Linde: La rentabilidad, reto fundamental para los bancos españoles

Quisiera, en primer lugar, agradecer a la Universidad de Almería y a todas las entidades patrocinadoras la invitación a participar en la apertura de esta conferencia que va a tratar durante tres días de la Banca Cooperativa.

En mi intervención haré, en primer lugar, un breve repaso de la situación actual del sistema bancario español, incluido el sector de cooperativas, así como de los principales retos que afronta. En segundo lugar, abordaré algunos de los desarrollos regulatorios actuales en el sector bancario, incluyendo una referencia a la normativa europea sobre de recuperación y resolución de entidades.

Situación y principales retos del sector bancario español

Durante la primera mitad de 2016, los mercados financieros globales han mostrado una elevada volatilidad, resultado de diferentes factores.

En primer lugar, las previsiones de crecimiento económico a nivel global, que se han venido rebajando desde el último trimestre de 2015; en segundo lugar, la debilidad mostrada por las economías emergentes, en especial las más dependientes de las exportaciones de materias primas; y, en tercer lugar, el inestable contexto sociopolítico, circunstancia reforzada por la decisión de los ciudadanos del Reino Unido, refrendando su salida de la Unión Europea el pasado 23 de junio.

Estos elementos han propiciado una corrección en los precios de los activos en los diferentes mercados que, si bien se relajó a partir de mediados de febrero, tras el pasado 23 de junio ha vuelto a tomar cuerpo como resultado del aumento de la incertidumbre y de la mayor volatilidad.

La corrección en los precios ha sido especialmente acusada en el caso de los activos emitidos por el sector bancario europeo, dado que a los elementos de naturaleza global, anteriormente enunciados, se suman otros factores del área euro, de sus sistemas bancarios e, incluso, de entidades concretas.

Cabe citar entre otros: la baja rentabilidad del negocio bancario en Europa, cuestión en la que me detendré, dada su relevancia; la preocupación por el elevado volumen de morosidad en algunas jurisdicciones europeas; y la ampliación e intensificación de los requisitos regulatorios, que tienen un claro exponente en la nueva Directiva de resolución y recuperación, que, en última instancia, se puede traducir en un incremento de las exigencias de capital o de tenencia de pasivos capaces de absorber pérdidas. En este contexto, resulta esencial entender las causas de las correcciones bursátiles de los bancos europeos, dado que valores reducidos de sus cotizaciones dificultan la posibilidad de ampliar capital en el mercado para reforzar sus niveles de solvencia.

En este marco, común para los bancos europeos, las entidades españolas aumentaron su activo consolidado un 2,5% durante el año 2015, fundamentalmente debido a su actividad internacional. En los negocios en España, el crédito al sector privado residente siguió cayendo en 2015, si bien a tasas más moderadas que en 2014, tanto para las familias, como para las empresas no financieras. Para estas últimas, se fue moderando el descenso del crédito, siendo la tasa de caída para las PYMEs (-2,8%) sensiblemente inferior a la del crédito a grandes empresas (-6,4%).

Los activos dudosos continuaron descendiendo durante 2015, reduciéndose en más de 37 mil millones de euros (frente a la caída de 24 mil millones en 2014). A finales de 2015 había un 22% menos de activos dudosos en los balances de los bancos españoles en comparación con el año anterior. Esta tendencia se ha observado tanto en el crédito a empresas no financieras, como en el destinado a hogares.

La rentabilidad, es, sin duda, un reto fundamental que afrontan los bancos europeos, incluidos los españoles.

Durante el año 2015, el resultado consolidado a nivel global del conjunto del sector fue de casi 14 mil millones de euros, casi un 13% inferior al del año anterior; la rentabilidad sobre fondos propios se redujo desde el 6,9% en 2014 al 5,6% en 2015. En los negocios en España, la evolución de la rentabilidad fue peor que en su actividad consolidada a nivel global, situándose el ROE en 2015 en el 4,4% (frente al 5% registrado en 2014).

Puede decirse que el principal elemento que presiona a la baja la rentabilidad del sector es el entorno de tipos de interés muy reducidos, entorno que podría mantenerse mientras las expectativas de inflación justifiquen el tono muy expansivo de la política monetaria en la zona euro. El margen entre la rentabilidad del activo y del pasivo en el negocio doméstico se encuentra en niveles cercanos a mínimos históricos. Además, por el lado de los costes financieros no queda mucho recorrido de bajada, por lo que, si continúan los descensos de los tipos de activo, el margen de intereses se puede seguir reduciendo.

Pero hay que mencionar otros dos factores que presionan a la baja a la rentabilidad. Por un lado, un nivel de actividad bancaria todavía reducido (pues el crédito sigue descendiendo). Por otro, el significativo volumen de activos improductivos (dudosos y adjudicados) que aún existe en los balances de las entidades, aunque es cierto que los activos dudosos se están reduciendo notablemente, lo que se traduce en menores provisiones y una mejora, por tanto, de los resultados. En este contexto, los esfuerzos dirigidos a la reducción de costes y a las ganancias de eficiencia cobran especial relevancia.

Por último, cabe destacar que, en cuanto a la solvencia de las entidades, la ratio de capital de máxima calidad, el capital ordinario de nivel 1 (CET1), ha aumentado más de 80 puntos básicos en el último año, hasta alcanzar a finales de 2015, el 12,6% para el conjunto de entidades españolas, superando con cierta holgura el mínimo regulatorio.

El sector de cooperativas en España

Quiero referirme ahora al sector de cooperativas.

Querría empezar subrayando que, aunque el peso relativo de la banca cooperativa en España es modesto en comparación con el de los bancos comerciales, el sector cooperativista desempeña un papel relevante en la financiación del tejido productivo en diferentes sectores y, por consiguiente, en la actividad y en la generación de empleo.

Los activos totales consolidados del sector alcanzaron, en diciembre de 2015, unos 131 mil millones de euros. En términos comparativos, representan un 3,6% de los activos totales consolidados de las entidades de depósito españolas. No es preciso recordar que uno de nuestros anfitriones, Cajamar, es un componente importante del sector, superando ligeramente el 30% de los activos del conjunto de las cooperativas.

Las cooperativas son, en su gran mayoría, entidades de pequeña dimensión, arraigadas en el territorio donde operan. Si nos centramos en los negocios en España, con datos individuales, el sector de cooperativas cuenta con más de 18.000 empleados, distribuidos en más de 4.300 oficinas. Con datos a diciembre de 2015, las cooperativas emplean a más del 9% de los trabajadores del sector bancario en España, y suponen el 14% de las oficinas que operan en territorio nacional.

En cuanto a la composición del balance del sector, por el lado del pasivo, destaca la importancia de los depósitos del sector privado, que equivalen a más del 70% de su activo total (casi 20 puntos porcentuales más que para el total de entidades de depósito). Por el lado del activo, las diferencias con el resto del sector bancario son menores. No obstante, la proporción de crédito al sector privado es ligeramente superior para el sector cooperativo. La proporción de fondos propios de las cooperativas (7,2% en diciembre de 2015) también es ligeramente superior a la del sector bancario en su conjunto.

Centrándonos en los negocios en España, el sector de cooperativas suministra alrededor del 7% del total del volumen de crédito para financiar a empresas no financieras y a hogares, en especial, en la compra de vivienda. La ratio de morosidad del sector se situaba en el 11,2% en diciembre de 2015, habiéndose reducido casi 1,5 puntos porcentuales en el año 2015.

En el análisis por sectores, la tasa de morosidad de los hogares se sitúa en el 5% y en el 20,4% en el caso de las empresas no financieras. En cuanto a esta ratio hay que precisar, por un lado, que se ha reducido más de 3 puntos porcentuales en 2015; por otro, que si se excluyen las empresas de construcción y promoción, la ratio se sitúa por debajo del 12%.

El resultado neto del conjunto del sector cooperativo en el año 2015 superó los 450 millones de euros, lo que supone un aumento cercano al 15% respecto a 2014. La rentabilidad sobre fondos propios alcanzó el 4,8%, habiéndose incrementado en algo más de medio punto porcentual en 2015.

Esta mejora de la rentabilidad se debe a la reducción de las pérdidas por deterioro de activos en casi un 60% en el último año (casi 700 millones de euros), como consecuencia de la reducción en la morosidad que ya he comentado. El margen de intereses se mantuvo relativamente estable, habiéndose reducido tanto los ingresos como los costes financieros, mientras que la ratio de eficiencia mejoró en varios puntos porcentuales.

En cuanto a la solvencia del sector, la ratio de capital de mayor calidad, el capital ordinario de nivel 1 (CET1), del conjunto de las cooperativas españolas alcanzó en diciembre de 2015, el 13,7%, lo que supone un aumento de casi 70 puntos básicos respecto a su nivel en diciembre de 2014. Asimismo, supone un nivel de CET1 superior en más de 1 punto porcentual al agregado del sector bancario español.

En conclusión, el sector cooperativo en España se mantiene con unas cifras y unas ratios en línea con las del resto del sector bancario, situándose en la actualidad en niveles de solvencia algo superiores al resto del sector.

Agenda regulatoria: desarrollos recientes el marco de capital de Basilea III

Querría repasar ahora las reformas pendientes. Pero haré, primero, un breve recordatorio de los elementos fundamentales del nuevo marco regulatorio que conocemos como Basilea III.

La crisis financiera global puso de manifiesto una serie de debilidades de la regulación, entre las que destacaba un elevado apalancamiento de los bancos, un excesivo crecimiento del crédito –potenciado, en parte, por unos estándares laxos en la concesión de crédito -, un alto grado de riesgo sistémico, y niveles insuficientes de liquidez.

El FSB y el Comité de Basilea han venido desarrollando un conjunto de reformas consistentes, por un lado, en la adopción de criterios más exigentes en cuanto a los niveles y calidad de capital requerido a las entidades y, por otro, un replanteamiento del marco general, reconociendo de este modo la necesidad de complementar las ratios de solvencia con otras medidas.

Entre esas medidas se pueden citar, en primer lugar, la ratio de apalancamiento, que pretende ser una métrica simple, transparente y complementaria a la ratio de capital basada en riesgo.

En segundo lugar, ante la falta de regulación del riesgo de liquidez antes de la crisis, el Comité decidió adoptar dos nuevas ratios: una, enfocada a garantizar la cobertura de las necesidades de liquidez en caso de un periodo de tensión de 30 días; y otra, destinada a conseguir una estructura de financiación adecuada a las actividades de cada entidad.

Finalmente, el marco regulatorio de Basilea III ha incluido una nueva dimensión macro-prudencial con dos objetivos. El primero, considerar el impacto que los problemas en una entidad de gran tamaño o complejidad pueden tener sobre el resto del sistema financiero; el segundo, tratar de evitar la tendencia de las entidades a aumentar excesivamente su riesgo en la parte alcista del ciclo.

Basilea III ha incorporado el llamado “colchón de capital para las entidades más importantes” o “sistémicas”, aplicable a las entidades que superen ciertos umbrales de tamaño, complejidad e interconectividad; y, además, el denominado “colchón de capital anti-cíclico”, que requiere un incremento del capital en los momentos de expansión crediticia para reforzar la solvencia bancaria cuando los riesgos asociados a dichos créditos se materializan.

Tras todos estos cambios, ¿qué quedaría pendiente de la reforma post-crisis?

Fundamentalmente, la terminación de la revisión del marco de capital basado en el riesgo que está llevando a cabo el Comité de Basilea.

Atendiendo a lo fundamental, Basilea está revisando la forma en la que se calcula el denominador de la ratio de capital, los Activos Ponderados por Riesgo (APRs), es decir, el modo en el que se miden los riesgos para los que se exige capital. El objetivo de esta revisión es lograr un mejor equilibrio entre simplicidad, comparabilidad y sensibilidad al riesgo.

De aquí a finales de este año, 2016, fecha fijada para la finalización de las reformas post-crisis, está pendiente decidir las reformas de los métodos estándar de medición del riesgo de crédito y operacional; el uso de modelos internos (IRB) para estas dos categorías de riesgo; la posibilidad de establecer un recargo adicional en función de la ratio de apalancamiento para entidades sistémicas globales; y el diseño de los denominados “suelos de capital” en el cálculo de los APRs.

En cuanto a los métodos estándar, me detendré un momento en el que se aplica a la medición del riesgo de crédito, por ser este aspecto unos de los de mayor relevancia, también, desde luego, para las cooperativas de crédito. A juicio del Banco de España, el modelo estándar de riesgo operacional que ha sometido a consulta pública el Comité de Basilea debe mejorarse en varios aspectos.

La revisión del método estándar pretende aportar una mayor sensibilidad al riesgo de crédito en el cálculo de APRs y, a la vez, evitar que el método descanse en exceso y de forma automática en las calificaciones otorgadas por las agencias de rating externas.

El Comité de Basilea está haciendo un esfuerzo para diseñar un método estándar que subsane tales deficiencias, ajustando algunos elementos y está decidiendo su calibración. La posición del Banco de España, como la de otros supervisores nacionales, es que de esta revisión no deberían derivarse aumentos de capital, en todo caso, aumentos que puedan resultar significativos para el sector bancario.

El uso de modelos internos está también en revisión, quedando pendientes de finalización para este año los modelos internos de riesgo de crédito y operacional. El objetivo es reducir la excesiva variabilidad de los APRs, y para ello se trabaja en varias direcciones, que podría resumir así:

Primero, no todos los riesgos se juzgan modelizables. Este es el caso del riesgo operacional. La propuesta actual es dejar de modelizar este riesgo.

Segundo, dentro del riesgo de crédito, no todas las carteras serían igualmente modelizables. En concreto, no lo serían aquellas denominadas ‘carteras con pocos incumplimientos’, como, por ejemplo, la de bancos, o ciertos segmentos de la de empresas.

Y tercero, y esto no solo afectaría a riesgo de crédito, sino que también podría tener implicaciones para la cartera de negociación, se baraja la posibilidad de que se establezcan suelos a los resultados de los modelos internos, suelos o mínimos que se basarían en los métodos estandarizados. Así, el resultado final de un modelo no podría situarse por debajo de un umbral calculado a partir de un cierto porcentaje del resultado que se obtendría de aplicar el método estándar.

En nuestra opinión, esta revisión del uso de modelos internos persigue un objetivo razonable, que es reducir la variabilidad no justificada, de los activos ponderados por riesgo que se pone de manifiesto entre bancos de distintas jurisdicciones, sujeto todo ello, como ya he indicado, a que no se dé lugar a aumentos significativos de capital.

Debemos tener presente, además, que las mayores exigencias en materia regulatoria no se circunscriben al ámbito de la regulación prudencial. Por ello, quisiera referirme a unas de las cuestiones que en este momento resulta de gran actualidad, como son las nuevas exigencias de pasivos elegibles (MREL por sus siglas en inglés) que debieran permitir la internalización de las pérdidas derivadas de las crisis bancarias, trasladando el coste a los agentes privados en lugar de al erario público.

La actual normativa europea aprobada en 2014, – me refiero a la Directiva sobre Recuperación y Resolución - es muy exigente. Esta normativa impide, con carácter general, el uso de fondos públicos si antes no se han asumido pérdidas por accionistas y acreedores por un montante, al menos, del 8% del total balance. Esta condición resulta actualmente de difícil cumplimiento, puesto que las entidades se encuentran aún en un proceso de constitución de su requerimiento mínimo de MREL y, para algunas de ellas, no será fácil alcanzar dichos umbrales al ser limitado su acceso al mercado de capitales, o implicar impactos negativos sobre la cuenta de resultados.

Hasta el momento, la Junta Única de Resolución (SRB), la autoridad de resolución europea, no ha tomado una decisión final y firme sobre el requerimiento MREL, pero todo apunta a que será exigente. Desde el Banco de España defendemos que los requerimientos deben tener en cuenta la estrategia de resolución y han de ser prudentes y adaptados a la realidad económica-financiera de las entidades.

En todo caso, las cooperativas deberán integrar el concepto de resolución en su planificación y gestión, y seguir trabajando en la formación de mecanismos de apoyo mutuo, voluntarios y privados.

Conclusión

Para concluir, quisiera precisar que todos los supervisores y reguladores bancarios que participan en este proceso somos conscientes de la importancia que tiene finalizar cuanto antes el proceso de revisión de Basilea III y la relevancia de dar certidumbre regulatoria a la banca y a los participantes en los mercados.

No quiero terminar sin reiterar la importancia de disponer de un sector de cooperativas saneado y eficiente, que se enfrente a los retos del momento: la presión que el entorno de bajos tipos de interés ejerce, igual que para el resto de la banca, sobre los resultados; las nuevas exigencias regulatorias; la mejora de su gobernanza; la gestión y comercialización de sus recursos; y la profundización en los procesos de asociación.

Muchas gracias por su atención.