La situación actual de la economía española. Las dificultades de las pymes.

Conferencia-almuerzo organizado por la Asociación para el Progreso de la
Dirección de Valencia
Miguel Fernández Ordóñez
Gobernador

Quisiera comenzar agradeciendo a la Asociación para el Progreso de la Dirección su amable invitación para participar en este almuerzo y compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la situación por la que atraviesa la economía española y los retos que de ella se derivan.
Todo parece indicar que la economía mundial ha superado ya los momentos más críticos de la severa crisis que estamos viviendo y que incluso ha comenzado a dar sus primeros pasos hacia la recuperación. Son, ciertamente, unos pasos desiguales, más firmes en las economías emergentes que en las más desarrolladas, y son también unos pasos inseguros, apoyados todavía en unos
impulsos monetarios y fiscales de una intensidad sin precedentes, pero que han agotado en muchos casos los márgenes de maniobra disponibles. Pero es un hecho que la mejoría que evidencian los distintos indicadores de actividad y de confianza y la paulatina normalización de los mercados financieros internacionales han llevado a revisar al alza las previsiones de crecimiento para este año y el siguiente.
Estos signos de mejora han ido teniendo su reflejo en la evolución de la economía española en los últimos trimestres. Desde el momento más agudo de la crisis, hace ahora un año, la recuperación del entorno exterior, la progresiva normalización de los mercados financieros y el efecto de los estímulos fiscales y de la reducción de los tipos de interés, fueron aliviando poco a poco la contracción del PIB, que terminó prácticamente estabilizándose al concluir el ejercicio. Las perspectivas apuntan, en la actualidad, al inicio de una fase de recuperación que seráprobablemente débil y gradual y que sólo podrá consolidarse si se apoya con  importantes reformas. El Banco de España difundirá en unos días las previsiones que publicamos una vez al año, tal como exige la vigente Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
Dada la profundidad de la recesión vivida a escala internacional, los retos a los que se enfrenta la economía española no son ajenos, lógicamente, a los que planean sobre la economía mundial.
Pero nuestros desafíos contienen sobre todo elementos singulares, derivados del comportamiento específico de la economía antes de la crisis y durante la respuesta a la misma. Por ello es esencial diagnosticar acertadamente la naturaleza de los problemas a los que nos enfrentamos para que las políticas económicas puedan reaccionar en consonancia y evitar que la economía quede atrapada en una situación de escaso crecimiento. La economía española sólo podrá recuperar ritmos de crecimiento a medio plazo suficientes para continuar el proceso de convergencia real si se instrumentan con decisión y ambición las políticas necesarias. En los comentarios que siguen trataré de desarrollar estas líneas de reflexión. Las dificultades particulares que presenta la recuperación en España tienen que ver, en primer lugar, con los desequilibrios que se habían acumulado durante la fase expansiva previa en términos de una concentración excesiva de recursos en el sector inmobiliario, un elevado endeudamiento de empresas y familias y unos riesgos potenciales para la competitividad como consecuencia de una década de aumentos de costes y precios superiores a los de la Unión Monetaria.
La inevitable corrección de estos desequilibrios había comenzado a producirse de forma gradual antes de que se iniciara la crisis financiera internacional, pero se intensificó a raíz de su propagación hacia la economía real. Algunos de los ajustes que están teniendo lugar ahora forman parte del proceso necesario para restablecer las condiciones de una recuperación económica sostenible, aunque estén frenando la necesaria reanimación del gasto interno.
El sector residencial deberá alcanzar una dimensión acorde con la nueva situación, y esto exige que una buena parte del exceso de oferta existente se vaya absorbiendo, lo que limitará indudablemente la expansión de la inversión residencial durante algún tiempo. De igual modo, mientras no termine el saneamiento patrimonial de empresas y familias, las pautas de consumo y
de inversión seguirán siendo moderadas. En una dirección más esperanzadora hay que anotar la significativa disminución de la inflación subyacente, que se ha producido como consecuencia del notable incremento en la sensibilidad de
los precios a la situación cíclica. Ello está permitiendo lograr ganancias en la competitividad, que, si se consolidan, serán decisivas para la recuperación del crecimiento. Pero como he dicho al principio de mi intervención, el desarrollo de la crisis ha venido a complicar el ajuste con dos desequilibrios adicionales: el rápido deterioro de las cuentas públicas y el intenso aumento del desempleo, muy superior al que han registrado otros países de nuestro entorno. Dos problemas que, si no se encauzan pronto, pueden mermar gravemente las posibilidades de
recuperación de la economía. En el caso de las finanzas públicas, es bien conocido que niveles de déficit y de deuda públicos elevados tienen un impacto significativo sobre los tipos de interés, sobre todo cuando los mercados están sensibilizados frente a la posibilidad de que se produzcan crisis fiscales. Pero, además, suponen importantes hipotecas para el comportamiento futuro del presupuesto, dado
que obligan a financiar una carga creciente de intereses de la deuda pública y reducen la capacidad de la economía para enfrentarse a perturbaciones futuras. Hay que tener presente que todas las experiencias históricas, propias y ajenas, muestran cómo las tendencias al aumento del déficit y la deuda públicos se arraigan con rapidez y luego son muy difíciles de quebrar, debido a los importantes factores de inercia que determinan su dinámica.
Por su parte, la desproporcionada respuesta del desempleo durante la fase contractiva del ciclo revela la persistencia en España de deficiencias institucionales importantes, singularmente severas en el mercado laboral, que tienen además un grave impacto sobre el tejido empresarial. La reducción de plantillas y el cierre de empresas han afectado muy negativamente a la confianza y las expectativas, y han amplificado las tendencias recesivas. Y todo ello constituye un obstáculo
adicional para el ajuste de las finanzas públicas, el saneamiento de las instituciones financieras y, en definitiva, para la recuperación del crecimiento.
En estas condiciones, resulta inexcusable ejecutar de forma estricta el plan de reducción del déficit público que contempla el Programa de Estabilidad (2009-2013), ya que cualquier desviación significativa respecto a los compromisos anunciados suscitará importantes problemas de credibilidad que podrían dañar las posibilidades de recuperación. Son objetivos ambiciosos, cuyo cumplimiento exigirá esfuerzos notables a todas las Administraciones Públicas y sacrificios a numerosos colectivos potencialmente afectados por los recortes, pero los beneficios los
compensarán con creces. Igualmente apremiante resulta acometer en paralelo un amplio conjunto de reformas que permita mitigar las deficiencias estructurales que lastran la recuperación y reducen el potencial de crecimiento de la economía española. Como he venido insistiendo en mis intervenciones públicas, el abanico de reformas necesarias es extenso y no voy a repetirlas hoy. Pero de todas ellas, son particularmente urgentes aquéllas que pueden contribuir a detener la destrucción de tejido empresarial y de puestos de trabajo, así como a facilitar el dinamismo empresarial y acelerar la absorción por el mercado laboral del elevado número de desempleados que ha surgido con la crisis, evitando así que continúe aumentando el paro de larga duración.
Esta orientación es particularmente adecuada para un sector que tiene gran importancia en nuestro país y que se está viendo afectado de manera especial por la crisis económica. Me refiero al sector de las pequeñas y medianas empresas, al que quiero dedicar, ante este foro de carácter empresarial, una especial atención en el resto de mi intervención.
La relevancia de las pymes en el tejido productivo español es bien conocida. Y no solo por el elevado porcentaje que representan sobre el total del número de empresas, sino también porque son responsables de un porcentaje elevado de la creación de nuevos puestos de trabajo en nuestro país. Estas características son compartidas con otras economías desarrolladas, aunque en España el tamaño medio de las empresas es algo inferior a la media europea.
La crisis económica está afectando de manera particularmente intensa a este sector empresarial. A modo de ilustración, en 2008, más del 98% de las bajas empresariales fueron empresas con menos de diez asalariados, un porcentaje claramente superior al peso de este tipo de empresas en el tejido productivo español (que se sitúa alrededor del 90%).
Estos datos obligan a preguntarse por los factores que subyacen a la mayor vulnerabilidad de las pymes frente a la recesión económica. Aunque al menos una parte, posiblemente no trivial, de las empresas que han desaparecido en estos años pueda haberlo hecho en respuesta al reajuste sectorial que está realizando la economía española, es importante dilucidar en qué medida en este comportamiento diferencial de las pymes confluyen aspectos regulatorios e institucionales que amplifican las dificultades de estas empresas en un clima de deterioro macroeconómico. Indudablemente, existen algunos aspectos ligados al propio tamaño de las empresas que explican este comportamiento cíclico. Sin embargo, el hecho de que la caída de los beneficios empresariales durante la crisis haya sido singularmente elevada en las empresas de reducida dimensión, indica la presencia de algunas deficiencias estructurales que afectan de forma más
negativa a este tipo de empresas y cuyos efectos se agudizan de forma asimétrica durante las fases de recesión.
Desde esta perspectiva, la adopción de las reformas estructurales a las que antes hacía referencia adquiere una dimensión de urgencia adicional en la medida en la que puede suministrar una vía muy prometedora para la solución de los problemas de este importante segmento de la demografía empresarial, especialmente castigado por la crisis.
Las reformas del mercado de trabajo, sobre cuya necesidad para el conjunto de la economía he venido insistiendo en numerosas intervenciones públicas, serían particularmente beneficiosas para las empresas de reducida dimensión. En nuestro sistema de negociación colectiva solo las empresas de tamaño medio relativamente elevado —a partir de 300 empleados— disponen de convenio colectivo propio, mientras que las de dimensión inferior se han de atener a lo establecido en los convenios sectoriales de ámbito superior, fijados a nivel provincial o nacional. Con este entramado institucional, resulta muy difícil que los niveles salariales que se determinen a escala sectorial, a partir de consideraciones relativamente genéricas sobre crecimiento, productividad e inflación, se adecuen de forma suficientemente diferenciada al distinto entorno laboral y productivo al que se enfrentan las empresas más pequeñas. Por no hablar de algo que es fundamental en este momento, como la flexibilidad interna, que al mejorar la productividad puede ayudar a salir de la crisis con menores ajustes de salarios y empleo. Y si este rasgo de nuestro sistema de negociación colectiva es poco eficiente en condiciones macroeconómicas que puedan considerarse “normales”, resulta particularmente perjudicial en situaciones de contracción económica como las que ha vivido la economía española en los dos últimos años, en las que el impacto de la crisis ha recaído de forma muy desigual sobre empresas y sectores, lo que ha provocado que el ajuste se produzca mediante la expulsión del mercado de un buen número de empresas y de trabajadores. Una expulsión en muchos casos innecesaria, porque se podría haber evitado con un marco más flexible, pero que, una vez que se ha producido, ha causado un daño duradero sobre la capacidad productiva y el capital humano. La información desagregada sobre el comportamiento de las tarifas de convenio de los dos últimos años corrobora este extremo. Con carácter general, los convenios colectivos de ámbito sectorial han venido fijando crecimientos salariales más elevados que los establecidos en los de
ámbito individual de empresa, por lo que las pequeñas y medianas empresas han estado sometidas a mayores presiones de costes en un contexto particularmente adverso para ellas y han carecido de mecanismos de ajuste alternativos como los que han podido utilizar algunas de las de mayor dimensión.
Una reforma del sistema de negociación colectiva que, entre otros aspectos, permitiera flexibilizar la aplicación de los convenios colectivos y que proporcionara a empresarios y trabajadores la posibilidad de alcanzar acuerdos que, como se está haciendo en muchas grandes empresas, tengan en cuenta la situación específica de las mismas, ayudaría a resolver de manera menos traumática y más eficiente las necesidades de ajuste, preservando mejor el empleo y la capacidad productiva. En este sentido, la posibilidad de utilizar cláusulas de descuelgue, tal y como
contempla el Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva que acaban de firmar los agentes sociales, supone un avance en la dirección correcta, pero solo si se garantiza una aplicación efectiva de la misma, al menos hasta que concluya la necesaria reforma del sistema de negociación colectiva prevista en dicho Acuerdo.
Precisamente, la falta de flexibilidad para fijar una parte nuclear de las condiciones laborales, en particular la relativa a los salarios, podría explicar el mayor recurso de las empresas pequeñas a la contratación temporal. Y este es un segundo factor que, con gran probabilidad, está contribuyendo a amplificar los efectos de la contracción cíclica sobre el comportamiento de las pymes. Para evitar que estas empresas se vean abocadas a despedir a los trabajadores temporales cuando vencen sus contratos y que en el futuro tengan que volver a recurrir de forma
masiva a los contratos temporales se ha de facilitar una mayor capacidad de organización interna e introducir modalidades de contratación permanente que puedan utilizarse con carácter general. No se puede concluir una revisión de las barreras estructurales que condicionan la actividad de las pymes sin hacer una referencia, aunque sea breve, al entorno administrativo en el que éstas se
desenvuelven. Los costes que se derivan de dicho entorno resultan más gravosos para las empresas pequeñas debido al componente fijo de los mismos. En este sentido, la disminución de las cargas administrativas que soportan las empresas, la simplificación regulatoria, en especial la fiscal y laboral, y la eliminación de la superposición de normas estatales, autonómicas y locales resultan cruciales para mejorar la competitividad de las empresas de reducida dimensión. Como
también lo es la mejora de la competencia y las políticas de liberalización sectorial, en la medida que la falta de competencia puede ser particularmente dañina para el desarrollo de las actividades de las pymes, que se ven más condicionadas por las decisiones de las empresas con mayor control de mercado, normalmente también de mayor tamaño.Todas estas reformas estructurales son fundamentales también para aliviar las tensiones financieras que se siguen viviendo en la economía y que afectan de manera más intensa a las pymes. Un mayor nivel de empleo y un crecimiento potencial más elevado se traducirían
inmediatamente en un incremento de las rentas esperadas de las familias y de las empresas españolas y ello les ayudaría a reducir las todavía elevadas ratios de endeudamiento del sector de un modo no traumático para el dinamismo del consumo y de la inversión productiva. El saneamiento de la posición patrimonial del sector privado mejoraría, sin duda, la solvencia de sus demandas de fondos y ampliaría así su capacidad de acceso al crédito. Las pymes son, en general, mucho más dependientes del crédito bancario que las compañías de mayor tamaño, para las que resulta menos costoso acudir directamente a los mercados. Esa asimetría se agrava en situaciones como la actual de gran incertidumbre y elevada aversión al riesgo ya que, por su dimensión, su número y su elevada heterogeneidad, la valoración de su solvencia individual resulta de por sí particularmente compleja.
El crédito al conjunto de las empresas se está comportando en España de forma parecida al resto de Europa, donde se registran caídas entre el 2,5% y el 4,5%, muy alejadas del descenso del 17% observado en EEUU. Superados los problemas de financiación del pasado año, estas cifras reflejan un mayor impacto de los factores de demanda – si caen las ventas y la inversión, lógicamente cae la demanda de crédito para el circulante y para la inversión –, pero las distintas
encuestas realizadas entre pymes muestran la percepción de un acusado deterioro de sus condiciones de acceso al crédito. Es razonable pensar, y así lo refleja alguna de estas encuestas, que una parte de las mayores dificultades encontradas para obtener financiación no es ajena al fuerte impacto que la crisis está teniendo sobre sus resultados, y por tanto, sobre su capacidad de pago futura. En este sentido,
parte de los mayores aprietos de las pymes para obtener financiación en la presente coyuntura tiene que ver con el debilitamiento de su posición durante la crisis. Pero otra parte de ese endurecimiento está seguramente ligada al incremento de las dificultades para valorar, en este contexto de gran incertidumbre, la solvencia de los proyectos individuales y ello puede interpretarse como una mayor incidencia de las restricciones de oferta de crédito sobre este
segmento del tejido empresarial, que justifica las medidas especiales adoptadas para paliarla. Es esta línea se insertan las iniciativas para reforzar el papel que desempeña el ICO en la mitigación de los problemas de información que habitualmente limitan el acceso al crédito de las pymes. Pero, más allá de las medidas sectoriales de carácter paliativo, su acceso al crédito dependerá
estrechamente de las mejora de las condiciones de financiación del conjunto de la economía. Es evidente que una posición fiscal débil termina traduciéndose en mayores costes de financiación, no solo para el sector público, sino también para el sector privado y, sobre todo, para los segmentos más vulnerables a las restricciones de oferta de crédito, como es el caso de las pymes.
En todo caso, la mejora de las condiciones de financiación en nuestro país pasa también por una reestructuración del sistema financiero que permita que las entidades puedan ajustarse de manera eficaz a unas condiciones que serán a todas luces más exigentes que antes de la crisis. Desde el inicio de las turbulencias financieras, que cumplirán tres años el próximo verano, he explicado hasta la saciedad por qué el sistema financiero español ha resistido con una gran
solidez la crisis financiera internacional, mientras veíamos derrumbarse los bancos más importantes de algunos países desarrollados. Pero también he ido señalando los problemas propios (digestión de los excesos inmobiliarios, reducción de actividad y márgenes, dificultades en la financiación mayorista, mayores exigencias de capital por reguladores y mercados, etc.) que obligaban a acometer cuanto antes esfuerzos serios de restructuración por parte de todas nuestras entidades.
Yo diría que la mayoría de las entidades españolas está haciendo sus deberes. En primer lugar, aquellas entidades que en los análisis a futuro que realiza la supervisión del Banco de España no muestran problemas de viabilidad pero que, sin embargo, requieren reestructurarse reduciendo costes, mejorando su eficiencia y rentabilidad, aumentando su capital, etc. En este grupo están los bancos, pero también las cajas de mayor dimensión y otras muchas cajas de ahorro que tienen
una posición muy sólida. Hay otro grupo de entidades, fundamentalmente cajas de ahorro, que son viables hoy pero que, sometidas a esos análisis, muestran problemas en el futuro. De este grupo son también mayoría -y ustedes lo pueden seguir por la prensa – las que están poniendo en marcha procesos de integración que, ayudados con los recursos públicos aprobados por el Parlamento, facilitarán su reestructuración. Pero desafortunadamente, hay una minoría de cajas que está retrasando estos procesos, bien por sus propias decisiones, bien por la interferencia de los gobiernos de sus comunidades autónomas. Aunque en mis anteriores comparecencias he explicado el daño que producen estos retrasos en la reestructuración, quiero en esta ocasión, con la mayor rotundidad posible, hacer una llamada a la responsabilidad de esas cajas y de las comunidades autónomas que están perjudicando esos procesos para que cambien su actitud inmediatamente, no sólo por el daño que se hacen a sí mismas y a su región, sino por el perjuicio que causan al resto de las instituciones de crédito españolas que sí están haciendo sus deberes. Son pocas, es verdad, y su peso en el conjunto del
sistema es reducido, pero la imagen de lentitud e incapacidad de resolver sus problemas se trasmite al conjunto del sistema bancario español, extendiéndose la sospecha sobre la solidez de las demás instituciones y encareciendo su financiación. A esa minoría de cajas y de gobiernos de comunidades autónomas hay que decirles con claridad
que no solo están creando dificultades a las demás, sino que además se perjudican a ellas mismas y a sus territorios. Es verdad que esas entidades ahora son todavía viables, pero deben saber que, en cuanto dejen de serlo, el Parlamento ha dotado al Banco de España de suficientes instrumentos para que más allá de lo que piensen las asambleas de esas cajas y los gobiernos autonómicos, esas entidades sean intervenidas y posteriormente liquidadas o vendidas en la forma que prevé el FROB. Esto significa la apertura de expediente a los consejeros y demás
órganos de gobierno de las cajas, y una reducción mucho más traumática del empleo y los servicios financieros en su región que la que se hubiera producido en el caso de haber acometido procesos ordenados de integración, y todo ello independientemente del aumento del coste para el contribuyente español, del que sin duda ellos serán responsables. Pero mientras estas actitudes cambian, y esperemos que cambien pronto, todos debemos seguir explicando la fundamental solidez de la mayoría de las entidades españolas. El Director de Regulación del Banco de España dedicó a ello su última intervención -que pueden consultar en
nuestra página web- y en breve el Banco adelantará la publicación del informe de estabilidad financiera. Pero quienes pueden explicar mejor su situación son las propias entidades, por lo que deberían redoblar sus esfuerzos para mostrar su realidad a analistas y público en general. Por otra parte, además de acelerar la restructuración, debo reiterar la necesidad de aprobar cuanto antes una reforma del sistema financiero que permita a las cajas dotarse de recursos propios de calidad
si queremos no solo evitar que en el futuro surjan problemas como los que estamos viviendo, sino que las mejores cajas puedan capitalizarse suficientemente y así poder seguir contribuyendo en el futuro a la provisión de crédito y de servicios financieros a las familias y empresas españolas. La buena marcha de la reestructuración financiera y la reforma de las cajas de ahorro serán fundamentales para la economía española, su tejido empresarial en general y las pymes muy en
particular. Pero ni estas ni otras reformas alcanzarán sus objetivos si no vienen acompañadas por una imprescindible reforma laboral que detenga la sangría del desempleo y favorezca la contratación, así como si no se adoptan pronto medidas concretas que permitan cumplir con el ambicioso plan de consolidación fiscal enviado a Bruselas. Para ello, y no me cansaré de repetirlo, lo primero es evitar caer en el grave error de pensar que la salida de la crisis internacional resolverá nuestros problemas sin necesidad de hacer reformas. Sin duda esa recuperación ayudará, pero no resolverá nuestros problemas. Si hay reformas en los
campos que he mencionado, podremos alcanzar pronto un crecimiento razonable del empleo. Si no hay reformas, nos enfrentaremos a un período largo de crecimiento mediocre del empleo, con las consecuencias que ello tendrá en el futuro sobre las finanzas públicas, el sistema financiero, la protección social y, en general, el nivel de vida y bienestar de los españoles.

Muchas gracias.