Economía real y sistema financiero. La importancia de las reformas

Miguel Fernández Ordóñez
Gobernador

En primer lugar, quiero agradecer a Expansión su amable invitación para intervenir en este foro, en el que se discuten asuntos de gran relevancia para el futuro de la economía y del sector financiero de nuestro país.
Los datos que vamos conociendo nos indican que lo peor de la crisis va quedando atrás. En el ámbito internacional, a pesar de algunos episodios de tensión aislados, se mantiene la mejoría en el comportamiento de los mercados financieros, las principales áreas económicas desarrolladas han regresado al terreno de los crecimientos positivos y las economías emergentes han intensificado su ritmo de expansión. En este contexto, aunque persisten algunas dudas sobre la consistencia de la recuperación, las previsiones de crecimiento de los principales analistas y organismos internacionales se han revisado al alza.

También en España, los indicadores más recientes sugieren que la fase más aguda de la caída del producto ha quedado atrás. Y, aunque con cierto retraso respecto a la mayoría de economías desarrolladas, las perspectivas apuntan al inicio de una fase de crecimiento gradual a lo largo de este año, basado en el mantenimiento de una contribución positiva de la demanda externa.
Como ya he manifestado en otras ocasiones, en estos momentos el mayor motivo de preocupación no debería ser el de predecir en qué preciso momento se registrarán crecimientos intertrimestrales positivos, sino determinar en qué medida la economía española está en disposición -o no- de iniciar una nueva fase larga de crecimiento robusto.

Durante la última etapa expansiva, la economía española acumuló algunos desequilibrios importantes, como el excesivo peso de las actividades inmobiliarias, el abultado déficit exterior, la pérdida relativa de competitividad o el elevado endeudamiento de empresas y hogares. Con el transcurso de la crisis, algunos de estos desequilibrios se han empezado a corregir, pero otros aún suponen una rémora importante para la reactivación del crecimiento.

A estos problemas estructurales preexistentes han venido a sumarse, con la crisis, el aumento del desempleo hasta niveles muy superiores a los de cualquier otro país desarrollado y el intenso deterioro de las cuentas públicas. Ahora estos son sin duda los dos principales problemas que afectan a nuestra economía.
Para emprender una recuperación económica sostenible es necesario revertir los desequilibrios acumulados por la economía española antes y durante la crisis. Es preciso detener el proceso de destrucción de puestos de trabajo, absorber el desempleo, diseñar –y ejecutar- un plan ambicioso para reducir el déficit público, sanear la posición financiera del sector privado y, en definitiva, mitigar todas aquellas deficiencias estructurales que en estos momentos suponen un lastre para la recuperación y contribuyen a reducir el potencial de crecimiento con el que nuestra economía afrontará el nuevo ciclo expansivo.
Para lograr estos objetivos, tanto en los informes del Banco de España, como en mis comparecencias periódicas ante las Cortes, se ha venido insistiendo en la necesidad de acometer un amplio conjunto de reformas. El abanico es extenso, e incluye ámbitos tan diversos como la educación, la economía del conocimiento, la liberalización de los mercados de bienes y servicios, la potenciación de la competencia en las industrias de red o la introducción de mejoras adicionales
en el mercado de alquiler de vivienda.

No obstante, me gustaría insistir en las dos reformas que considero más urgentes y necesarias: la política de consolidación presupuestaria y la reforma laboral. En este sentido, en las últimas semanas el Gobierno ha planteado algunas propuestas de reforma que, en mi opinión, contienen avances en la dirección correcta. En el ámbito de las cuentas públicas, se ha anunciado un recorte
del gasto público para el conjunto de las AAPP de 50.000 millones de euros hasta el año 2013 y se ha propuesto al Pacto de Toledo un aumento de la edad de jubilación, que contribuiría de forma significativa al equilibrio financiero del sistema público de pensiones.

Las medidas presupuestarias planteadas suponen un importante compromiso público del Gobierno con la consolidación fiscal. Precisamente por ello, ahora es fundamental que estos compromisos se cumplan efectivamente, porque en caso contrario la credibilidad de nuestro país podría verse afectada muy negativamente. En cuanto al mercado de trabajo, los agentes sociales han alcanzado un acuerdo en materia de salarios y el Gobierno ha planteado una propuesta de
reforma laboral, que debería aprovecharse para adoptar medidas concretas y ambiciosas que supongan cambios profundos en el funcionamiento de nuestro mercado de trabajo.
Nos encontramos en un momento determinante para nuestro futuro, en el que es imprescindible cambiar radicalmente algunas cosas para que nuestro país pueda prolongar su proceso de convergencia respecto a los países más desarrollados de Europa. Algunas de estas reformas pueden exigir sacrificios, y por ello sería bueno que contaran con el mayor grado de consenso posible.

La adopción efectiva de estas reformas es crucial para la economía en general, pero lo es particularmente para el sistema financiero. Y es que, si algo ha mostrado con nitidez la actual crisis mundial es la estrecha relación que existe entre el crecimiento económico y la fortaleza del sistema bancario. Después de transcurridos más de dos años desde el inicio de las turbulencias en el verano de 2007, la mayoría de las entidades de crédito españolas sigue mostrando un importante grado de solidez y ello ha permitido que, a diferencia de lo sucedido en muchos otros países, no se haya empleado prácticamente ninguna ayuda pública en salvar a entidades, con lo que nos hemos ahorrado añadir una carga adicional a los problemas derivados de la recesión. Pero esa relación entre economía y sistema financiero funciona también en el sentido contrario y es evidente que, si no se adoptan las medidas necesarias para reactivar el crecimiento del empleo en un plazo
de tiempo razonable, la morosidad continuará incrementándose y habrá más entidades financieras con dificultades para proveer la financiación necesaria para la reactivación económica.

Si en el transcurso de la crisis financiera internacional nuestro sistema bancario ha resistido razonablemente, ello se debe a diversos factores, entre los que cabe mencionar una regulación prudente, una supervisión más intensa que la de otros países, un modelo de negocio orientado fundamentalmente a la banca minorista y la buena gestión de la mayoría de las entidades. Pero también y déjenme subrayarlo -pues me parece un ejemplo de lo que podría hacerse ahora con la
reforma laboral- a que el Gobierno y la oposición que le ha respaldado en el Parlamento, han ido acordando con prontitud y calidad técnica, un conjunto de medidas de reforma del sistema financiero que se han mostrado muy eficaces para impedir que los problemas de las entidades de crédito pudieran colapsar la economía del país.

No podemos olvidar que si, por ejemplo, no se hubieran aprobado los decretos leyes del fondo de adquisición de activos financieros y de los avales para la emisión de bonos por parte de bancos y cajas, hubiéramos tenido, sin ninguna duda, como consecuencia del cierre de la financiación mayorista en los mercados globales, una contracción abrupta del crédito que hubiera llevado a una espiral de recesión profunda que, afortunadamente, no hemos experimentado.
Ello no significa que las condiciones de acceso al crédito sean ahora iguales que antes de la crisis.

Una de sus consecuencias más notables ha sido el aumento de la aversión al riesgo, que en la etapa expansiva anterior se situaba en niveles muy reducidos. Esta mayor aversión al riesgo se traduce en unas políticas de concesión de crédito mucho más estrictas. Como consecuencia de ello muchas empresas, en especial las pequeñas y medianas -por distintas razones como, por ejemplo, porque no están auditadas y en general están menos capitalizadas que las grandes-, han
visto limitada, en ocasiones más allá de lo razonable, su capacidad para obtener financiación. Los programas del ICO orientados a facilitar el acceso al crédito a las empresas medianas y pequeñas han tratado de corregir este fallo de mercado, y en esta línea se debería seguir trabajando, mejorando en lo posible su operatividad y aumentando su volumen si fuera necesario. Con todo, no quiero dejar de apelar, como ya he hecho en otras ocasiones, a la responsabilidad
de las entidades de crédito. Es evidente que en un momento como el actual deben ser especialmente cuidadosas y, por supuesto, no dar crédito a quien no sea solvente, pero tampoco deben olvidar que si dejan de prestar un solo euro a quien lo es, estarán echando piedras sobre su propio tejado.

Otro ejemplo de avance en una reforma financiera respaldada por un amplio acuerdo parlamentario ha sido la aprobación de una legislación cuyo objetivo es el de reestructurar el sistema financiero con los menores costes para el contribuyente y en el menor tiempo posible, respetando la distribución constitucional de competencias, con el fin de que todas las entidades del sistema estén en condiciones de facilitar el crédito a empresas y familias cuando llegue la
recuperación.
Para que las entidades con problemas emprendan con urgencia procesos de reestructuración e integración o aquellas que sean inviables sean intervenidas con prontitud, el Parlamento – una vez más con el acuerdo del partido en el gobierno y el del primer partido de la oposición - ha dotado al Banco de España de los instrumentos necesarios, con la creación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), para que estos procesos se desarrollen con normalidad y sin riesgos para la estabilidad del sistema.

En efecto, de acuerdo con la ley que lo regula, el FROB puede llevar a cabo dos tipos de actuaciones. El primero consiste en acelerar y facilitar los procesos de reestructuración de aquellas entidades que presenten problemas acuciantes de viabilidad. Ante este tipo de situaciones, la normativa del FROB establece que se procederá a la intervención de la entidad y a la sustitución de sus administradores, que serán reemplazados en esta función por el propio
FROB. Los nuevos gestores deberán elaborar un informe sobre la situación de la entidad y someter a la aprobación del Banco de España un plan de reestructuración, que tendrá que incluir medidas de fusión, cesiones de negocio o, en su caso, de liquidación de la entidad, velando por el respeto a la competencia y persiguiendo en todo momento minimizar el coste potencial de estas
actuaciones para el erario público. Hasta ahora esta decisión excepcional de intervenir y sustituir a los administradores sólo ha sido imprescindible en un caso, anterior a la aprobación del FROB. Si en algún momento fuera necesario adoptar esta decisión en alguna otra entidad, tengan por seguro que el Banco de España, gracias a la creación del FROB, podrá actuar con la mayor diligencia.
La ley del FROB no sólo dota al Banco de España de las herramientas necesarias para actuar cuando existan problemas graves de viabilidad, sino que establece una segunda vía de actuación, de carácter “preventivo”, orientada a evitar que estos problemas se lleguen a materializar. Con la aprobación del FROB se emplazó a las entidades y a sus gestores a auto-examinar su situación y
a adoptar las decisiones necesarias para garantizar su viabilidad, evitando los efectos más traumáticos que podrían derivarse de una intervención, tanto para la propia entidad, como para la actividad económica en las áreas en las que desarrolla su actividad.

Esta segunda vía de actuación del FROB consiste en apoyar los procesos de integración entre entidades que, sin encontrarse en una situación de grave peligro, aborden la mejora de su eficiencia, la racionalización de su administración y el redimensionamiento de su capacidad productiva. En estas actuaciones “de carácter preventivo” del FROB, la tarea encomendada al Banco de España es la de asegurar que las operaciones aprobadas cuenten con un plan de
negocio sólido, que contribuya al fortalecimiento de nuestro sistema financiero y que se acompañe de medidas orientadas a una adecuación realista de la capacidad instalada a las nuevas condiciones del mercado, utilizando para ello el menor volumen de recursos públicos que sea posible.
A diferencia de los casos en los que se procede a la intervención y el cambio de administradores de las entidades, en los que la capacidad de decisión recae enteramente en el Banco de España, la facultad para utilizar esta segunda vía está en manos de las entidades de crédito y, en el caso
de las cajas de ahorros, también se requiere la autorización de las comunidades autónomas.

En esta fase preventiva, el papel del Banco de España no es el de decidir qué proyectos de integración se deben realizar, sino examinar con rigor las propuestas recibidas. El Banco de España, como responsable de la supervisión de la solvencia del sistema bancario, ha recibido del legislador el encargo de evaluar, con criterios únicamente profesionales y con independencia de cualquier otro interés personal o colectivo, si los proyectos presentados ofrecen suficientes garantías de solidez y viabilidad.

Déjenme que les transmita mi valoración sobre la marcha de los procesos de integración que se están desarrollando en el marco de la aplicación de las actuaciones “preventivas” del FROB. Por una parte, considero muy positivo que, poco después de su aprobación, un importante número de cajas se haya puesto a trabajar en la búsqueda de soluciones basadas en proyectos de integración y reestructuración. Pero también es evidente que algunos de esos procesos se están demorando más de lo que sería deseable. Por ello debo reiterar la llamada a la responsabilidad de las entidades que más se han retrasado en este proceso para que examinen su situación con realismo y se planteen, sin pérdidas de tiempo, estrategias de viabilidad en búsqueda de las soluciones que favorezcan la creación de entidades más fuertes y más capaces de proveer a las familias y a las empresas los flujos de crédito que demanden. La misma llamada a la  responsabilidad debe hacerse a algunas comunidades autónomas para que no retrasen o dificulten aquellos procesos que pueden fortalecer las entidades que operan en sus regiones.

El avance producido por todo este conjunto de reformas aprobadas con un amplio consenso parlamentario no significa que nuestro sector financiero no tenga por delante retos importantes.
Durante la última etapa expansiva se produjo un rápido proceso de endeudamiento de familias y empresas, que tuvo su correspondencia en tasas de crecimiento del crédito excepcionalmente elevadas. Este contexto favoreció el aumento del tamaño del sector bancario, hasta alcanzar una dimensión que ahora, con unas perspectivas mucho menos favorables, difícilmente podrá ser
sostenible.

El menor crecimiento de la demanda en comparación con la anterior etapa, unido al proceso de desapalancamiento de las empresas y las familias, supondrá una reducción del volumen de actividad. A ello se añaden diversos factores que en el futuro próximo contribuirán a la compresión de los márgenes unitarios, como los tipos de interés bajos o la mayor morosidad, el aumento de los requerimientos de capital, tanto por motivos regulatorios como por exigencias de los mercados, un endurecimiento de las condiciones de financiación -las primas de riesgo son
mayores que antes de la crisis- y el aumento de la importancia de la gestión de los activos dudosos.

En relación con este último aspecto, será especialmente relevante la gestión de la morosidad asociada al sector inmobiliario. Sobre este tema, permítanme que haga unas breves reflexiones acerca de la actividad supervisora del Banco de España. En las últimas semanas se han escuchado algunas opiniones sobre la falta de transparencia del sistema bancario español, como consecuencia de no contabilizar debidamente la excesiva concentración de riesgos en el sector
inmobiliario, en particular en las empresas promotoras.
Es evidente que tanto el sector bancario como la economía española han de digerir los excesos del ciclo inmobiliario, que se ha demostrado insostenible. Sin embargo, al evaluar la posición del sector bancario no debe confundirse la exposición a un sector y las complejidades asociadas a la situación de crisis del mismo con las potenciales pérdidas para las entidades. Para que una exposición se transforme en pérdida median el impago del crédito y, en la medida en la que las exposiciones a este sector están respaldadas por garantías reales, la ineficacia de las mismas para suplir el impago y la recuperación de los préstamos afectados.

Por otra parte, al contrario de lo que ocurre en general en otros países, donde la estimación de las pérdidas para calcular las provisiones es llevada a cabo por los auditores, el Banco de España establece un sistema objetivo de cálculo de provisiones, que reduce la discrecionalidad a la baja.
Además, el Banco de España ha obligado a las entidades a adoptar medidas preventivas, en forma de mayor acumulación de provisiones, con las que poder hacer frente a un eventual deterioro de sus activos inmobiliarios, como, por ejemplo, el aumento del 10% al 20% de las dotaciones que han de hacer sobre el valor de los inmuebles que se queden en su balance cuando esos activos permanezcan más de doce meses en su propiedad, en previsión de que puedan obtener un menor valor en el momento de su venta.

En cualquier caso, nos enfrentamos a un escenario extremadamente complejo y es fundamental que todas las entidades de crédito de nuestro país, especialmente aquellas que han tomado más riesgos, se preparen y adopten las medidas necesarias para asegurar su rentabilidad. Para ello, deberán acometer el redimensionamiento del sector, al tiempo que insistir en los procesos de
aumento de la eficiencia a través de la contención de los costes y mediante la introducción de mejoras en sus mecanismos de control y gestión de riesgos y de la continua innovación en el ámbito de la comercialización de productos y en la instrumentación de mejoras tecnológicas y organizativas. Y la Administración podría culminar el importante conjunto de reformas financieras
acometidas hasta la fecha con alguna otra relativa a las cajas de ahorro, en particular para darles la posibilidad de captar recursos propios de calidad que les permitan crecer y seguir sirviendo a la sociedad española, cumpliendo con los requerimientos que el nuevo entorno regulatorio internacional va a exigir en los próximos años.

Las reformas del sistema financiero adoptadas hasta el momento podrían ser suficientes para que el sistema bancario español logre superar la crisis y se encuentre en condiciones adecuadas para proveer crédito a quien lo necesite en la fase de la recuperación. Pero esto sólo sucederá si la economía española se reactiva de forma que disminuya sustancialmente el número de parados, mejore su competitividad y aumente su productividad. Si esto no sucediera, es evidente que la tarea de reestructuración que tendríamos por delante sería muy superior a la que actualmente divisamos. El sistema bancario español, gracias a las reformas adoptadas, no ha sido un problema adicional durante la crisis. Pero si la economía no mejora sustancialmente debido a la falta de consenso suficiente para acometer reformas estructurales, las entidades de crédito acabarán viéndose dañadas y no podrán ayudar a la recuperación.

Por eso quiero terminar la última parte de mi intervención hablando de economía y en particular de la otra gran reforma que hay que acometer para iniciar una nueva fase de crecimiento sostenido: la reforma laboral. Esta reforma no sólo es necesaria por lo obvio: por la necesidad de reducir sustancialmente las desmesuradas cifras de paro que sufre la economía y la sociedad española.
Es también necesaria, como he dicho antes, para que el sistema bancario no se vea obligado, debido al aumento de la morosidad y las mayores dificultades en la financiación mayorista, a recortar el crédito más allá de lo que la propia evolución cíclica va a reducirlo. La reforma laboral es también imprescindible para que el ambicioso programa de consolidación presupuestaria que
se ha propuesto el Gobierno pueda ser ejecutado con éxito. Si no hay reforma laboral, y seguimos manteniendo cifras de paro tan extraordinarias, las finanzas públicas sufrirán por dos vías: no solo por el gasto, que ya ha adquirido proporciones ingentes, sino también por la vía del ingreso, porque esos millones de personas que siguen sin trabajar son una población que apenas aporta
ingresos públicos.

La reforma laboral es imprescindible también para el propio crecimiento del PIB y ello por dos razones. Primero, porque la flexibilidad a la hora de acordar salarios y otros aspectos de la organización interna de las empresas es un factor indispensable para conseguir mejorar competitividad dentro de una unión monetaria donde ya no cabe la devaluación. Si - empresa a empresa - los trabajadores y directivos deciden adecuar sus condiciones a los cambios en la
demanda, se podrá conseguir que se mantenga el mayor número de empresas y puestos de trabajo posibles. Pero es que además, en aquellas empresas que van a sentir el cambio favorable del entorno internacional, la reforma laboral, al mejorar la productividad, permitiría mejorar los salarios de sus trabajadores y aumentar con ello la demanda interna sin perjudicar la competitividad de la economía.

La lista de reformas necesarias de las instituciones laborales españolas es muy larga. Pero hay dos que son trascendentales para poder juzgar la entidad de la reforma que finalmente se acometa. Una de ellas, que es la que más atención recibe en los medios, es la de contar con un contrato indefinido que no disuada a aquellos empresarios que quieran crear empleo. Pero siendo la contratación muy importante, en estos momentos me parece particularmente apremiante el cambio que debe adoptarse en la negociación colectiva. En este momento es decisivo que
sindicatos y patronales, que en otras ocasiones complicadas ya hicieron  importantes contribuciones a la economía de nuestro país, dejen ahora a los trabajadores y empresarios de cada una de las empresas españolas decidir lo que más le convenga para salvar su empresa, para mantener sus puestos de trabajo, o incluso, poder aumentar los puestos de trabajo. Otra cosa es que se le den guías o referencias a las empresas para la negociación tanto de salarios como de
otras condiciones de trabajo. Pero es fundamental que, al menos en los próximos dos o tres años, empresarios y trabajadores puedan tener la libertad y la posibilidad de, en algunos casos, salvar su empresa y, en otros, de conseguir aumentos de competitividad y productividad que la negociación colectiva actual hoy hace imposible.
Esto último es especialmente relevante en un contexto donde se plantea la necesidad de que se produzcan cambios en el patrón productivo de nuestro país. El denominado modelo productivo es, en último término, el resultado de los rasgos estructurales e institucionales de cada economía.

El modelo que tenemos es inseparable de nuestras instituciones actuales y, si queremos avanzar hacia un marco en el que los sectores de elevada productividad tengan un mayor protagonismo, necesitamos cambiar el marco laboral actual para facilitar y promover la reasignación de los recursos económicos y humanos hacia los sectores capaces de generar mayor valor añadido.
Será difícil que se produzca la necesaria redistribución sectorial del trabajo si los convenios colectivos de ámbito superior siguen impidiendo que los salarios de cada empresa tengan una relación más estrecha con su productividad.
Con la reforma laboral, los españoles deberíamos tener la misma actitud que están teniendo otros países con la reforma de su sistema financiero.

Aquellos países que han tenido problemas serios con sus bancos han admitido, en primer lugar, su fracaso y se han puesto a reformar una regulación que ha fracasado. Y así están estudiando lo que han hecho otros países, entre los cuales está España, para no volver a tener esos problemas bancarios. Junto al Secretario de Estado de Economía participo en los debates que se están llevando a cabo en el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, según sus siglas en inglés) para reformar radicalmente los sistemas financieros de todos los países y puedo decirles que ambos somos testigos privilegiados de cómo está estudiándose con atención la regulación y la supervisión bancaria española y, en la medida de lo posible, se busca aprovechar lo mejor de lo que hemos hecho en España.
Los españoles deberíamos tener esa misma actitud de aprender.
En primer lugar, deberíamos reconocer que hemos fracasado en la regulación laboral ya que, por tercera vez en las últimas décadas, el desempleo ha vuelto a trepar hasta acercarse a la cifra inasumible del 20% y por ello deberíamos averiguar qué es lo que hacen otros países con sus instituciones laborales e intentar incorporar a nuestra legislación aquello que nos parezca más razonable para conseguir sus reducidas tasas de paro y sus altas cotas de productividad laboral.
Desafortunadamente nos encontramos en un momento histórico. Si no acometemos una reforma laboral ambiciosa, la economía española va entrar en un periodo duro y complicado, donde no sólo el crecimiento será más bajo del que podríamos disfrutar con una reforma profunda, sino que, además, su impacto sobre las cuentas públicas puede ser muy negativo, haciendo difícil alcanzar
los objetivos propuestos en el Plan de Estabilidad. Lo mismo puede decirse respecto al sistema bancario, puesto que, si acometemos una reforma suficientemente intensa, se podría superar razonablemente la crisis actual; pero si no es así, la atención de las entidades acabaría concentrándose en la lucha contra la morosidad o en las dificultades por obtener financiación exterior y las autoridades tendrían que centrarse en reestructurar las entidades cuya situación se deteriorase hasta mostrar una clara inviabilidad.

Sin embargo, si aprovechamos este momento histórico y hacemos una reforma laboral profunda, nos encontraríamos con un escenario más positivo en el que las empresas españolas podrían ajustar con prontitud su competitividad en el difícil entorno – a estos efectos- de una unión monetaria. España entraría en un escenario en el que el aumento de productividad proporcionaría un impulso significativo a nuestras mejores empresas. Esto sería especialmente positivo para las pequeñas y medianas, que tienen mayores dificultades para aprovechar los mecanismos de flexibilidad que ofrece el marco institucional actualmente vigente, y se verían enormemente beneficiadas por la implantación de un sistema más flexible y más simple. Por su parte, la consolidación presupuestaria podría llevarse a cabo sin recortes brutales de gasto y el sistema bancario estaría en condiciones de apoyar esta nueva fase de crecimiento.

Sería, pues, un error que al final se adoptara una reforma laboral de bajo alcance, como si, a la altura que hemos llegado, pudiéramos permitirnos el lujo de acometer esta reforma con lentitud, en varias fases, en varios años. Esto hubiera sido posible hace 5 o hace 10 o hace 15 años, cuando se inició la última fase de expansión y la necesidad de la reforma laboral no era imperiosa, y de hecho fue tan poco imperiosa como para que, desgraciadamente, en los últimos 15 años no
se haya adoptado ni una sola reforma laboral capaz de impedir que, por tercera vez, nuestro rígido mercado realizara el ajuste de otra forma que no sea el “castizo” y recurrente modelo español de dejar sin trabajo a millones trabajadores.
A veces surgen voces que ponen en duda que la reforma laboral sea un asunto urgente, argumentando que el mercado de trabajo no es el origen de esta crisis. Esto es completamente cierto, pero es un argumento que no sirve para ignorar el carácter prioritario de esta reforma. Si me permiten la metáfora, nuestro mercado de trabajo ha demostrado ser un barco frágil, en el que, cada vez que llega una tormenta, aparecen vías de agua que es enormemente costoso cerrar. Es evidente que la tormenta no es culpa del patrón del barco, pero sí está en su mano
repararlo antes de que la tormenta acabe hundiéndolo. Pero es que, además, nuestro barco laboral también funciona mal cuando no hay tormentas. En los periodos de mayor crecimiento de la economía mundial, nuestra tasa de paro sigue siendo la más alta y el crecimiento de la productividad laboral mediocre, con lo que los aumentos de salarios están limitados. El barco no se hunde pero navega –en términos de productividad y reducción del desempleo- a una velocidad
muy pobre en comparación a los demás.

Finalmente, es verdad que, aunque se apruebe una reforma que acerque nuestras instituciones laborales a las que rigen en los países más desarrollados, ello no asegura la resolución inmediata de nuestros problemas de crecimiento, finanzas públicas o salud de nuestro sistema bancario.
Hay que adoptar más medidas y entre todas ellas, como he dicho, es clave la consolidación presupuestaria. Pero que nadie se equivoque: si la reforma laboral no es una condición suficiente, es, sin embargo, una condición absolutamente necesaria, imprescindible, sin la cual las demás medidas o reformas que se adopten tendrán efectos mucho menos intensos sobre la competitividad de nuestra economía.

Muchas gracias