Hoy en día se realizan propuestas para reactivar la economía tras la crisis del COVID-19. Se considera que el nuevo RD-ley 16/2020 deja fuera cuestiones importantes que podrían ayudar a reflotar a muchas empresas y particulares ante la avalancha de concursos que se avecina por el COVID-19.
Se pueden englobar una serie de propuestas de urgencia, que constituyen una primera exploración de medidas de carácter eminentemente técnico agrupadas en base a algunas de la principales áreas de trabajo de los economistas: mercantil-concursal; fiscal; laboral; financiero, y cuestiones transversales.
Concursal-Mercantil
Desde el Consejo General de Economistas, se considera razonables algunas de las medidas incluidas en el RD 16/2020, entre ellas, que no computen las pérdidas de este año en las causas de disolución de las empresas, o que se haya ampliado la suspensión del plazo para que las empresas insolventes se declaren en concurso hasta el 31 de diciembre –ambas medidas fueron solicitadas en su día por este Consejo General–. No obstante, se echa de menos la inclusión de otras medidas importantes, como las siguientes:
- Medidas de carácter técnico organizativo:
- Mejorar la eficiencia en la organización y desempeño de juzgados y tribunales con criterios empresariales: realizar una relación de los asuntos más urgentes que llevan los Juzgados de lo Mercantil, dando prioridad en los próximos meses a las insolvencias (frente a marcas…).
- Procedimientos de segunda oportunidad:
- Urgente adaptación de la legislación a la Directiva de Insolvencia.
- Además de incluir al crédito público, se propone establecer un procedimiento menos gravoso, más rápido y menos formalista (según escalas y límites: para determinados niveles de renta y pasivo).
- Modificar la D. A. 2ª de la Ley 25/2015, de 28 de julio, en el sentido de establecer una remuneración justa para el mediador concursal, posterior administrador concursal en el concurso consecutivo. En especial, deberían eliminarse las reducciones previstas (70% si se trata de persona natural sin actividad económica, 50% si tiene actividad económica y 30% para el caso de sociedad).
- Reformas normativas:
- Eliminar la sucesión laboral y de la Seguridad Social en la compra-venta de unidades productivas. Persiste en la Ley Concursal este privilegio en cuanto a las cargas sociales en la sucesión de empresa.
- Extensión de plazos en el marco de los acuerdos de refinanciación en línea con lo establecido en la Directiva de Insolvencia: se propone incrementar el plazo de negociación para los acuerdos de refinanciación y los acuerdos extrajudiciales de pago, al menos en dos meses más, para dar tiempo a la refinanciación (así se podría llegar a 6 u 8 meses).
- Impulso al profesional de la prevención concursal y reestructuración:
-Impulso de la mediación mercantil, societaria y, especialmente, concursal:
- De acuerdo con el Anteproyecto de Ley de reforma de la mediación, se podrían incluir algunos procedimientos establecidos para desatascar determinados juzgados. Serían medidas de impulso de la mediación civil y conflictos societarios. La importancia de combinar las soluciones variadas a la insolvencia: mediación, refinanciación, reestructuración, acuerdos extrajudiciales de pagos, propuesta anticipada de convenio…
-Mayor flexibilización del crédito público, tanto en la fase preconcursal como en la concursal:
- Necesario limitar los privilegios del crédito público tanto en fase preconcursal como concursal para poder impulsar soluciones concursales, preconcursales (acuerdos de refinanciación) como extraconcursales (mediación concursal y segunda oportunidad).
-Procedimientos específicos para pymes, micropymes y autónomos:
- En el nuevo Real Decreto-Ley aprobado (de medidas procesales y organizativas para hacer frentes al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia) incluir algún procedimiento específico para pymes, micropymes y autónomos. Sería necesario establecer procedimientos específicos para autónomos, pymes y microempresas (99% de las empresas españolas).
- Definición más económico-empresarial de la insolvencia
- La definición de insolvencia es más bien de tipo jurídico e indeterminada. Debería incluirse una definición más económica y empresarial y más determinada, que permita su detección más temprana.
- Problema de traducción en la versión española del concepto de insolvencia: en otras versiones de la traducción de la Directiva de Insolvencia en otros países europeos, se incluye correctamente como “probabilidad de insolvencia”, y en la versión en española se ha traducido por “insolvencia inminente”. Dado que la Directiva impulsa los procedimientos de refinanciación y reestructuración temprana, si se mantiene la definición de insolvencia inminente de la versión en castellano de la Directiva (y no se tiene en cuenta la realizada en la versión en inglés, francés, alemán, italiano, portugués… de “probabilidad de insolvencia”), se dificultará la posibilidad de poder recurrir con mayor antelación a estas herramientas de preinsolvencia que puedan evitar el concurso de acreedores.
Fiscal
-Impuesto sobre Sociedades
- Ampliación de la Reserva de Nivelación. Que, con efectos para ejercicios iniciados en 2019, se amplíe el ámbito subjetivo de aplicación de la reserva de nivelación, ahora regulada en el artículo 105 de la LIS, más allá de las entidades de reducida dimensión, a la vez que se incrementa el porcentaje de minoración de la base imponible del ejercicio del 10 al 30%.
- Libertad de amortización. Se propone modificar el artículo 102 de la LIS en dos direcciones: primera, que a estos efectos computen como trabajadores los afectados por un ERTE; y segunda, que 2020 no se tenga en cuenta a efectos de cálculo de los promedios, teniendo solo en cuenta 2019 –salvo que 2020 fuera mejor–.
- Contratos de arrendamiento financiero.
- Limitación a la deducibilidad de los gastos financieros.
- Compensación de bases imponibles negativas (BIN´s) y aplicación de deducciones de ejercicios anteriores.
- Pérdidas por deterioros de créditos.
- Deducción por inversiones relacionadas con el teletrabajo y con la adaptación del trabajo a las necesarias medidas de distanciamiento.
- Deducción por donativos, donaciones y aportaciones.
- Ampliación del plazo de autoliquidación. Como la normativa mercantil se ha modificado ampliando, para ejercicios iniciados en 2019, los plazos de formulación de cuentas anuales y de aprobación de las mismas, 3 y 6 meses después de que finalice el estado de alarma –artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020–, respectivamente, para conjugar estos nuevos plazos con el de autoliquidación establecido en el artículo 124.1 de la LIS –25 días naturales siguientes a los 6 meses posteriores a la conclusión del período impositivo–, seguramente sería necesario modificar el fin del plazo voluntario para autoliquidar el impuesto.
-Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
- Imputación temporal y saldos de dudoso cobro.
- Deducción por donaciones, donativos y aportaciones.:
- Ampliación del plazo de autoliquidación. La posibilidad de ampliar el plazo más allá del 30 de junio.
-Impuesto sobre el Valor Añadido
- Recuperación de cuotas de IVA repercutidas y no cobradas. Flexibilizar las condiciones y acelerar la recuperación de las cuotas de IVA repercutidas y no cobradas. Por ello, proponen modificar el artículo 80.Cuatro de la LIVA en el sentido de rebajar los plazos para poder reducir la base imponible que, con la redacción vigente, son de 1 año de 6 meses para grandes empresas y pymes, respectivamente.
-Otras medidas fiscales
- IBI: Establecer una reducción en el IBI de 2020 de todos los locales afectos a las mismas.
- Seguridad jurídica y lucha contra el fraude: Debe establecerse un buzón electrónico único, a través del cual los administrados puedan tener conocimiento y acceso a las notificaciones y comunicaciones de los múltiples entes, organismos, instituciones, órganos y dependencias públicos, sin verse sorprendidos por actuaciones ejecutivas de las que no habían sido materialmente notificados. Luchar contra el fraude y la economía sumergida con medidas como la aplicación intensiva de las nuevas tecnologías, la potenciación de la facturación electrónica, extendiéndola cada vez más en el sector privado, y la implantación de incentivos para que se generalicen los pagos con medios electrónicos.
- Facilitar la regularización voluntaria de los contribuyentes: como es posible que determinadas autoliquidaciones tributarias se tengan que ingresar fuera de plazo, para incentivar que se realice sin requerimiento previo, se propone avanzar en la reducción de los porcentajes de los recargos –artículo 27.2 LGT– como estaba ya previsto en el Anteproyecto de ley de medidas antifraude redactado en la anterior legislatura.
Laboral
Medidas que favorezcan la vuelta al trabajo con garantías de salvaguarda del empleo, minimicen el coste empresarial y permitan una progresiva recuperación de la economía.
- Que los autónomos coticen a la Seguridad Social en función de su facturación real.
- Flexibilizar las condiciones exigidas para los ERTES de fuerza mayor en cuanto al mantenimiento de empleo en los seis meses siguientes.
- Unificar los requisitos, procedimientos y plazos en temas laborales en todas las Comunidades Autónomas.
- Durante el estado de alarma y en relación con el teletrabajo, y ante la dificultad de las empresas de cumplir con el registro laboral, suspensión de esta norma hasta que se termine el periodo de teletrabajo.
- Considerar suficiente una reducción de ingresos del 50% en la facturación para poder recibir la prestación por cese de actividad, y también en la tramitación del ERTE por causas económicas (estableciendo la comparación del mes de la incidencia, no el anterior).
- Eximir de la cotización y pago de las cuotas de autónomo durante los dos primeros años de actividad, ya sea ejercida esta como persona física o a través de una sociedad mercantil, a aquellas actividades de base tecnológica. Debe tenerse en consideración que las actividades de base tecnológica, en sus primeros años de actividad, sus ingresos son limitados o nulos, puesto que están centrando sus esfuerzos en la puesta en marcha de su proyecto.
Financiero
- Flexibilización de las condiciones de préstamos y créditos, en vigor o nuevos, para aquellas pymes y autónomos afectados por el COVID-19, ampliando la moratoria en la devolución de los préstamos –sean o no hipotecarios–, así como ampliando el periodo de amortización, con objeto de reducir el importe de las amortizaciones de estos.
- Ampliar la línea de avales aprobada en el artículo 9 del Real Decreto Ley 11/2020 a los autónomos y pymes con contrato de arrendamiento de un inmueble afecto a la actividad económica cuando estén en esa situación de vulnerabilidad.
- Permitir acceso a la financiación ICO (ya sea financiación del ICO o mediante avales) a aquellas empresas que estén en situación de morosidad en el CIRBE por deudas no materiales o en procedimientos concursales a excepción de los concursos a los que se refiere el artículo 176bis (concurso express) con objeto de estimular el salvamento y la reflotación de las empresas, particularmente pymes, limitando y evitando su liquidación.
- Potenciación de mecanismos de inversión como Venture Capital, Business Angels, así como otras fórmulas de financiación colectiva como crowdlending o crowdfunding, así como cualquier forma de capital riesgo.
- Dotar a la Gestora de Capital Riesgo del ICO de los fondos extraordinarios y la posibilidad para que contribuyan a la capitalización transitoria de algunas de las empresas participadas de los diferentes private equity para así dotarlas de mayor estabilidad y que puedan seguir en el mercado.
- Creación de un Macro Fondo de Gestión Pública-Privada de aportaciones tanto de los ciudadanos (ahorro) y de los entes públicos, con desgravación fiscal para los ciudadanos, cuyo objeto sea destinarlo a capitalizar o ayudar a las empresas –especialmente a las pymes–.
Cuestiones transversales
- Establecer un procedimiento de urgencia, de tal forma que todas las deudas públicas del Estado con proveedores de bienes y servicios que sean pymes y autónomos se paguen de inmediato (desde ayuntamientos, CCAA, Estado y empresas públicas); así como agilizar el pago de ayudas y subvenciones de manera inmediata, sin alargar los trámites burocráticos, formales, de aquellas que están ya concedidas. Facilitar también la aprobación de un mecanismo de compensación inmediato a pymes y autónomos, entre sus deudas fiscales y deudas de la administración pública con estas.
- Flexibilizar obligaciones de cumplimiento normativo como protección de datos, compliance penal, blanqueo de capitales con un nivel de riesgo bajo, que, en estos momentos, puedan ralentizar la reactivación de la actividad de pymes y autónomos. Así mismo, se debe potenciar y facilitar la creación telemática de nuevas empresas y startups, dotando a los PAIT de mayores recursos, en colaboración con los notarios y resto de administraciones públicas.
- Se considera prioritario que desde el nivel político se dé orden a los servicios municipales, provinciales, comarcales y autonómicos de no retrasar o demorar cualquier licencia, permiso, tasa, requisito necesario para volver a abrir o retomar la actividad.
Reforma laboral
- Creación de un contrato único indefinido con indemnización de 20 días por año trabajado y máxima de una anualidad (sin retroactividad)
- Reforma del sistema de cobertura por desempleo para alinearla con otros países europeos, vincular el paro a la formación y retirar su cobro si se rechazan ofertas de empleo. Retirada gradual del per
- Primacía del convenio de empresa por delante de los estatales, provinciales y locales
- Despido objetivo para bajas reincidentes no justificadas para combatir el absentismo laboral
- Reducción significativa del número de liberados sindicales
- Flexibilidad interna (de jornada y salario) por modificaciones sustanciales de producción, actividad o desplazamiento de centros de producción
- Potenciar los contratos para jóvenes mediante contratación formativa muy flexible con escaso o nulo coste empresarial
- Ampliar a toda la vida laboral el periodo de cálculo de las pensiones
- Aumentar los incentivos fiscales para promover los planes privados de pensiones
Fomento de la actividad emprendedora
- Promover los incentivos fiscales hacia la actividad emprendedora, incluyendo el crédito fiscal para las empresas que empiezan
- Potenciar la financiación a las pequeñas empresas a través del ICO
- Creación de una ventanilla electrónica única para facilitar y abaratar los trámites para la creación de empresas
- Estimular la innovación con medidas presupuestarias, legales y fiscales
Medidas fiscales
- Reforma del Impuesto de Sociedades para incentivar la inversión y la creación de empleo
- Lucha contra la economía sumergida y reforma del régimen de módulos para impidir el uso de las facturas falsas y el fraude fiscal
- Promover la reducción de las cotizaciones sociales, que se podría compensar con subidas del IVA
Administraciones públicas
- Techo de gasto para todas las administraciones públicas
- Armonización de las estadísticas para controlar las trampas contables del gasto en todas las administraciones
- Reforzar el papel y los medios del Tribunal de Cuentas para que pueda llevar a cabo un mayor control de las cuentas públicas
- Reforma de la ley de morosidad para obligar a pagar a las Administraciones Públicas en tiempo y forma
- Fusión de municipios pequeño y Modificación o supresión de las diputaciones
- Limitación progresiva de las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y patronales
- Reducir el número de empleados públicos eventuales, con especial hincapié en el personal de libre designación del Estado, las autonomías, de los ayuntamientos y de las empresas públicas
- Puesta en marcha de un sistema de evaluación de los empleados públicos que vincule la remuneración a los resultados
Competencia
- Libertad en los horarios comerciales
- Implantar la libertad de colegiación en la práctica totalidad de las profesiones
- Reforma legislativa para potenciar la independencia de los organismos reguladores (CNC, CNMV, CNE y CMT) respecto del poder político
Privatizaciones
- Privatizaciones o cierre de las televisiones autonómicas
- Acelerar las privatizaciones_en el sector del transporte de mercancías y de viajeros por ferrocarril
- Drástica reducción de las numerosas empresas públicas y entes estatales, autonómicos y municipales
Mercados financieros
- Reforzar el poder supervisor de la CNMV y del Banco de España
- Endurecer la legislación para evitar las malas prácticas financieras y la información privilegiada
- Agilizar la intervención de entidades financieras con problemas y apartar automáticamente a sus gestores antes de recibir ayudas y nuevos fondos
Sanidad
- Copago selectivo para corresponsabilizar a los usuarios con la viabilidad del sistema sanitario, sin penalizar a las rentas más bajas
- Prestación estándar y unificada a nivel nacional de los servicios sanitarios gratuitos
- Introducción de herramientas empresariales en la gestión de hospitales y centros sanitarios
Sector exterior
- Impulsar el comercio exterior mediante la mejora de los convenios de doble imposición y firmar convenios con los países que no haya
- Incentivos fiscales a las pymes para impulsar su internacionalización
- Unificar servicios de promoción exterior en el extranjero para evitar la dispersión autonómica actual
Energía
- Avanzar en el proceso de liberalización de las tarifas reguladas del sector eléctrico. Resolver definitivamente el problema del déficit de tarifa
- Despejar la incertidumbre regulatorias sobre el sector de renovables, con una normativa que establezca un marco retributivo (primas) y de desarrollo a medio y largo plazo
- Energía nuclear: Consensuar un escenario energético para la energía nuclear a largo plazo y resolver el tema del almacén de residuos.
- Eliminación de los subsidios encubiertos a sectores como el carbón, a través de la factura eléctrica para fomentar la competitividad del sector
Educación
- Elaborar una nueva ley de calidad de la enseñanza que recupere los valores del esfuerzo y el sacrificio del alumnado y la autoridad del profesor
- Garantizar la enseñanza en castellano en todo el territorio en igualdad de condiciones que otras lenguas oficiales y potenciar la formación bilingüe
- Crear una verdadera relación entre la universidad y las empresas para adecuar las formaciones universitarias a las verdaderas necesidades laborales de la industria y los servicios
- Mejorar y potenciar la formación profesional para convertirla en una opción atractiva para los estudiantes
Justicia
- Crear un sistema que premie la productividad y penalice la ineficiencia de los juzgados
- Aprobar una ley de mediación que Ayude a descongestionar y agilizar el trabajo judicial, ya que no todos los conflictos deben judicializarse
- Independencia del Poder Judicial mediante un pacto político que logre implantar la independencia efectiva del Poder Judicial
Y como último punto la creación del Nuevo Ministerio de Auditoría y Control
¿Os habéis parado a pensar qué cantidad ingente de dinero desfalcan ciertos políticos, y el sistema socio-político en general? ¿Tenemos la trazabilidad de que las personas que cobran subvenciones son personas que son susceptibles de cobrarlas? ¿Se controla de verdad?¿Control en ciertos contratos menores?¿Noticias sobre gente que cobra subvenciones estando en sus países ayuda a crear una sociedad transparente? Cruzar datos de gente que nunca han cotizado y siguen cobrando ciertas ayudas, tiene que ser algo a estudiar por parte de este nuevo Ministerio u órgano consultivo. Para crear ministerios, hagámoslo de forma coherente, y reduzcamos ministerios y número de políticos, y se reinvierta en formación y desarrollo del tejido productivo.
Anualmente la IGAE realiza trabajos de control financiero permanente y de auditoría pública sobre el sector público estatal, basados en un enfoque de análisis de riesgos. Viendo los resultados, hace falta incidir en la correcta gestión de lo público. Somos de los que no queremos pagar el IVA a la empresa que nos ha hecho una pequeña reforma, y queremos políticos honrados.
Si destinásemos a crear un ministerio de auditoría y control del gasto de cada región así como del gobierno central y partidos, con un control exhaustivo a toda cuenta de gasto, subvenciones a gente de España y de los migrantes de cualquier país, a un estricto control de la sanidad y sus gestiones bilaterales, como de todos los entes públicos atrayentes a gente de moral dudosa.
Si destinásemos un 10% del caso de corrupción de lo público, serían muchos millones de euros destinados a otras grandes partidas. Si se planifica a medio plazo los resultados serían magníficos seguro. Este Ministerio enlazado con el departamento de Hacienda, y el control exhaustivo, haría que fuésemos una sociedad más productiva, más transparente, con valores de esfuerzo y de progreso. La gente mediocre que nos gobierna, debemos señalarlos. Tenemos que tener a los mejores en los órganos de gobierno y gestión. Pegacarteles de partido y gente sin experiencia, deben ser relegados a la empresa privada para que se curtan.
Pensar en un salario medio durante los 12 meses del año, con sus dos pagas si las tienes, y en una vida laboral de 40 años, vamos TODA LA VIDA TRABAJANDO, vas a ingresar una cantidad honrada. Ahora descuenta el préstamo que no desgrava ni en primera vivienda ni en segunda residencia, agua, luz, gas, IBI, renta, alimentación, dentistas, colegios ...ah! y piensa que de todo pagas IVA, vamos que devuelves al estado entre el 10% y el 21%. ¿Qué nos queda?
La modernez del sesquipeladismo más propio de principios de siglo, es algo que está haciendo un daño atroz a la sociedad que tiene que sacar una generación hacia un futuro con luces.
Hoy se habla de 1.200 millones de euros o de 120 de otros o de … gracias al poder fáctico de prensa sesgada, con su "libertad", y a las redes sociales nos enteramos de algo, que mañana olvidaremos hasta el próximo caso.
Pero ...¿y el dinero? ¿Alguien lo devuelve? La reducción del espectro de número de políticos vende humos, las pensiones o la apuesta en I+D+I, o la apuesta en una economía keynesiana contribuyendo en la regeneración de la economía, sería otro punto a destacar.
No podemos permitir este desfalco, ni lecciones de moralidad de partidos que dicen una cosa en plató de TV y en el congreso hacen otra. Hay límites que no se deben cruzar en beneficio de nuestro estado de derecho. Tenemos pasado, presente y más futuro. Que no nos quiten las ganas de soñar.