a un punto porcentual. Y, desde luego, la incertidumbre no favorecerá a los planes de inversión del sector privado americano.
Y el temor es que las empresas europeas terminen pagando el pato de algo que, desde luego, no va a ser un juego de suma cero. Esta semana, Daimler (DE:DAIGn) reconocía que el beneficio operativo de 2018 será inferior al de 2017 (profit warning), por el efecto del aumento de aranceles chinos a los vehículos fabricados en EE.UU. (hasta el 40%), lo que provocó fuertes caídas en bolsa del sector automovilístico europeo. Tanto Daimler como BMW (DE:BMWG) venden más de 60.000 SUVs en China producidos en sus plantas americanas. Mientras las compañías americanas (Ford (NYSE:F) o GM) prácticamente todo lo que producen lo fabrican en la propia China. Como el arancel chino a automóviles europeos se mantiene en el 15%, todo ello puede provocar movimientos de inversión directa que no favorecerían precisamente a EE.UU.. Confiemos que este movimiento de acción reacción se pare en los próximos meses.
Mientras tanto, en el ámbito doméstico, analizar las tendencias demográficas de nuestro país suponen poner encima de la mesa uno de los principales problemas que se deben abordar con una visión de medio y largo plazo, por las implicaciones negativas de todo tipo (económicas, sociológicas, etc) que se derivan de dichas tendencias. El declive demográfico de España comenzó en 2015, cuando tuvo por primera vez un crecimiento vegetativo negativo, algo que se ha convertido en tendencia. El gap negativo entre nacimientos (391.930) y defunciones (423.643) se amplió el año pasado, llegando a duplicar -en algunas CCAA- la tasa bruta de mortalidad a la tasa bruta de natalidad. Es decir, la demografía puede ser uno de los factores más importantes a la hora de explicar las desigualdades territoriales en un futuro. Según la OCDE, de no cambiar las cosas, seremos la segunda sociedad más envejecida del mundo en 2050, tras Japón. Además, empeoran otros indicadores demográficos que lastran la capacidad de crecimiento futuro de la población y, por tanto, la capacidad potencial de la economía española, como son el descenso de las mujeres en edad fértil, la caída de la tasa de fecundidad (1,31 hijos por mujer, la más baja de Europa) o el aumento de la edad media a la maternidad y al matrimonio. El resultado es que en 2017 han nacido en España 18.653 niños menos que en 2016 (-4,5%) y un 24,6% menos que en 2008, siendo la cifra más baja desde 1999. Según un estudio del Centro de Estudios Demográficos, entre el 25% y el 30% de las mujeres nacidas en la segunda mitad de los 70 no serán madres (5% por voluntad propia y el resto por factores económicos estructurales). Paul Krugman piensa que si la productividad no es todo, en el largo plazo es casi todo. Sin embargo, en países como el nuestro, hay que añadir la demografía como factor determinante en el largo plazo.