Perspectivas de la economía española

Conferencia en el Club Financiero de Vigo
Miguel Fernández Ordóñez
Gobernador

Buenos días, y un especial agradecimiento al Club Financiero de Vigo, por darme la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre las perspectivas de la economía y del sistema financiero de nuestro país.
Lo primero que quiero decirles es que veo el futuro con optimismo. Alguno no entenderá este optimismo en un momento en que recibimos noticias muy negativas sobre el desempleo y la situación de las empresas, o cuando abundan las críticas, más o menos fundadas, que se están haciendo más allá de nuestras fronteras sobre la economía española. Pero yo estoy convencido de que si adoptamos cuanto antes algunas reformas estructurales profundas, podremos reiniciar otra senda de crecimiento y de creación de empleo que, como ha sucedido en los últimos 30 años, nos siga acercando a los niveles de renta, riqueza y bienestar de nuestros principales socios europeos. Es verdad, también, que si no se adoptan con prontitud dichas reformas, o no son lo suficientemente ambiciosas, se podría abrir ante nosotros un período de serias dificultades.
Hace un año, en Zaragoza, expliqué en extenso los retos específicos a los que se enfrentaba nuestra economía después de 14 años de un crecimiento casi espectacular, pero también desequilibrado. No voy a repetir aquí todo lo que, por cierto, sigue vigente, pero sí quiero recordar algo porque, aunque es evidente que la crisis internacional nos ha hecho pasar por dificultades parecidas a las que han sufrido la mayoría de las economías desarrolladas, sería peligroso caer en la tentación de pensar que nuestros principales problemas han surgido únicamente como consecuencia de esa crisis y no debido a nuestros propios desequilibrios acumulados durante esa etapa de crecimiento.
¿Cuáles son, de una forma resumida, los problemas a los que se enfrenta nuestra economía? Además de una excesiva concentración de recursos en el sector inmobiliario, durante esos años de expansión, la economía española acumuló una sustancial pérdida de competitividad en relación a nuestros socios europeos. Es verdad que esto también sucedió otras veces en el pasado y, sin embargo, salimos adelante. Es verdad, pero ahora hay algunas diferencias. Esta vez tenemos que añadir a esa pérdida de competitividad el aumento excepcional del endeudamiento al que han recurrido tanto las familias como, sobre todo, las empresas. Esta vez también hay que añadir el reto de hacer frente a un déficit público de dimensiones históricas. Pero lo que es más importante es que en el pasado no formábamos parte de un área monetaria y entonces cabía la devaluación, que de una forma casi automática empobrecía a los trabajadores, o la inflación, que reducía sus salarios pero facilitaba al Estado mejorar sus ingresos.
Hoy ustedes me agradecerán que no les hable en detalle de todo esto. En los informes del Banco de España y en mis comparecencias ante el Parlamento encontrarán un extenso análisis de las causas que nos han llevado donde estamos, los distintos escenarios posibles o las ineludibles reformas. Hay reformas muy importantes –como la educación o las pensiones– que ni siquiera mencionaré hoy. Hoy sólo les hablaré de las reformas que, en mi opinión, no admiten mayor dilación. Desde que se iniciaron las turbulencias en el verano del 2007 ha pasado suficiente tiempo como para saber lo que tenemos que hacer y, por tanto, de lo único que se trata es de animarnos a hacerlo cuanto antes.
El desempleo y la situación de las cuentas públicas son nuestros dos grandes retos. La reforma laboral y la política de consolidación presupuestaria son las dos reformas más necesarias y urgentes. El desempleo, porque está estrechamente relacionado con todos los demás desafíos que tenemos en la economía española: el crecimiento, la necesidad de recuperar un nivel de ingresos públicos que mantenga el estado del bienestar o la situación del sistema financiero. Por ello, la reforma de nuestras instituciones laborales es absolutamente imprescindible para salir de la situación en la que estamos.
Es un hecho más que evidente que España destaca en el mundo desarrollado por la singularidad de sus instituciones laborales y por los efectos perniciosos que esa singularidad produce.
La evidencia es rotunda si repasamos lo que en la escuela llamaban “Geografía e Historia”. Si observamos lo que dice nuestra Historia, es la tercera vez que España llega a cotas de desempleo del orden del 20%, tasas desconocidas en cualquier país desarrollado. Es verdad que a mediados del 2007 conseguimos la menor tasa de paro de los últimos 30 años: un 8%. Pero, si echamos un vistazo ahora a la Geografía, comprobaremos que otros países ni siquiera han alcanzado esa tasa de paro ahora, después de haber sufrido durante estos dos años la mayor crisis desde los años treinta. Tanto si miramos al pasado, pues, como si observamos qué pasa en otros países, sabemos que tenemos que cambiar lo que no funciona.
Tampoco cabe minusvalorar la magnitud de nuestro problema de desequilibrio de las cuentas públicas. Aunque nuestro país contaba al inicio de la crisis con un nivel de deuda pública relativamente reducido, es muy posible que el año 2009 cierre con un déficit público que podrá ser calificado de ”histórico”. Y si pasamos de la Historia a la Geografía, comprobaremos que el actual déficit español es uno de los mayores de los países desarrollados. Por ello, acercar nuestras instituciones laborales a las de los demás países desarrollados y afrontar ahora una consolidación presupuestaria que nos ahorre en el futuro recortes más dolorosos del gasto público, son las dos medidas más urgentes para recuperar el crecimiento.
La adopción inmediata de medidas ambiciosas que ayuden a resolver el paro y la situación fiscal es un paso imprescindible para conseguir lo que, a la postre, es la pieza clave para salir de la crisis: recuperar la confianza. Si no se confía en el futuro, el país seguirá parado, o con crecimientos mediocres. Los consumidores tienen que estar seguros de que su futuro no vendrá marcado por el desempleo. La inversión seguirá sin contribuir al crecimiento mientras las empresas no vean claro el futuro de sus ventas, o sea, el de los consumidores. Y bancos y cajas sólo se mostrarán más activos que ahora en la concesión de créditos si confían en que el futuro de los trabajadores y empresas les permitirá devolver esos préstamos. El propio Estado podrá hacer frente a sus necesidades de financiación con costes más reducidos si los inversores en nuestros títulos confían en que volveremos a recuperar pronto un crecimiento sostenido.
Recuperar la confianza es, pues, esencial. Y después de dos años de crisis sabemos de sobra que esperar a que nuestros problemas desaparezcan cuando la crisis internacional termine, sin haber hecho las reformas necesarias, no nos lleva a recuperar la confianza. Sólo si el conjunto de consumidores, empresarios, inversores, etc., percibe que estamos dispuestos a reformar lo que sea necesario para recuperar el crecimiento, volverá la confianza.
La reforma laboral supone revisar un conjunto numeroso de instituciones (contratación, negociación, servicios de empleo, formación, intervención administrativa etc.) en las que nos apartamos mucho de lo que hacen otros países. Hoy, por razones de brevedad, hablaré solamente de una, la negociación colectiva. De la reforma de la contratación, que sin duda es importante, pienso que algunas propuestas conocidas en los últimos meses, como por ejemplo el documento publicado por 100 de los mejores economistas del país, han servido para exponer con claridad las deficiencias y han puesto sobre la mesa algunas ideas interesantes sobre qué es lo que se puede hacer. Pero en este momento la reforma más urgente es la de la negociación colectiva porque puede ayudar mucho a detener la sangría del paro, recuperar algo de competitividad y mejorar la productividad y, de esta forma, aprovechar la recuperación que está iniciándose en la economía mundial.
Esta reforma es especialmente necesaria para las medianas y pequeñas empresas, que se ven particularmente afectadas por la falta de flexibilidad del sistema vigente en la actualidad. Con frecuencia, estas empresas no disponen de la capacidad y de los instrumentos para aprovechar las ventajas que ofrecen sistemas laborales complicados. Para las PYMES es muy importante que las reformas que se lleven a cabo conduzcan a soluciones sencillas y fáciles de implantar.
Habría que conseguir que, sin mayores complicaciones, los trabajadores de cualquier empresa pudieran acordar con sus empresarios lo que mejor les convenga. En la situación actual esto no es posible como consecuencia de los convenios sectoriales y regionales, que imponen un importante grado de rigidez tanto en la fijación de los salarios como en todos aquellos aspectos que tienen que ver con la organización interna del trabajo en las empresas. Como consecuencia de esta falta de flexibilidad, ante unas circunstancias tan adversas como las de los últimos trimestres, muchas empresas se ven obligadas a hacer justo lo contrario de lo que querrían sus trabajadores, como reducir la plantilla o incluso acabar cerrando y despedir al 100% de sus empleados. Para cambiar esto no sería necesario suprimir los convenios sectoriales o regionales acordados por los sindicatos y patronales. Estos convenios podrían servir de referencia o de red de seguridad para todos aquellos trabajadores y empresarios que no lograsen llegar a un acuerdo a nivel de empresa. La clave está en encontrar un mecanismo legal simple que permita a los trabajadores españoles alcanzar acuerdos con sus empresarios para mantener su puesto de trabajo. Además, para aquellas empresas que no están en dificultades, la negociación colectiva a nivel de empresa es un instrumento capital para posibilitar aumentos de productividad, que, no lo olvidemos, es lo que permite aumentar los salarios de forma duradera.
Y es que algunas reformas estructurales aportan mejoras para todos. Así, tanto la reforma de la negociación colectiva, como la reforma de la contratación, si se implantan sin alterar las condiciones de despido de los trabajadores actualmente contratados, favorecerían a todos los trabajadores, tanto a los desempleados como a los que tienen empleo.
Desafortunadamente, esto no sucede con las políticas de reforma del gasto público necesarias para volver a unas cuentas públicas saneadas, que son mucho más difíciles de diseñar y que requerirán un esfuerzo excepcional de todos, y en especial de las comunidades autónomas y ayuntamientos, porque son los entes que concentran la mayor parte del gasto público y el mayor número de funcionarios. Por supuesto que la administración central tiene también una responsabilidad inexcusable porque muchos de los gastos de las propias comunidades autónomas vienen determinados por la regulación estatal. Sabemos la enorme dificultad de los Parlamentos de los países centralizados a la hora de decidir dónde se reduce el gasto. Pero en países con una descentralización presupuestaria tan intensa como España, las dificultades se acrecientan y ello debe llevarnos a incrementar el ejercicio de responsabilidad de unos y otros para conseguir la resolución de un problema que nos afecta a todos.
Como se ha dicho, reconducir nuestro déficit a niveles sostenibles es todavía factible pero no bastará con los habituales planes, por ambiciosos que sean, de pura reducción de las partidas presupuestarias, sino que será imprescindible acometer, en cada una de las rúbricas de gasto, reformas estructurales profundas. Otros países, como los nórdicos, que en los años noventa sufrieron una crisis fiscal parecida, consiguieron mantener lo esencial del Estado de bienestar gracias a que adoptaron reformas de una gran audacia en todo el abanico del gasto público. Creo que podríamos aprender algo de ellos.
Aprovecharé esta intervención también para comentar las perspectivas del sistema bancario. Al inicio de la crisis, en todas mis conferencias resaltaba que España se enfrentaba a ella con dos soportes muy firmes, que otros países no tenían. Por un lado, contábamos con unas cuentas públicas saneadas, con un superávit presupuestario desconocido en los grandes países y con un nivel de deuda pública que estaba entre los más bajos de los países desarrollados. El otro soporte era el sistema bancario, que bien regulado por los Gobiernos y las Cortes, bien supervisado por el Banco de España y bien gestionado por la mayoría de nuestros bancos y cajas, nos permitía afrontar el inicio de las turbulencias y la crisis sobre un fundamento sólido que, como hemos podido constatar sobradamente, no existía en otros países. Pues bien, desgraciadamente, ahora la situación de las cuentas públicas ha pasado de ser un soporte a ser un peso que va a dificultar nuestra recuperación.
¿Va a suceder lo mismo con nuestro sistema bancario? No lo creo. La mayoría de los bancos y cajas siguen mostrando una solidez que nos debe dar una gran confianza. De hecho, solo una minoría de entidades tiene dificultades. Pero no podemos olvidar que la relación entre la economía y el sistema bancario es muy estrecha. De la misma forma que la solidez de nuestro sistema financiero nos ha ayudado a transitar durante estos dos años de crisis, es igualmente cierto que si no adoptamos reformas urgentes que nos permitan recuperar el crecimiento en un plazo razonable, podríamos ver más entidades con tasas elevadas de morosidad, lo que les impediría contribuir activamente a sostener la economía y apoyar la recuperación. Sería lamentable que, por no hacer ahora lo que es imprescindible para mejorar la confianza y cambiar las expectativas de crecimiento de nuestra economía, aquello que hasta la fecha ha sido un soporte acabe siendo una carga adicional. Esto dificultaría el suministro del crédito y también aumentaría el gasto público destinado a ayudar a las entidades, agravando el desequilibrio en las cuentas públicas.
Interesa mucho que se entienda la importancia que para el supervisor del sistema bancario tienen el paro y la reforma laboral, porque tanto el déficit público como la situación de nuestro sistema financiero dependen en buena parte de la evolución del paro. Si el paro sigue aumentando tendremos más problemas. Si, por el contrario, se adoptan las reformas destinadas a mejorar rápidamente la situación del empleo, bancos y cajas podrán contribuir, tal como deben, a la recuperación de la economía. Y por cierto, aprovecho esta oportunidad, como hago siempre, para llamar a la responsabilidad a todas las entidades de crédito para que, por descontado, no den crédito nunca a quien no se lo vaya a devolver, pero también recordarles que, si dejan de prestar un solo euro a quien es solvente, están echando piedras sobre su propio tejado.
En lo que concierne a la regulación del sistema bancario destinada a afrontar las consecuencias de la crisis, creo que el Gobierno y la oposición que le ha respaldado al apoyar las distintas leyes, han hecho lo que se requería y en mi opinión contamos ahora con una legislación que, dada la distribución constitucional de competencias, es la mejor de las posibles. Cuando se plantearon dificultades graves para la financiación de nuestras entidades, se reaccionó rápidamente aprobando el fondo de adquisición de activos financieros y las emisiones avaladas por el Estado.

Aunque ahora las cajas y bancos más sólidos ya pueden acudir sin ayudas públicas a los mercados de valores, no deberíamos olvidar que en el primer semestre del año pasado la falta de financiación pudo haber causado un estrangulamiento grave en la economía española y ello se evitó gracias a la legislación aprobada por un amplio consenso en el Parlamento. Por otro lado, la utilización del ICO, que, como todo, podrá experimentar mejoras, va en la línea adecuada de ayudar a corregir el aumento exagerado de aversión al riesgo que trajo consigo la crisis, concentrándose en ayudar, sobre todo, a las medianas y pequeñas empresas. Finalmente, el FROB es un instrumento adecuado para gestionar la necesaria reestructuración de nuestro sistema bancario.
El Parlamento ha dotado al Banco de España de los instrumentos necesarios para gestionar la crisis de cualquier entidad, con las máximas facultades posibles para reestructurar entidades cuya viabilidad esté en grave peligro. Hasta ahora, la medida excepcional de intervención y sustitución de administradores sólo ha estado justificada en una ocasión pero, si desgraciadamente fuera necesario aprobar alguna otra, que nadie dude que el Banco de España intervendrá con prontitud esas entidades, expedientará a sus gestores y consejeros, y adoptará las resoluciones encaminadas a la más rápida venta o en su caso liquidación de la entidad. Pero, afortunadamente, ese momento no ha llegado y precisamente otro aspecto positivo de la ley del FROB es que el legislador no sólo se ocupó de dotar al Banco de España de los instrumentos adecuados para actuar cuando existan problemas serios de viabilidad, sino que quiso anticiparse, en mi opinión correctamente, a la aparición de esos problemas.
Con el FROB se mandó un mensaje a aquellas entidades que en el futuro pudieran tener apuros y que quisieran evitar la intervención, el expediente a consejeros y administradores y también el negativo impacto que en los territorios puede tener una reestructuración traumática derivada de una intervención, para que se pusieran manos a la obra de salvar su futuro. Aunque esta previsión legal está dando un trabajo enorme a la Supervisión del Banco de España, sigo pensando que el Parlamento acertó cuando dio a las entidades la posibilidad de disponer de recursos públicos siempre que aborden una integración y reestructuración, que les permita salir adelante.
En estos casos “preventivos” del FROB, la tarea encomendada al Banco de España es la de asegurar que esas operaciones dan lugar a entidades sólidas y usar los menores recursos públicos posibles. A diferencia de los casos de intervención y cambio de administradores cuya decisión corresponde al Banco de España, la facultad de utilizar este otro instrumento pensado para evitar soluciones traumáticas posteriores está en manos de las entidades de crédito y, en el caso particular de las cajas, de la autorización de las comunidades autónomas.

Mi valoración de cómo se está utilizando hasta el momento esta segunda posibilidad abierta por la Ley del FROB es mixta. Por una parte, aunque el trabajo esté siendo inmenso, ha sido muy satisfactorio ver que, nada más aprobado el FROB, un buen número de cajas de ahorro se han puesto a buscar soluciones de integración y reestructuración. Por otra, algunos de esos procesos están alargándose más de lo que debieran. Por ello, considero imprescindible apelar a la responsabilidad de todos aquellos que de una manera u otra están implicados en estas operaciones para que no retrasen de manera innecesaria su conclusión, ya que ese tiempo perdido podría acabar perjudicando el flujo de crédito a las empresas y las familias de su zona.
¿Cuál es la función del Banco de España en esta fase “preventiva”? La de garantizar que los proyectos de integración sean viables y den lugar a entidades sólidas. ¿Y por qué solo se aceptan las conclusiones del Banco de España frente a las que puedan expresar los propios gestores de las cajas, o las autoridades, o las asociaciones, o los consultores, o los institutos económicos, o cualquier otra organización? Pues porque el legislador ha decidido que, cuando van a emplearse recursos del Estado, la autoridad que supervisa la solvencia del sistema bancario sea la encargada de juzgar, con criterios exclusivamente profesionales y sin que pueda interferir ningún otro interés, personal o colectivo, si un proyecto de integración es suficientemente sólido o no.
El Banco de España está obligado a analizar los proyectos para aprobar sólo aquéllos que den lugar a nuevas entidades sólidas, solidez que viene exigida por dos razones que el Parlamento español ha transmitido claramente. Por un lado, porque los contribuyentes de toda España van a poner en riesgo recursos muy considerables, por lo que es preciso asegurarse que las entidades resultantes los podrán devolver. Los contribuyentes no entenderían que luego se utilizaran sus impuestos para sufragar proyectos que fracasen y no puedan devolver el dinero público facilitado. Pero también por otra razón, que ahora es aún más importante si cabe y es que, si las entidades con problemas son sustituidas por unas nuevas entidades que no sean suficientemente sólidas, éstas tampoco podrían atender con holgura la demanda de crédito de la zona en la que operen y, por tanto, no habríamos avanzado nada en apoyar a las familias y a las empresas en este momento económico tan delicado que está atravesando el país.
Se dice que el tiempo es oro y sin duda en este caso lo es para los contribuyentes que tienen derecho a que las entidades que se equivocaron le cuesten lo menos posible, y está claro que cuanto más se alargue el proceso ese coste será mayor. Pero el tiempo es oro también para quienes precisan crédito porque, mientras no se cierran los procesos de integración, las decisiones en esas entidades se retrasan y, aunque son pocas, en estos momentos de crisis lo que menos necesitan sus clientes es que se tarde en resolver sus asuntos.

Los cambios normativos adoptados hasta el momento por el Parlamento han atendido al problema más urgente, que era el de facilitar la reestructuración de las entidades de crédito y en especial de las cajas de ahorro que, por sus características singulares, han obligado a modificar una legislación que parecía suponer que sólo los bancos pudieran atravesar dificultades. Pero también es necesario, tal como ha anunciado el Gobierno, seguir avanzando en otros cambios normativos, por ejemplo, en lo que se refiere a los recursos propios de las cajas. Aunque esto no es tan urgente como la reestructuración, es evidente que cuanto antes se adopte, antes podrá ser utilizado. Para afrontar las nuevas exigencias regulatorias, tanto las cajas que han tenido o que pueden tener problemas de viabilidad, como, sobre todo, las cajas que están bien, van a necesitar disponer de nuevos instrumentos que les permitan poder crecer y seguir sirviendo a la economía y la sociedad española como lo han hecho en el pasado. Aunque es cierto que los cambios regulatorios que estamos acordando en Basilea sólo entrarán en vigor cuando la crisis haya remitido, esas nuevas reglas van a exigir aumentos no solo en la cantidad sino también en la calidad del capital de las entidades de crédito. Si España no contara con fórmulas de recursos propios que, adaptadas a la naturaleza de las cajas, sean equivalentes al capital, nuestras mejores cajas no podrían crecer ni desarrollarse de la misma forma que los bancos. Esta modificación normativa iría en la línea de las reformas adoptadas a lo largo de las últimas décadas: continuar liberando a las cajas de aquellos obstáculos que les impiden competir en igualdad con los bancos. Este es un objetivo que se debe mantener pues, como se ha demostrado en nuestro país, la competencia entre entidades es algo muy positivo.
Déjenme terminar volviendo a la macroeconomía. Como está ocurriendo en los países de nuestro entorno, los datos más recientes indican que la fase más aguda de la contracción de la economía española ya ha pasado. Las perspectivas apuntan a que a lo largo de este año podría iniciarse una fase de crecimiento gradual, basado en el mantenimiento de una contribución positiva de la demanda externa. Esto hay que celebrarlo pues significa que nuestras empresas ya no van a experimentar la caída libre de las ventas que se produjo el pasado año. Sin embargo, lo relevante para resolver nuestros dos principales problemas – el paro y el déficit público - es aumentar el potencial de crecimiento con el que nuestra economía afrontará el nuevo ciclo expansivo.
Como he explicado en numerosas ocasiones y tampoco repetiré aquí, hay muchas razones que justifican que España pueda crecer más que otros países europeos. Pero a nadie se le escapa que el optimismo que he proclamado es un optimismo condicionado. Estamos en uno de esos momentos históricos en los que, si hacemos lo que tenemos que hacer, podemos aumentar nuestro potencial de crecimiento y emprender de nuevo la senda del desarrollo y la convergencia. Por el contrario, si las reformas llegan tarde o son insuficientes, nuestro futuro es, sin duda, preocupante.

Pero confío en que acometeremos las reformas. Mi confianza reposa principalmente en la población española, que durante los últimos 30 años ha sido favorable a las reformas y sabe que este es el verdadero secreto del ascenso continuado de bienestar. Estoy convencido que la mayoría del pueblo español es consciente de que nuestro progreso se ha basado en cambiar, en reformar, en adaptar nuestras instituciones más caducas a aquellas más modernas que imperan en los países más ricos que el nuestro. El éxito indiscutible de estos últimos 30 años no ha venido caído del cielo sino de un continuo proceso de reformas. Y no veo la razón por la cual ahora, de repente, nos paremos y aceptemos que sin hacer nada sustancial saldremos adelante.
Lo que sí quiero recalcar es que las tareas que tenemos ante nosotros son de tal entidad que no corresponden a uno solo o varios de los actores o de los responsables del país. Es una tarea que nos corresponde a todos: gobierno central, comunidades autónomas, corporaciones locales, reguladores y supervisores, trabajadores y empresarios, sindicatos y patronales, partidos que gobiernan y partidos que están en la oposición de los distintos parlamentos, etc. Es verdad que unos deben proponer y otros deben apoyar. Que unos deben dirigir y otros deben ayudar con sus ideas, que unos deben liderar y otros colaborar. Pero no creo que en la situación actual nadie pueda escapar a la responsabilidad de resolver unos problemas que hoy son sólo económicos pero que -no podemos cerrar los ojos- si no los atajamos pronto, podrían en algún momento rebasar ese terreno.

Muchas gracias.