Comparecencia del gob. del Banco de España ante la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados

20 de junio de 2013

Comparecencia del gobernador del Banco de España ante la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados

Congreso de los Diputados

Luis M. Linde
Gobernador

Señorías:

Comparezco ante esta Comisión con motivo de la presentación del Informe Anual del Banco de España correspondiente a 2012, uno de los ejercicios más difíciles para la economía española de las últimas décadas.

Comenzaré con un repaso de la evolución económica general, para centrarme después en los avances que se están logrando en la recuperación de los grandes equilibrios de nuestra economía, la evolución del crédito y el endeudamiento de las empresas y las familias, los progresos realizados en el saneamiento y reestructuración de nuestro sistema bancario, las reformas en materia de regulación financiera y los avances en el proyecto de la Unión Bancaria Europea, para terminar con una reflexión sobre las perspectivas de nuestra economía.

Situación y perspectivas de la economía española

La economía española mantuvo durante todo el año 2012 el tono contractivo que comenzó a evidenciarse a finales de 2011. El PIB retrocedió un 1,4 % en el ejercicio, muy por encima de la caída registrada en el conjunto del área del euro, que se cifró en un 0,5 %. Esta segunda recesión, menos intensa en términos de la caída del producto, pero más persistente que la de los años 2008-2009, ha tenido consecuencias especialmente graves en el empleo, que en 2012 se contrajo por quinto año consecutivo.
Las grandes cifras macroeconómicas y financieras que nos dejó el año 2012 hablan por sí solas de la intensidad de los ajustes tratando de superar los graves desequilibrios aparecidos durante el último ciclo expansivo.

El descenso de la renta de los hogares, provocado, sobre todo, por la fuerte caída en el empleo, junto con su elevado nivel de endeudamiento, siguieron ejerciendo, en un contexto global de incertidumbre, un efecto contractivo en su capacidad de gasto. Las empresas, muchas de las cuales también están inmersas en procesos de desendeudamiento y saneamiento financiero, redujeron, un año más, sus inversiones, al tiempo que prosiguió el ajuste en el sector de la construcción. Por su parte, las Administraciones Públicas acompasaron sus planes de gasto a la necesidad de reducir el déficit público, tras la grave desviación presupuestaria con que se cerró 2011.

Todos estos factores se conjugaron para determinar una fuerte caída de la demanda nacional, solo parcialmente compensada por la contribución positiva del sector exterior. Las importaciones retrocedieron con fuerza, reflejando la propia debilidad de la demanda final, mientras que las exportaciones volvieron a mostrar un tono expansivo, a pesar del mal comportamiento de los mercados del área del euro, a los que todavía destinamos la mitad de nuestras ventas al exterior.

Sin embargo, los meses transcurridos de 2013 parecen confirmar que la peor fase de esta segunda recesión ha quedado atrás. Las mayores caídas del producto se produjeron a finales del año pasado y los últimos datos apuntan a una moderación en la contracción del PIB que, a finales de año, incluso a partir del tercer trimestre, podría dar paso a tasas positivas de crecimiento.

El proceso de consolidación fiscal

Durante el pasado ejercicio, se dieron pasos significativos para reducir el déficit público y fortalecer el marco de disciplina y gestión presupuestarias.

En el primero de estos ámbitos, aunque se aplicaron medidas, tanto por el lado del gasto, como por el de los ingresos, hay que subrayar que el grueso del esfuerzo se llevó a cabo a través de la reducción de gastos, permitiendo reducir la necesidad de financiación del conjunto de las Administraciones Públicas al 7 % del PIB, el 10,6 % cuando se incluyen las ayudas a las instituciones financieras, que son de naturaleza no recurrente.

El mes pasado, la Comisión Europea anunció una nueva senda de consolidación fiscal, con el 6,5 y el 5,8 % como nuevos objetivos de déficit para este año, 2013, y para 2014, y en el entorno del 4% para 2015, de modo que el umbral del 3 % que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento se alcance en 2016. Este margen adicional permitirá suavizar el impacto contractivo a corto plazo del ajuste fiscal sobre la actividad.

En materia de disciplina y gestión del gasto público debo mencionar, en primer lugar, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria de abril de 2012, en la que se desarrollaron los principios de limitación del déficit estructural y del volumen de deuda incorporados a nuestra Constitución en 2011.

Dicha Ley Orgánica establece mejoras muy relevantes en cuanto a transparencia de las cuentas públicas. Muchas de estas mejoras se han puesto en marcha a lo largo de 2012 y primeros meses de 2013. En disponibilidad de datos sobre la actuación financiera y presupuestaria de las Administraciones Públicas, España se sitúa ahora, probablemente, a la cabeza de los países de la Unión Europea.

Para señalar las mejoras más importantes, en primer lugar, la Ley de Estabilidad establece unos requisitos mínimos de información que deberán proporcionar las administraciones territoriales, incluyendo liquidaciones mensuales de ingresos y gastos de las Comunidades Autónomas, y trimestrales en el caso de las Corporaciones Locales, así como la información necesaria para calcular la ejecución presupuestaria en términos de Contabilidad Nacional.

Por otra parte, desde junio de 2012, la Intervención General de la Administración del Estado publica de manera regular cuentas trimestrales de todos los subsectores de las AAPP en términos de Contabilidad Nacional, incluyendo a todas las CCAA de manera individual y el agregado de las CCLL.

Asimismo, desde octubre de 2012 se publican, de manera regular, las cuentas mensuales de las CCAA en términos de contabilidad presupuestaria y, desde marzo de 2013, en términos de Contabilidad Nacional. También en marzo pasado se comenzaron a publicar datos mensuales en Contabilidad Nacional relativos a la Administración Central y a la Seguridad Social, que complementan los datos mensuales del Estado en Contabilidad Nacional y Caja, y los datos mensuales relativos a la Seguridad Social en términos de Caja que se publican desde hace más de tres décadas.

Aparte de estas mejoras en cuanto a información, la Ley de Estabilidad incorpora mecanismos de corrección de las desviaciones en la ejecución de los presupuestos. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, cuya creación está prevista para finales de este año completará este nuevo marco de gobernanza.

El sistema de pensiones

La sostenibilidad del sistema de pensiones es una pieza fundamental para dar solidez y estabilidad a las finanzas públicas a medio y largo plazo y para la propia credibilidad de cualquier programa de consolidación del gasto público total. Este es un terreno en el que ya se han adoptado medidas importantes, pero en el que se hace imprescindible mantener el esfuerzo de actualización y reforma.

Nuestro actual sistema de pensiones de la Seguridad Social es contributivo y de reparto y necesariamente tendrá que seguir teniendo este carácter. Es un factor fundamental de estabilidad económica y social, por lo que está en el interés de todos hacer frente a los riesgos de insuficiencia que existen como consecuencia, fundamentalmente, de la evolución demográfica. Para hacerlo sostenible, el sistema debe ser capaz de controlar adecuadamente sus elementos clave, como la edad de jubilación, el cálculo de las pensiones y el llamado “factor de sostenibilidad”, actualmente en proceso de definición. Y es una buena noticia que todas, o casi todas las fuerzas políticas sigan trabajando en el espíritu del Pacto de Toledo, aprobado hace ya cerca de veinte años y que ha recibido reiteradamente el apoyo de nuestras instituciones parlamentarias.

Pero es forzoso señalar que, a largo plazo, puede ser limitado el potencial del sistema de reparto para asegurar a la población jubilada unos estándares de vida en consonancia con los niveles de renta alcanzados en su vida activa. Por ello, es necesario explorar fórmulas complementarias de capitalización, que refuercen el ahorro durante la vida activa. Estos sistemas complementarios, de los que existen ejemplos en diferentes países, pueden ser privados, pero también públicos. En todo caso, dado el largo periodo de maduración de cualquier esfuerzo de esta naturaleza, está también en el interés de todos acometer cuanto antes su estudio e implantación.

Los avances en la corrección del desequilibrio exterior

El área en la que se está produciendo una corrección más rápida y más intensa de los desequilibrios es el sector exterior. El ajuste del sector exterior continuó en 2012, de modo que, tras registrar un superávit en la segunda mitad del año -algo que no había sucedido desde la puesta en marcha de la UEM-, el saldo de balanza corriente se situó muy cerca del equilibrio, con un déficit del 0,2 % del PIB para el conjunto del año. Las actuales previsiones apuntan a superávits de balanza corriente para 2013, 2014 y años sucesivos.

Este comportamiento refleja, además de la contracción de las importaciones, debida al retroceso del gasto interno, la recuperación de la competitividad perdida por la economía española durante la expansión que terminó en 2008. A finales de 2012, ya se había corregido en dos terceras partes el diferencial acumulado desde el año 2000 entre los costes laborales unitarios de nuestra economía y los del promedio del área del euro. Estas ganancias en competitividad han venido acompañadas, en el periodo más reciente, de un crecimiento notable en el número de empresas exportadoras y de una mayor diversificación geográfica de nuestras ventas en el exterior, con un peso cada vez más importante de las destinadas a mercados emergentes.

La competitividad y la reforma de los mercados

La consolidación de la positiva evolución del sector exterior requiere profundizar y afianzar las mejoras de competitividad, para lo que resulta fundamental lograr un funcionamiento de los mercados de factores y de bienes y servicios que ayude a la contención de costes, márgenes y precios.

En el ámbito del mercado de trabajo, resulta claro que necesitamos un marco normativo favorecedor del empleo estable que, al mismo tiempo, otorgue la flexibilidad suficiente para acompasar las condiciones laborales a las circunstancias que marca el ciclo económico.
De hecho, en los procesos de determinación salarial de los últimos trimestres se evidencia una mayor moderación y flexibilidad, así como –lo que es también importanteun menor grado de indexación. Un aprovechamiento más intenso de los mecanismos de flexibilidad, tanto salarial como no salarial, previstos en el nuevo marco normativo permitiría dar continuidad a este proceso de mejora de competitividad.

Pero nuestros problemas de falta de flexibilidad y competencia no estaban y no están sólo, desde luego, en el mercado de trabajo. En los mercados de bienes y servicios, el recientemente aprobado Plan Nacional de Reformas incluye un conjunto de medidas orientadas a eliminar obstáculos a la competencia, obtener mejoras de productividad en diversos sectores y mejorar el funcionamiento de diversas instituciones.

El desendeudamiento privado y el crédito

El exceso de endeudamiento de las empresas y las familias es otro de los grandes problemas surgidos durante la última expansión de la economía española. Desde los máximos alcanzados en 2010, las ratios entre las deudas privadas y el PIB se han reducido, pero lo están haciendo a un ritmo relativamente lento.

La principal explicación de esta lentitud radica en el deterioro de las rentas nominales del sector privado desde el inicio de la crisis. Contrariamente a lo ocurrido en otras economías con problemas de sobreendeudamiento familiar y empresarial –como las del Reino Unido o Estados Unidos–, en nuestro caso la debilidad del crecimiento nominal ha lastrado el proceso de reequilibrio de los pasivos y lo ha hecho descansar, sobre todo, en la contracción del crédito.

El último año en el que se registraron tasas positivas de variación del crédito en España fue 2008. Desde entonces, los flujos netos de crédito, tanto a hogares, como a sociedades no financieras han sido, en conjunto, negativos, aunque en 2010 hubo un muy ligero aumento del crédito a hogares destinado a la compra de viviendas.

En 2012, el total del crédito concedido al sector privado no financiero residente cayó un 5,8%; el crédito a hogares cayó un 3,7 % mientras que el crédito a sociedades no financieras lo hizo en un 8 %. Cuando se considera el crédito total a actividades productivas excluyendo la construcción, la promoción inmobiliaria y los servicios financieros, la caída fue menos intensa, el 6 %. De hecho, el crédito a actividades productivas excluyendo construcción, promoción inmobiliaria y servicios financieros fue ligeramente positivo en 2010, pero ha sido negativo en 2011, 2012 y en los meses transcurridos del presente año.

Al considerar esta evolución, hay que tener en cuenta que, como es evidente, el crédito para actividades de construcción y promoción inmobiliarias tenía que contraerse al terminar la fase alcista del ciclo y corregirse los excesos del periodo 2004 a 2008.

El problema está, naturalmente, en las tasas negativas del flujo de crédito para actividades productivas diferentes a la construcción y promoción, así como la contracción del crédito para familias, tanto para compra de vivienda como para otras finalidades. Y, además de un problema de cantidades, tenemos un problema de precios; nuestras empresas y familias están pagando tipos de interés superiores a los que se pagan, como media en operaciones comparables, en el conjunto del área euro, aunque estos diferenciales son pequeños en las financiaciones para compra de viviendas, muy elevados en las financiaciones para consumo y también sustanciales para el crédito obtenido por las empresas no financieras.

Para explicar esta evolución hay que atender tanto a factores de oferta de fondos prestables por parte de las entidades, como a factores de demanda por parte de los prestatarios, empresas y familias.

En el lado de la demanda de crédito, es evidente que el entorno recesivo, el fuerte desempleo, las, hasta ahora, escasas perspectivas de crecimiento y la incertidumbre están afectando a los potenciales demandantes.

En el lado de la oferta, no parece que la liquidez – proporcionada de forma estable y a bajo coste por el Eurosistema- ni la escasez de capital sean factores explicativos relevantes.

Creemos que en el lado de la oferta los dos factores que más están influyendo son el desapalancamiento de las entidades y la escasez de proyectos que puedan estimarse solventes, o que ofrezcan suficientes garantías. De hecho, hay datos que permiten afirmar que las empresas más dinámicas y productivas obtienen financiación –la evolución de la exportación es un buen indicador en ese sentido. Sin embargo, al mismo tiempo, sabemos que muchas pequeñas y medianas empresas, con buenos resultados y perspectivas y al día en sus obligaciones frente a sus bancos, tienen dificultades para financiar incluso su capital circulante, o sólo pueden financiarlo a coste muy elevado.

También hay que mencionar otro factor algo que afecta a los flujos de crédito, tanto por el lado de la oferta, como por el de la demanda. Nuestro mapa bancario ha cambiado considerablemente en los últimos años, con la desaparición o transformación de muchas cajas de ahorro que, en diferentes territorios, eran tradicionales prestamistas de muchas pequeñas y medianas empresas. Esto ha llevado a ajustes en los balances bancarios y a nuevas relaciones de trabajo entre entidades de crédito y su clientela, lo que puede estar influyendo, al menos de forma transitoria, en los flujos de crédito.

La necesidad de acometer una etapa de desendeudamiento y desapalancamiento no se ha planteado solo a las entidades de crédito; también a empresas no financieras y a familias, porque como ya señalamos, tanto empresas como familias alcanzaron en 2008- 2010 niveles de endeudamiento muy altos, en muchos casos, insostenibles. De hecho, bastantes analistas coinciden en señalar que, para acometer una nueva fase de expansión, nuestro sector productivo está más necesitado de capital que de crédito, dado que la corrección del endeudamiento excesivo no se ha completado, sin descartar que, evidentemente, la recuperación del crecimiento económico podrá facilitar esta corrección.

En todo caso, no puede haber recuperación económica sin una recuperación de los flujos de crédito. Pero esta última no puede ser producto de normas administrativas que ignoren la racionalidad económica o que lleven a decisiones erróneas desde el punto de vista de la solvencia de las entidades de crédito, incluyendo las entidades públicas.

Dicho esto, hay medidas que deben estudiarse para reactivar el crédito a toda la economía y, en particular, a las pequeñas y medianas empresas y al sector exportador. El Banco Europeo de Inversiones tiene capacidad para estimular los préstamos a la pequeña y mediana empresa a través de un aumento de su financiación a la banca pública europea que actúa en este terreno. También podrían estudiarse nuevos esquemas para compartir riesgos utilizando fondos europeos, por ejemplo, fondos estructurales, posibilidad que se está ya debatiendo; y podrían estudiarse esquemas específicos para potenciar el crédito a la exportación. En el marco del Eurosistema, el Banco de España ha estado siempre a favor de iniciativas orientadas a apoyar el aumento y el abaratamiento del crédito, a través de medidas de Política Monetaria no convencional, que ayuden a restablecer los mecanismos de transmisión de la política monetaria.

Pero sabemos que la normalización del crédito no se producirá, o será más lenta y difícil, si no completamos el saneamiento y el reforzamiento de la solvencia de nuestro sistema bancario. Por eso es importante entender bien lo que se ha hecho en 2012 para superar la crisis y evaluar el estado actual de la cuestión.

Saneamiento, recapitalización y reestructuración del sistema bancario y reforma financiera

Me detendré en las seis cuestiones que nos permiten tener una visión de conjunto: los esfuerzos de saneamientos en 2012, el reforzamiento de la solvencia, la mejora en la situación de liquidez, la evolución de la morosidad, la expectativa de resultados en el presente ejercicio, y, finalmente, las novedades regulatorias aprobadas en 2012.

Saneamientos

En primer lugar, saneamientos. En 2012 se dieron dos pasos que han determinado, en lo fundamental, los saneamientos que han tenido que absorber las cuentas de resultados de las entidades españolas. El primero fue la exigencia, recogida en los reales decretos de febrero y mayo de 2012, de constituir dotaciones para reforzar la cobertura de los préstamos al sector promotor y constructor y de los activos adjudicados. El segundo, los saneamientos derivados de la transferencia obligatoria a SAREB, a un precio convenido, de los activos pertenecientes a los segmentos del balance que acabo de mencionar; esta transferencia, llevada a cabo por las entidades en reestructuración o resolución, afectó a un total de 107.000 millones de euros de activos en su valor bruto contable, con un valor de transferencia de 50.600 millones de euros. Con esta y otras medidas, la exposición de la banca española a los riesgos inmobiliarios antes señalados se ha reducido desde el año 2011 a algo menos de la mitad, pasando de 240.000 a 115.000 millones de euros.

En suma, en 2012 los saneamientos de nuestra banca han totalizado 87.000 millones de euros frente a los 32.000 millones del ejercicio 2011.

Solvencia

En segundo lugar, la solvencia. A pesar de que el gran esfuerzo de saneamientos y provisiones llevado a cabo por el sistema bancario español en 2012 dio como resultado unas pérdidas totales de 43.700 millones de euros, el nivel de solvencia del sistema ha mejorado. Ello ha sido posible gracias a las operaciones de recapitalización llevadas a cabo acudiendo directamente a los mercados; a la inyección de capital financiada a través del Programa de Asistencia Financiera acordado con las autoridades europeas, por un importe final de 39.000 millones de euros; a la conversión de instrumentos híbridos en instrumentos de capital; y a los fondos aportados por el FROB y el Fondo de Garantía de Depósitos.

En la actualidad, todas las entidades españolas cumplen con los coeficientes de capital regulatorio exigidos. Al cierre del primer trimestre del presente año, nuestro sistema bancario registra un coeficiente de solvencia del 11,6 %, frente al mínimo exigido actualmente por el Acuerdo de Basilea del 8 %.

Es interesante subrayar –porque algunos comentarios pretenden olvidarlo o lo interpretan de forma totalmente errónea- que las operaciones de inyección de capital con fondos públicos –hayan sido fondos del Mecanismo Europeo de Estabilidad o del Tesoro español - han tenido como intención y efecto fundamentales evitar la liquidación de las entidades, preservando, así, los depósitos de los clientes.

No quiero dejar de mencionar en este apartado el problema de los instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada comercializados entre la clientela minorista de las entidades de crédito que, tras detectarse insuficiencia de capital en las pruebas de resistencia finalizadas el pasado mes de septiembre, no pudieron cubrir sus necesidades de capital con medios propios y obtuvieron apoyos públicos. Estas entidades, al requerir apoyo financiero público, están sometidas a los términos del Memorando de Entendimiento de 20 de julio de 2012, así como a la Ley 9/2012 de Restructuración y Resolución de Entidades de Crédito y, en consecuencia, al régimen de ayudas del Estado que aplica la Comisión Europea.

El Banco de España, directamente, a través del FROB y del Fondo de Garantía de Depósitos, y a través de su participación en la Comisión de Arbitraje creada el pasado mes de marzo, está colaborando con el resto de autoridades involucradas, y con las propias entidades, a fin de dar la mejor solución posible a este grave problema que tiene diferentes aspectos, porque no todos estos instrumentos son iguales, ni se comercializan de igual forma, ni van a tener igual tratamiento bajo la normativa europea.

Liquidez

En tercer lugar, liquidez. En 2012 España sufrió una grave crisis de financiación exterior cuyo origen estuvo tanto en la crisis de la zona euro como en la percepción negativa de los mercados acerca de la solvencia de nuestros bancos.

Se estableció una relación entre riesgo soberano y riesgo bancario, dominada por lo que se dio en llamar “riesgo de redenominación”, es decir, el riesgo de que algunos países pudieran abandonar la Unión Monetaria. Ello provocó una situación de gran dificultad en nuestra financiación exterior, a la que pudo hacerse frente gracias al suministro de liquidez por parte del Banco Central Europeo. En el último trimestre de 2012, sin embargo, las tensiones se relajaron y la liquidez de nuestra banca ha ido mejorando desde entonces, pasando de una posición deudora frente al BCE de 410.000 millones de euros en agosto de 2012 a algo más de 250.000 millones de euros el pasado mes de mayo. Además, ha mejorado el acceso de nuestros bancos a los mercados de deuda.

Morosidad

En cuarto lugar, morosidad. En cuanto a la morosidad, a diciembre de 2012, después de la primera fase del traspaso de activos a SAREB, se situó en el 10,8 %. En marzo pasado, había aumentado hasta el 11,2 %. El sector promotor y constructor es el que presenta una ratio de mora más alta (29 %), mientras que el de las hipotecas a particulares está contenido (4 %), aunque su tendencia sea al crecimiento. El gran esfuerzo de saneamiento y provisiones llevado a cabo en 2012 y la disminución drástica del riesgo inmobiliario permiten afirmar que nuestra banca está en condiciones de afrontar las necesidades de provisiones que puedan presentarse este año, 2013, y también, en su caso, en 2014.

Resultados en 2013

Finalmente, la cuenta de resultados. Como ya hemos indicado, en 2012 el fuerte volumen de provisiones llevó a una abultada cifra de pérdidas. Pero hay que indicar que, de hecho, los márgenes evolucionaron positivamente, debido a la influencia de dos factores: la caída en los costes financieros y el esfuerzo de muchas entidades en la contención de sus gastos de explotación. Hay que señalar que este esfuerzo ha sido particularmente intenso en las entidades objeto de reestructuración de acuerdo con los planes aprobados por el FROB, el Banco de España y las autoridades europeas, en el marco del Memorando de Entendimiento de julio de 2012.

En cuanto al presente ejercicio, el avance de datos del primer trimestre nos permite ser moderadamente optimistas, ya que se ha declarado un beneficio global superior a los 4.000 millones de euros. Todos los grupos bancarios, incluidos los que han recibido ayudas públicas y deben ejecutar planes de reestructuración, han obtenido beneficios.

En suma, como han reconocido las instituciones de la UE, el BCE y el FMI, estamos superando la crisis bancaria, aunque persisten riesgos e incertidumbres que no nos permiten en absoluto, considerar la crisis resuelta. Pero, en todo caso, hay que repetir que no hay mejor camino para la normalización de los flujos de crédito que terminar esta tarea.

Novedades regulatorias

Antes de pasar a comentar los avances logrados en el proyecto de la Unión Bancaria, querría, muy brevemente, referirme a las novedades más importantes aparecidas en 2012 en materia de regulación financiera, directamente relacionadas con el tratamiento de la crisis bancaria.

La más significativa de las novedades legales en materia financiera ha sido la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, en la que se refuerza el papel del FROB y se anticipa la implantación en nuestro país de la futura directiva que regulará en Europa dichos procesos. El Real Decreto 1559/2012 vendría posteriormente a desarrollar las sociedades de gestión de activos dañados y, en especial, el régimen aplicable a la SAREB.

Finalmente, en el plano de la protección de la clientela bancaria, hay que mencionar el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, se establecieron diversas medidas orientadas a proteger al colectivo de deudores hipotecarios en mayores dificultades, entre ellas el Código de Buenas Prácticas, al que se adhirió la práctica totalidad de las entidades bancarias españolas. Y, en segundo lugar, la Circular del Banco de España 5/2012, de 27 de junio, completó la nueva regulación en esta materia, desarrollando el concepto de “préstamo responsable” y perfeccionando el régimen de información aplicable a los productos bancarios.

En relación con la supervisión bancaria, el Banco de España, en cumplimiento de lo acordado en el Memorando de Entendimiento de 20 de julio de 2012, ha realizado una revisión interna de sus procedimientos supervisores, para lo cual se creó una Comisión que entregó sus conclusiones el pasado mes de octubre. Esta Comisión formuló una serie de recomendaciones que el Banco de España está considerando y que ha llevado ya a cambios en el organigrama de nuestra supervisión y en los procedimientos. Sin embargo, es obvio que la puesta en marcha del Mecanismo de Supervisión en el Banco Central Europeo, que esperamos para dentro de un año, aproximadamente, va a implicar la necesidad de adoptar cambios, tanto en los procedimientos de la supervisión, como en organización, por lo que es necesario proceder en esta materia con prudencia, teniendo en cuenta, ante todo, nuestra adaptación al nuevo modelo europeo.

Los avances hacia la Unión Bancaria

El impulso hacia la Unión Bancaria se dio en la cumbre europea de junio de 2012, en un momento de graves incertidumbres y tensiones en el área del euro. Hay que entenderlo, y así se ha planteado desde el principio, como un paso fundamental para romper el vínculo entre riesgo bancario y riesgo soberano y reforzar la solidez y el carácter irreversible de la Unión Monetaria.

La Unión Bancaria se apoyará en tres pilares básicos: un supervisor único, un procedimiento armonizado de resolución, y una autoridad europea de resolución con un fondo común de resolución. Hasta el momento, los avances han sido desiguales en cada una de estas tres áreas.

El Parlamento Europeo deberá aprobar en breve la legislación que establece el mecanismo único de supervisión y que asigna al Banco Central Europeo un papel central dentro del mismo. El supervisor único estará operativo doce meses después de esta aprobación, pero antes el BCE deberá llevar a cabo un análisis de la solvencia de las entidades que pasará a supervisar, ejercicio que, a su vez, tendrá que insertarse en las nuevas pruebas de resistencia que la Autoridad Bancaria Europea realizará el año que viene.

Quedan pendientes de aprobación la Directiva que establezca un régimen armonizado de resolución, que está actualmente en discusión en el Consejo y el Parlamento Europeos, y la normativa para la creación de una autoridad europea y un fondo común de resolución, materia en la que se está a la espera de una propuesta que debe presentar, en fecha todavía no precisada, la Comisión Europea.

Conclusiones

Señorías, he intentado que el hilo conductor de mi intervención fuese el difícil proceso de ajuste en el que se encuentra inmersa la economía española, que debe situarse en un contexto internacional y europeo complicado y con escasos precedentes.

Las economías de los países avanzados, EEUU, Unión Europea, Reino Unido y Japón están operando bajo condiciones monetarias extremadamente laxas, en una situación de excepcional abundancia de liquidez y tipos de interés muy bajos. Salir de esta situación sin afectar al crecimiento y sin crear nuevas turbulencias financieras no será sencillo y en ese camino se enfrentarán importantes riesgos. Por otra parte, los países emergentes siguen mostrando tasas altas de crecimiento, pero este impulso se va debilitando y se estima que para el próximo año, 2014, esta debilidad pueda acentuarse aún más.

En la zona euro, en un escenario económico de débil crecimiento y a pesar de la mejora lograda desde el verano de 2012, persiste la fragmentación en los mercados monetarios y financieros y no se han despejado del todo las dudas sobre la Unión Monetaria y la gobernanza de la Unión Europea.

En España, hemos avanzado de forma significativa en la corrección de los desequilibrios que afectan a nuestra capacidad de crecimiento y creo que estamos en la senda adecuada para recuperar actividad y crear empleo sobre bases sólidas. Para conseguirlo, sin embargo, será fundamental no abandonar la política de reformas orientada a aumentar la flexibilidad de nuestra economía y ganar competitividad.

La tarea fundamental que el Banco de España tiene pendiente es, con la ayuda de y en colaboración estrecha con el Gobierno y el apoyo decidido del propio sector, completar el saneamiento de nuestro sistema bancario, hacer de nuestro sistema bancario uno de los más solventes, eficientes y transparentes. Un sistema que cumpla con su función fundamental de intermediación entre ahorradores e inversores y en el que los clientes y depositantes puedan confiar plenamente. Con esfuerzo y rigor, este objetivo está a nuestro alcance.

Pero permítanme, Señorías: para recuperar el crecimiento económico, estimular la inversión, crear empleo y superar la crisis bancaria y financiera necesitamos seguridad jurídica. Aprovecho esta ocasión para pedir un esfuerzo decidido para protegerla y reforzarla.

Muchas gracias, Señorías, por su atención.